Feijóo acusa al Gobierno de “tomar” RTVE tras dejar en Galicia una televisión pública al servicio del PP

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, acusó este martes al Gobierno de Pedro Sánchez de “tomar” la corporación de Radio y Televisión Española (RTVE) después de que el actual presidente de este organismo, José Manuel Pérez Tornero, anunciase su decisión de abandonar el cargo.

Tornero fue elegido en marzo de 2021 por el Congreso con el voto a favor de PSOE, PP, Unidas Podemos y PNV, y no puede ser destituido por el Ejecutivo. Aun así, Feijóo consideró su renuncia, que calificó de “obligatoria dimisión”, un paso más en “la toma de las instituciones por parte del Gobierno” que “se está viendo en España desde hace meses”. “Han pedido que dimita el director de RTVE”, cuyo mandato nació “de un pacto entre los grandes partidos, simplemente porque no les gusta cómo dirige la cadena”, acusó.

“Ya no se dan las circunstancias para seguir avanzando”, señaló Tornero el lunes a través de una carta. “Dentro del máximo órgano de administración de RTVE”, añadió, “ya no se dan las condiciones mínimas para el consenso transversal, ni para la conformación de una mayoría plural, estable y coherente”.

 El actual consejo de administración de la corporación está compuesto por cuatro miembros a propuesta del PSOE, tres por el PP, dos por Podemos y uno por el PNV, lo que en teoría otorgaba una mayoría cómoda al presidente, pero que no se hizo realidad casi desde el primer día. Las críticas desde dentro del organismo, iniciadas por dos consejeros elegidos a propuesta del PP, tuvieron —y tienen a día de hoy— continuidad con las permanentes acusaciones de los dos elegidos a propuesta de Podemos. 

A pesar de ello, Núñez Feijóo relacionó la dimisión de Pérez Tornero con la destitución de la directora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y el cese del presidente de Instituto Nacional de Estadística (INE) y subrayó que “confirma una vez más la utilización de las instituciones del Estado por parte del Gobierno”. A partir de ahora, aventuró, la corporación se va a ver “sometida al control férreo del Gobierno”. “O haces lo que te mandan o simplemente te cesan. Es lamentable que vivamos en un país donde el Gobierno no distinga entre sus competencias para gobernar y las instituciones”. Lo ocurrido, zanjó, “es especialmente grave”.

La preocupación de Feijóo para la independencia de RTVE contrasta con la política de estricto control político que ejerció durante trece años sobre la Compañía de Radio Televisión de Galicia (CRTVG) y que mantiene en vigor su sucesor al frente de la Xunta, Alfonso Rueda. El hoy líder del PP fue quien eligió a dedo en mayo de 2009 como director de CRTVG a su actual responsable, Alfonso Sánchez Izquierdo. No hubo acuerdo con PSOE o BNG, los otros dos partidos entonces representados en el Parlamento de Galicia. 

Trece años en el cargo

Sánchez Izquierdo sigue, trece años y medio después, al frente de la televisión y la radio pública gallega pese a que su mandato caducó en 2014. Con el fin de blanquear semejante irregularidad, el PP optó por prorrogar su mandato de forma interina mediante una cláusula incorporada a los Presupuestos de Galicia.

Para mantenerle en el puesto, tanto Feijóo como su sucesor decidieron saltarse su propia legalidad y no aplicar la ley reguladora de la CRTVG aprobada en 2011. Una ley modélica, según todos los especialistas, que prevé el nombramiento de un consejo de administración de siete miembros, uno de los cuales será director general, elegido por mayoría parlamentaria de dos tercios en primera vuelta o de tres quintos en segunda. Y con un mandato de cinco años, para evitar su coincidencia automática con las legislaturas parlamentarias y los gobiernos de turno.

Pese a las innumerables denuncias de la oposición y las protestas de los trabajadores de CRTVG, Feijóo prefirió mantener al frente al frente de la compañía a un equipo de personas afines haciendo posible la pervivencia en el tiempo de uno de los modelos de control ideológico más férreos de una televisión pública en España, una compañía con un presupuesto anual de 121 millones de euros y una plantilla de 930 personas. 

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Tanto es así que los trabajadores de la radio y la televisión de Galicia se organizaron hace años para denunciar su situación y están a punto de sumar 228 semanas protestando cada viernes para que el PP ponga fin a la manipulación de los informativos y dé cumplimiento a la ley reguladora de la compañía eligiendo a un director con el respaldo de la mayoría cualificada del Parlamento. Coincidiendo con el inicio de las movilizaciones, dos de los presentadores de su informativo de mayor audiencia presentaron la dimisión por “discrepancias con la línea informativa”.

Hace apenas un año, en diciembre de 2021, un juzgado dio la razón a un trabajador al que la CRTVG suspendido de empleo y sueldo por denunciar la manipulación informativa en los medios públicos.

Su esfuerzo en defensa del derecho a la información fue merecedor en el año 2019 del XV Premio Jose Couso que otorgan anualmente los periodistas gallegos. La Televisión de Galicia ni siquiera ofreció la noticia a sus espectadores.