Crisis del coronavirus

Feijóo pretende levantar las restricciones en A Mariña para el 12J sin tiempo para comprobar si el virus está controlado

El presidente e la Xunta y candidato del PP a la reelección, Alberto Núñez Feijóo da un mitín en A Coruña.

A Mariña (Lugo) transita en calma tensa la última semana hacia las elecciones gallegas, previstas para este domingo 12J. Lo hace debido al brote de covid-19 detectado en la costa lucense, que ha obligado al cierre del territorio desde la madrugada de este lunes y durante cinco días. Una medida que afecta a 70.000 personas repartidas en un total de catorce concellos. El presidente autonómico, Alberto Núñez Feijóo, que este domingo se juega su reelección, ha decretado el cierre de la comarca por cinco días, tan sólo 48 horas antes de la cita con las urnas. Un plazo que levanta críticas entre la oposición, pero también dudas entre los expertos y que choca frontalmente con el otro gran confinamiento selectivo decretado en suelo estatal, en Segrià (Lleida), previsto para al menos quince días.

Este lunes, A Mariña confirmaba ya 128 casos positivos. Una alerta que venía tomando forma desde hace semanas y que confirma la emergencia del brote, ya declarado como tal el pasado 23 de junio. Las medidas, publicadas el domingo en el Diario Oficial de Galicia (DOG), se centran en la prohibición de entrar y salir de la comarca, excepto por causas debidamente justificadas. El cierre bordeará la zona pero no afectará a la movilidad interior, donde se permite cualquier tipo de desplazamiento. Aun sin una prohibición expresa, la Consellería de Sanidade sí recomienda que cada ciudadano se mantenga en sus municipios de residencia y limite la movilidad a lo imprescindible.

La orden insiste asimismo en la distancia física, la obligación de portar mascarilla –siempre sin válvula exhalatoria– y en las medidas a adoptar en establecimientos y espacios de diversa índole. De esta manera, los comercios recuperan restricciones como la limitación al 50% de su capacidad máxima en hostelería –tanto dentro, quedando prohibido el consumo en barra, como fuera en las terrazas–, en lugares de culto, mercados, bibliotecas, museos, academias, autoescuelas y otros centros privados de enseñanza no reglada. Los locales de ocio, además, deben echar el cierre a las 23:30 horas. Las reuniones sociales quedan limitadas, de nuevo, a un máximo de diez personas –excepto en el caso de convivientes– y en las playas se incrementa la distancia de seguridad hasta los cuatro metros. Desde este martes y hasta el jueves, eso sí, se permitirá la celebración de la prueba de selectividad en Viveiro, una de las zonas afectadas.

Ildefonso Hernández, catedrático de Salud Pública y portavoz de la Sociedad Española de Salud Pública, recuerda en primer lugar la ausencia de experiencia en la materia y las dificultades que ese vacío entraña. A partir de esa premisa, sí recalca que normalmente para la interrupción de las medidas preventivas se toma "al menos la mediana del tiempo de incubación o el tiempo máximo de incubación", con el fin de evaluar su efectividad. Esto se traduciría en un periodo de "seis o siete días a catorce". Con cinco días, estima el experto, "no se puede ver si hay una reducción" de los casos, aunque recalca que no tenemos los datos con los que sí cuentan los expertos de la Xunta de Galicia. En todo caso, "cualquier medida se notará a partir del sexto o séptimo día como pronto y luego en los siguientes".

Pedro Gullón, miembro de la Sociedad Española de Epidemiología, se inclina por el extremo más alto y remarca que "lo ideal para cualquier cuarentena es que los individuos estén en casa durante, al menos, un periodo de incubación, que en el caso de covid-19 es de dos semanas". Es el criterio seguido en la comarca de Lleida, que de hecho no descarta el confinamiento domiciliario.

El presidente de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias en Galicia, Tato Vázquez Lima, también encuentra que "lo recomendable" en lo que respecta a los "confinamientos selectivos" es mantenerlos "entre siete y catorce días". Siguiendo esa norma básica, el médico dice entender que la decisión en A Mariña "no es un confinamiento de cinco días, sino esos cinco días como primer vistazo para evaluar la evolución". Actualmente, recuerda, "el 50% de los pacientes manifiestan los síntomas antes de los cinco días", así que ese sería el motivo del plazo fijado "desde un punto de vista médico". "Si hay otras razones se me escapan", señala el profesional. En caso de que pasado este periodo de tiempo "haya un repunte de casos, entonces está claro que se debe hacer un confinamiento mayor". Este lunes, el gerente del Sergas –Servizo Galego de Saúde–, Antonio Fernández-Campa, aseguró en Radio Galega que los cincos días de confinamiento darán paso a una revisión para decidir "si hay que mantener, ampliar o reducir" las medidas adoptadas.

