Más muertes que nacimientos. Unas condiciones económicas y sociales que no resultan atractivas ni para autóctonos ni para foráneos. Y mayor freno a los que sí quieren venir a base de políticas discriminatorias. Si la tendencia se mantiene, Extremadura seguirá sufriendo en la próxima década la herida demográfica. Es más, será la comunidad donde el vacío de la despoblación se extienda más. Así lo dibuja la última previsión del Instituto Nacional de Estadística (INE), que calcula una pérdida de casi 50.000 habitantes en un plazo de 15 años.
Esta cifra significa, por ejemplo, un número cercano a los residentes que tiene ahora mismo Mérida –unos 61.000–, capital autonómica y tercera localidad más populosa de la región (tras Badajoz y Cáceres).
El número implica igualmente una caída del 4,5%, lo que dejaría a todo el territorio extremeño con 1.007.474 personas. Por comparar, la ciudad de Valencia suma ahora mismo 850.000 vecinos; y la de Sevilla, 700.000 (en ambos casos, sin tener en cuenta las respectivas áreas metropolitanas, que elevan el dato muy por encima del millón).
Además, la bajada es aún más llamativa si se tiene en cuenta que a nivel nacional, en ese mismo periodo analizado, se espera un incremento poblacional del 8,57%.
Más datos: la provincia de Badajoz se verá más afectada que la de Cáceres, con un descenso de habitantes del 4,83% y del 4,03%, respectivamente. Ante esta realidad, la supervivencia de los 160 municipios que ya hay bajo amenaza de desaparición será un reto aún mayor.
Y otra conclusión más del INE: dentro de 15 años, en Extremadura habrá un 36,1% de hogares donde solo viva una sola persona (ahora mismo es el 32%), mientras que a nivel nacional será el 30,6%. En estos porcentajes afecta directamente el actual modelo social: envejecimiento, bajas tasas de natalidad y la emigración de los jóvenes.
Un problema crónico, mitigado por la migración
Pero la realidad que refleja esta reciente estadística no es nueva, ni mucho menos. La pérdida de habitantes es uno de los problemas crónicos que arrastra Extremadura. De hecho, desde 2012, la curva va hacia abajo sin tregua. Ahora mismo la región está en 1.053.345 residentes. En comparación con hace 14 años, son un 4,6% menos, un porcentaje prácticamente idéntico al de bajada que el INE prevé en un periodo similar futuro.
Y un elemento clave: el descenso no ha sido aún más llamativo gracias a la llegada de migrantes. Si bien entre 2002 y 2012 los extranjeros hicieron crecer el número total de habitantes, a partir de esa fecha y hasta la actualidad son los que han evitado una caída mayor.
Los datos evidencian que la población autóctona va disminuyendo al mismo tiempo que los que llegan de fuera crecen o se mantienen. Son, básicamente, los que ponen freno a la despoblación, a pesar de representar apenas un 4% del total de residentes, destacando principalmente los procedentes de América Latina.
El tiempo que se lleva hablando de sangría demográfica y sus consecuencias es el mismo que se lleva intentando buscar soluciones analizando las causas, que se repiten en cada análisis. Así lo vuelve a recordar la secretaria de Empleo y Formación de CCOO en Extremadura, Mari Cruz Lara: “Si los jóvenes solo se encuentran con salarios y trabajos precarios que además no se corresponden con su formación, lo normal es que se marchen a otra comunidad o a otro país”.
Prosigue Lara: “Extremadura necesita gente para mantener su mercado de trabajo, para poder garantizar el relevo generacional, y lo que no podemos hacer es poner trabas a quienes vienen de fuera dispuestos a ser parte de la comunidad. Muchas de esas personas llegan sin papeles y los consiguen una vez que ya están aquí. Un ejemplo son muchos jóvenes estudiantes nicaragüenses que tuvieron que salir del país por motivos políticos, pero hay muchas situaciones y contextos. Y estas personas vienen a contribuir, a pagar sus impuestos, a alimentar las arcas. Por eso lo que se debe fomentar es una migración con empleo digno y en igualdad de condiciones”.
