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Residencias de mayores

Familiares pedirán a la Fiscalía que investigue las limitaciones "salvajes e inhumanas" de las visitas en las residencias

Un apretón de manos a un residente de un centro de la tercera edad.

Terminó la vacunación de los mayores que viven en residencias de ancianos. Y terminó también el estado de alarma. Sin embargo, eso no se ha traducido en una flexibilización de las restricciones de los centros de mayores, cuyas visitas sufren unas limitaciones "salvajes, inhumanas e ilegales", según denuncia la recién creada plataforma estatal de familiares de residencias, bautizada laPlataforma. Por ello acudirán a la Fiscalía General del Estado el próximo lunes y a las fiscalías territoriales correspondientes "en los días sucesivos", según confirma uno de sus portavoces, Paulino Campos, presidente de la Asociacións de Usuarias e Familiares de Residencias (Rede). El objetivo es que investiguen si los centros de mayores "están vulnerando derechos fundamentales y constitucionales en las restricciones marcadas por las administraciones y empresas geriátricas en el acceso de las familias a las residencias".

"Las residencias de mayores y dependientes en España viven una situación incongruente, contraria a la lógica. Hoy, en la mayor parte de las comunidades autónomas, solo se permiten tres horas de visitas semanales como media, con territorios incluso con una sola visita semanal, un régimen", apuntan desde laPlataforma en un comunicado, "similar al que se desarrolla en las prisiones". Las residencias, de este modo, y a pesar de ser los primeros centros en vacunar a todos sus usuarios, continúan siendo las mayores víctimas de la pandemia. Y es algo extendido. 

Según denuncian los familiares de residentes, en Andalucía solo se permite una visita semanal "de una irrisoria media hora de duración"; en la Comunitat Valenciana y Cataluña, "una o dos" que solo se extienden 15 minutos más; en Euskadi, Madrid, Canarias y Galicia, tres visitas de una hora. Tan solo en Aragón y en Castilla y León se han posibilitado visitas diarias, aunque "con muchísimas reticencias de las direcciones de los geriátricos" y, además, "sin libertad de horarios", denuncian los familiares. 

Iria Álvarez saben bien lo que significan estas restricciones. "Estoy agotada y cabreada", dice nada más descolgar el teléfono. Su abuela ha pasado, en poco menos de un año, por tres residencias diferentes de DomusVi, la multinacional líder del sector en España y la segunda en Cataluña por número de camas con 1.457 (por detrás de Sanitas) en cuyos centros fallecieron 145 mayores. Ahora se encuentra en una ubicada en la provincia de Pontevedra, pero apenas puede verla.

Con 90 años, la abuela de Iria sufre una dependencia que hace que tenga que estar permanentemente en una cama. "Tiene un gran deterioro, pero aun así siempre está preguntando por mí", dice. Solo puede ir a verla tres horas a la semana, pero divididas. "Cuando llego, siempre me llama la atención. Me dice 'ya era hora', 'nunca tienes tiempo para venir a ver a tu abuela", lamenta. Iria le explica lo que ocurre, "pero ni lo entiende ni lo va a entender". "Nos dicen que los mayores están en un hogar, pero si fuera así yo podría ver a mi abuela cuando quisiera y el tiempo que quisiera. Lo que están es encarcelados", denuncia, al tiempo que lamenta que le están "robando los últimos momentos de la vida" de su abuela. 

La orden de la Xunta de Galicia que establece ese horario se dictó el 15 de abril. Sin embargo, en ese momento estaba vigente un estado de alarma que ya hace más de un mes que caducó. Y, según Campos, en ese momento ya había un "alto porcentaje" de usuarios de residencias vacunados.

"Búnkeres de imposible acceso"

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Todo esto se produce, recuerda laPlataforma, más de un mes después de que finalizara el estado de alarma. Y cuando la vacunación ya ha tenido un efecto evidente, según reflejan los datos publicados por el Gobierno el pasado mes de marzo: los positivos se han reducido un 95% entre el 24 de enero y el 21 de febrero y el número de fallecimientos de ancianos con covid confirmado o sospechoso entre el 15 y el 21 de febrero se situó en 158 —19.842 menos que entre el 14 de marzo y el 22 de junio—.

"A pesar de ello", denuncia laPlataforma, "las empresas gestoras siguen aplicando múltiples impedimentos a los encuentros de familiares y usuarias, con la inacción de las administraciones, convirtiendo las residencias en búnkeres de imposible acceso, con la única pretensión de ocultar las pésimas condiciones de vida de los residentes". 

Por eso los familiares de los residentes han pedido la intervención de las fiscalías, además de demandar a los gobiernos "la erradicación inmediata y definitiva de las limitaciones a las visitas en las residencias". "Las medidas limitadores suponen un duro golpe a la dignidad, autoestima e igualdad de derechos de estas personas sumamente vulnerables", sentencian los familiares.

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