El propio Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), explicó este lunes que, en el caso de A Mariña, "cinco días desde luego es un periodo en el que se tiene que seguir muy estrechamente y con mucho cuidado la evolución". El director de CCAES reconoce que se trata de "una decisión que tienen que tomar las comunidades autónomas", por lo que a ellas corresponde "valorar si el hacerlo por periodos de cinco días o no es lo más adecuado". Su percepción, zanjó, es que "la valoración desde luego se tiene que hacer con muchísimo cuidado para ver si hay o no que extenderlo en ese periodo de tiempo". Simón planteó igualmente un mínimo de seis días para evaluar el impacto de las medidas tomadas.

En cuanto a las pautas dictadas para frenar el rebrote, Gullón recalca que durante el periodo de confinamiento "sería recomendable que las personas no salgan de su casa salvo para tareas imprescindibles", aunque la limitación de la movilidad dentro de la comarca "dependerá de la extensión de la transmisión comunitaria". Si está repartida "de forma homogénea por la comarca, no es tan importante restringir" específicamente la movilidad entre zonas, pero sí lo será "si los casos se encuentran más acumulados en una zona que en otra". En cualquier caso, señala el epidemiólogo, "durante el tiempo que dure este confinamiento parcial, debería limitarse la movilidad salvo para las tareas más importantes".

Vázquez Lima cree que "lo normal es empezar con el cierre" de la comarca y establecer medidas "equivalentes a la fase dos de la desescalada". En ese sentido, los desplazamientos dentro de la comarca "no están prohibidos, pero si es posible no se recomiendan". El profesional recuerda que "el sistema usa dos tipos de indicadores: uno epidemiológico y otro de ocupación sanitaria". El primero, detalla, se basa en la incidencia acumulada de casos y establece una graduación en torno a la gravedad detectada. "El nivel verde se da cuando hay más de seis casos por cada cien mil habitantes de incidencia acumulada y va escalando progresivamente hasta llegar al nivel rojo, con veinte casos por cada cien mil". En las últimas 24 horas, subraya, "A Mariña ya ha superado este nivel, con lo cual hay que adoptar medidas adicionales", además de insistir mucho en el lavado de manos, la distancia y la mascarilla.

En este punto los expertos llaman a no olvidar el manual aprendido durante el estado de alarma. "Los entornos que más contribuyen a la transmisión son los cerrados y donde hay mayor agrupación de gente", recuerda Hernández. Intentar evitar estos factores de riesgo, unido a las medidas generales, "es lo más importante". A día de hoy, todavía "no tenemos modelos reales donde se haya visto lo que funciona más o menos, vamos un poco a ciegas y dependiendo del conocimiento disponible".

De cara a las elecciones, el experto en Salud Pública cree importante tomar medidas que favorezcan la distancia física y la buena ventilación, entre otras. "Todo lo que estamos haciendo" se lleva a cabo pensando en que "a nuestro alrededor puede haber una persona transmisora", de manera que "no es tanta preocupación" mantener las elecciones "si eso no conlleva la agrupación de gente en interiores".

Batalla política y garantías jurídicas

Alberto Núñez Feijóo fue uno de los presidentes autonómicos que aplaudió el estado de alarma dictado el pasado 14 de marzo. Pero con matices. A finales de aquel mes, el líder conservador se alineó con otras comunidades en una crítica a la centralización de la gestión e igualmente reclamó tibieza en las medidas que afectaban directamente a la economía. Conforme avanzaba el estado de alarma, el presidente autonómico empezó a expresar su inquietud y manifestar un rechazo explícito a la prórroga. Galicia fue una de las comunidades que con más premura solicitó abandonar el estado de alarma y se convirtió de hecho en la primera en hacerlo. La oposición criticó la petición del presidente y la atribuyó a un interés electoralista al margen de la seguridad de la ciudadanía.

