Cristóbal Montoro ha pasado de ser el hombre fuerte de Hacienda de los Gobiernos de José María Aznar y Mariano Rajoy a ser "un ministro que ejerció como tal hace siete años" y que "no tiene ninguna vinculación laboral con el equipo del presidente [Alberto Núñez] Feijóo", en palabras de Elías Bendodo, vicesecretario del Partido Popular. La distancia con la que el PP trata ahora a Montoro, que acudió al acto de clausura del congreso que el partido celebró hace menos de dos semanas para ratificar a su líder con más del 99% de los votos, llega tras su imputación por favorecer presuntamente a empresas gasistas y al despacho que él mismo fundó mientras estaba en el Gobierno.
Feijóo, como es habitual en él, ha guardado silencio sobre este asunto. Este jueves no tenía ningún acto programado y tampoco está previsto que hable este viernes. Una estrategia a la que el líder del PP recurre cuando hay asuntos que no son de su interés o que le generan algún tipo de conflicto a nivel interno. En ese caso envía a sus colaboradores a dar cuentas, como sucede ahora. El viernes será Alma Ezcurra, la nueva vicesecretaria de coordinación sectorial, la que comparezca en Génova ante los medios por primera vez.
La lista de investigados abarca a socios del despacho fundado por Montoro, Equipo Económico, pero también a la cúpula de Hacienda y de la Agencia Tributaria entre 2011 y 2018 con el Partido Popular en el Gobierno, entre ellos Miguel Ferre, ex secretario de Estado de Hacienda. Fuentes de Génova admiten que sí "asesoró a título individual" a Feijóo cuando aterrizó en Madrid, pero argumentan que ya no lo hace y que nunca ha tenido una "relación contractual" con el partido. Sin embargo, Feijóo sí ha ascendido recientemente a la vicesecretaría Económica del partido al que fuera mano derecha de Montoro en el ministerio, Alberto Nadal.
La cuenta oficial del PP también ha emitido un 'comunicado' en X, en el que se recurre a la ironía para arremeter contra el Gobierno de Pedro Sánchez: "Para el PSOE, Alberto Núñez Feijóo, presidente de la Xunta de Galicia hasta 2022, tenía la obligación de saber lo que ocurría en el Ministerio de Hacienda en 2018. Sin embargo, Pedro Sánchez no tenía obligación alguna de conocer lo que hacían su mujer, su hermano, su fiscal general, su secretario de organización hasta hace un mes (sic) y su ministro de Transportes hasta 2021". Un post que llega después de que miembros del Gobierno, como la vicepresidenta María Jesús Montero —que actualmente ocupa la cartera que en su día tuvo Montoro—, calificaran los hechos investigados de "muy graves" y señalaran que "corresponde" al líder del PP y al presidente andaluz, Juanma Moreno, "rendir cuentas de lo que ha ocurrido".
La 'estrategia' Feijóo
La dirección popular trata de desvincularse de un caso que llega en plena ofensiva de Feijóo y su equipo contra la "corrupción" del PSOE tras el estallido del caso Cerdán. "Aquí no hay mordidas o prostitutas", fue el argumento que utilizó el vicesecretario de Economía, Juan Bravo, que llegó a afirmar que "la causa ya fue archivada". En la relación de Feijóo y su equipo con la corrupción hay una pauta que se repite: primero, negar los hechos o minimizarlos; después, esconderse y, en alguna ocasión, mantener contra viento y marea la honorabilidad de cargos públicos, incluso después de haber sido condenados. Exactamente al revés de lo que exige al PSOE.
El "archivo" al que Bravo se refiere es la querella que presentó la Fiscalía Anticorrupción en 2017 contra el despacho Equipo Económico después de que el Consejo Superior de Cámaras le adjudicara a dedo un "contrato simulado" de 100.000 euros con el que en realidad no pretendía obtener apoyo jurídico, sino la influencia de los socios de la firma en el Ministerio de Economía para "forzar la aprobación de una nueva ley que garantizase la entrada de fondos en la institución". Eso es, precisamente, a lo que apunta el auto del titular del Juzgado número 2 de Tarragona tras más de siete años de investigación de correos, mensajes y llamadas intervenidos.
La causa permanecía hasta este miércoles bajo secreto de sumario y una de las conclusiones del juez es "la existencia de una organización en la que muchos de los intervinientes habrían desempeñado altos cargos en el Gobierno y la Administración central, desde donde habrían creado una red de influencias cuyo fin último sería la obtención de un lucro económico". Cuando Montoro regresó a la política institucional ya hubo algunos medios que pusieron el foco en el despachó que fundó, que había surgido con la denominación Montoro y Asociados, pero él se desvinculó asegurando que no tenía "nada que ver" desde hacía años con esa empresa y que tampoco la había contratado ninguna administración pública.
El límite del PP para expulsar a sus afilados: la sentencia firme
Ver másMontoro, la corrupción que faltaba de la era Rajoy
Ante el riesgo de que el caso escale, ha sido el propio Montoro el que ha abandonado la militancia en el PP. "Ha comunicado esta mañana su decisión de dejar su condición de afiliado del Partido Popular", señalan las citadas fuentes, aunque en el PP habían evitado confirmar si Montoro continuaba como afiliado aduciendo “protección de datos". En el PP aseguran que el Comité de Derechos y Garantías del partido "había decidido anoche la apertura de un procedimiento de información relacionado" con la supuesta creación de la red de influencias. "Dicho procedimiento queda ahora en suspenso", zanjan en el PP, donde también destacan que "Montoro era el único afiliado de los cargos investigados".
Ha sido el propio Montoro y no el partido el que ha solicitado la baja. Según dictan los estatutos del PP se considera infracción muy grave "incurrir en cualquier forma de corrupción en el ejercicio de cargos públicos" lo que puede acarrear la "suspensión de afiliación por un periodo de tiempo entre cuatro y seis años". Sin embargo, el PP marca un límite para la expulsión: la sentencia firme. Así lo establecen los estatutos recién aprobados en el 21 congreso del partido: "Cuando un afiliado esté incurso en un proceso penal respecto de los cuales se haya dictado auto de apertura de juicio oral por un delito relacionado con la corrupción quedará expulsado en el momento en que se dicte sentencia firme por corrupción".
De hecho, el PP mantiene como afiliado al exministro del interior, Jorge Fernández Díaz, para el que la Fiscalía pidió 15 años de prisión y más de 33 de inhabilitación como presunto cabecilla de la Operación Kitchen, el operativo policial ilegal montado para espiar sin control judicial al que fuera tesorero del PP Luis Bárcenas y privar a los jueces de cualquier prueba que pudiera incriminar al PP por corrupción. Génova se limitó a abrirle un expediente informativo que sigue sin resolver años más tarde y el exministro sigue siendo miembro del partido en nombre de la "presunción de inocencia".
Cristóbal Montoro ha pasado de ser el hombre fuerte de Hacienda de los Gobiernos de José María Aznar y Mariano Rajoy a ser "un ministro que ejerció como tal hace siete años" y que "no tiene ninguna vinculación laboral con el equipo del presidente [Alberto Núñez] Feijóo", en palabras de Elías Bendodo, vicesecretario del Partido Popular. La distancia con la que el PP trata ahora a Montoro, que acudió al acto de clausura del congreso que el partido celebró hace menos de dos semanas para ratificar a su líder con más del 99% de los votos, llega tras su imputación por favorecer presuntamente a empresas gasistas y al despacho que él mismo fundó mientras estaba en el Gobierno.