El sociólogo y antropólogo de la Universidad de Extremadura (Uex) Domingo Barbolla, que lleva décadas analizando los cambios demográficos y los movimientos migratorios, expone: “La situación económica en la región no es atractiva para retener a las mujeres jóvenes, que son las que podrían tener hijos. Y tampoco resulta la comunidad atrayente para los de fuera, de manera que las zonas rurales lo tienen complicado. De alguna forma se intenta hacer una apuesta importante por la comunicación virtual en los pueblos, para favorecer otro tipo de empleo, y teniendo en cuenta el precio de la vivienda, las localidades más pequeñas deberían resultar núcleos interesantes. Pero hay en general una tendencia global a ocupar grandes ciudades siguiendo la lógica de las aspiraciones”.
En este contexto, Barbolla afirma con rotundidad que los picos de población que ha podido experimentar Extremadura responden directamente a las personas de otros países, que la tendencia de emigrar de los jóvenes no ha cambiado.
En su explicación, también argumenta que el problema no es tanto el envejecimiento de los pequeños municipios como buscar nuevas fórmulas que se adapten a la realidad: “Por supuesto que hay que activar políticas de atracción y no de rechazo. Pero igualmente se puede organizar la sociedad de otra manera, fomentando los derechos sociales, repartiendo la riqueza con otra fórmula”.
El antropólogo va más allá: “Se debe tener una mirada global cuando se analiza el tema demográfico. Lo que está claro es que aumentar la población del planeta no es posible porque hemos agotado los recursos y encima no queremos renunciar a nuestro nivel de vida. Y esa realidad hay que tenerla presente cuando hablamos de disminución de habitantes”.
Por su parte, la portavoz de CCOO reflexiona: “El reto no es elegir entre población local o migrantes, debe haber proyecto para todas las personas, debemos hablar de aldea global. La inmigración debe formar parte de una estrategia económica y demográfica”.
El "parche" de las ayudas a la natalidad
Vox y PP copian la fórmula de Milei: crean la consejería de Desregulación en Extremadura
Una de las medidas que la Junta de Extremadura tiene encima de la mesa para combatir la despoblación son las políticas de natalidad para que nazcan más niños. De hecho, el vicepresidente y consejero de Desregulación, Servicios Sociales y Familia, Óscar Fernández Calle (Vox), justificó el recorte a la Cooperación Internacional argumentando que el dinero se iba a destinar a esta causa. Ahora mismo lo que está en vigor es “un pago único de 500 euros por cada hija o hijo nacido, adoptado o sobre el que se haya formalizado la guarda con fines de adopción” y uno de los requisitos es ser residente en municipios de menos de 3.000 habitantes, según recoge el Ejecutivo regional.
“Sin un plan de empleo y sin opciones laborales, esas políticas natalistas no sirven de nada”, reivindica Barbolla. Con él coincide Mari Cruz Lara: “Ayudas a la natalidad siempre ha habido. Y esto no deja de ser un parche más que sirve de poco”, asegura. “Ofrece guarderías gratuitas y centros de mayores, eso es lo que ayuda a la conciliación”.
Además, la citada consejería de Desregulación, desde la que se fomenta la ideología de “prioridad nacional”, se ha planteado eliminar los planes de igualdad en las empresas al considerar que suponen "burocracia ideológica disfrazada de progreso”. A estas declaraciones contesta la representante de CCOO: “Todo lo que sea derogar lo conseguido es un retroceso, hemos avanzado en derechos, sobre todo cuando una mujer se incorpora a un puesto de trabajo, y hay una mayor concienciación social. El camino es mejorar estos planes, no retirarlos. Así también se potencia la conciliación”.
Más muertes que nacimientos. Unas condiciones económicas y sociales que no resultan atractivas ni para autóctonos ni para foráneos. Y mayor freno a los que sí quieren venir a base de políticas discriminatorias. Si la tendencia se mantiene, Extremadura seguirá sufriendo en la próxima década la herida demográfica. Es más, será la comunidad donde el vacío de la despoblación se extienda más. Así lo dibuja la última previsión del Instituto Nacional de Estadística (INE), que calcula una pérdida de casi 50.000 habitantes en un plazo de 15 años.