Algo similar vuelven a blandir ahora los partidos de oposición cuando reclaman medidas garantistas para unas elecciones seguras. De esta manera, el BNG pidió la suspensión de los comicios en la comarca de A Mariña, especialmente teniendo en cuenta que "falta un protocolo de actuación por parte del Gobierno de la Xunta, un plan de actuación que determine con meridiana claridad qué pasos dar, qué medidas tomar, qué medios movilizar o cuál debe ser la cadena de mando". También reclaman medidas concretas desde Galicia en Común. Su candidato, Antón Gómez-Reino, avanzó este lunes la presentación de un recurso ante la Junta Electoral Central para arrojar luz sobre los detalles en torno a los comicios en la comarca lucense. También Marea Galeguista se dirigió el lunes a la Junta Electoral Central para suspender las elecciones en A Mariña "si es necesario". A juicio del partido, "no existen garantías de ejercicio del derecho de sufragio sin riesgo de contagio" y en añadido "las propias restricciones impuestas hacen inviable la dinámica normal de funcionamiento de un colegio electoral en A Mariña". El propio alcalde de Burela (PSdeG), uno de los concellos afectados, insiste igualmente en la fórmula del aplazamiento.

El conselleiro de Sanidade, Jesús Vázquez, señaló el domingo que las personas con diagnóstico positivo no podrán votar, pero sí aquellos contactos directos que permanezcan sanos pese a estar aislados. Este lunes, el presidente autonómico argumentó que ir a un colegio electoral será igual de seguro que acudir a una farmacia.

Los juristas consultados por este diario sostienen que la situación debía haberse previsto. Miguel Presno Linero, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Oviedo, cree que "se ha ido haciendo chapuza tras chapuza" sin tener en cuenta el derecho de los electores. En marzo, reflexiona el jurista, "se podría haber cambiado" la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) mediante "procedimiento de urgencia" y con el objetivo de prever "quién suspende un proceso electoral, en qué condiciones, cómo se reanuda y qué ocurre con las personas sobre las que haya orden de confinamiento".

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También Francisco Caamaño, catedrático de Derecho Constitucional en la Universidade da Coruña, critica la improvisación como principal escollo a unos días de las elecciones. "Ha sido un despropósito", dice al otro lado del teléfono. La Junta Electoral Central, entiende, debería "habilitar un sistema de voto rápido y por correo" para aquellos que no puedan acudir a las urnas.

Ambas voces cuestionan la decisión de lastrar el sufragio de los ciudadanos diagnosticados como positivo. "Una cosa es que no puedan ir a votar presencialmente", pero esta situación "no incurre en ninguna circunstancia prevista en la ley, de manera que la administración electoral tendrá que habilitar métodos", señala Presno Linero. Para Caamaño, "la democracia no se puede poner en cuarentena" y pone en tela de juicio las garantías constitucionales del confinamiento fuera del estado de alarma. Tampoco entrevé en el aplazamiento selectivo una opción viable. "Las elecciones no son para elegir al alcalde de un pueblo de A Mariña", de manera que brotan los interrogantes sin respuesta: "¿Cómo lo hacemos?, ¿cómo volvemos a celebrarlas después?". En ese sentido, estima que "el problema de elecciones parciales a posterior es que el elector ya conoce el resultado", un extremo que podría condicionar su voto o incluso la determinación de ir a las urnas. La respuesta, en su opinión, pasa por "facilitar a todo el mundo el derecho a voto con todas las garantías posibles". Las elecciones parciales, insiste, "sólo se justifican cuando hay una anomalía en la mesa electoral y sólo para la provincia".

Presno Linero desliza que "en derecho electoral la regla es que si se puede celebrar el proceso, hagámoslo", pero lo cierto es que "se abren distintas opciones". Si se posponen las elecciones en A Mariña, "la circunscripción de Lugo no podría hacer el escrutinio, pero sí se sabría" el resultado en el resto de la comunidad, lo que podría "condicionar el voto posterior", coincide. A Mariña está habitada por un "número bastante alto de personas", recuerda el jurista, así que "lo que vote puede ser determinante para los catorce diputados que le corresponden en Lugo". Por otro lado, mantener las elecciones podría generar un "efecto de desaliento" si no se cuenta con las garantías suficientes e incluso podrían precipitar "dificultades en la formación de las mesas". Ahora, con el cronómetro en marcha, la clave para los expertos radica en buscar opciones para blindar la seguridad de los electores, sanitaria y jurídicamente, también para aquellos que deban permanecer confinados en sus hogares.

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