Así se firmó la paz de los alquileres: Unidas Podemos logró rebajas y el PSOE bonificaciones fiscales

Pedro Sánchez ha conseguido cumplir con el compromiso de que el borrador de Presupuestos esté listo en los primeros días del mes de octubre para poder presentarlos “en tiempo y forma”. A cambio, Yolanda Díaz le ha arrancado una ley de vivienda que finalmente sí permitirá bajar los precios del alquiler a los propietarios considerados como grandes tenedores. Ambos sellaron el acuerdo en un encuentro informal este martes justo antes de dar comienzo el Consejo de Ministros. El borrador de las cuentas generales del estado será aprobado este mismo jueves e incluirá un bono de 250 euros para el alquiler a jóvenes que ganen menos de 23.700 euros.

La paz la tuvieron que sellar Pedro Sánchez y Yolanda Díaz personalmente. La última reunión del lunes entre los equipos de PSOE y Unidas Podemos no había acabado bien. El principal escollo seguía siendo la regulación de los alquileres, aunque el tipo mínimo del 15% en el impuesto de sociedades tampoco se terminaba de cerrar. En materia de vivienda, Ione Belarra puso sobre la mesa la posibilidad de que la bajada de los precios tuviera un impacto limitado y afectase únicamente a las que son propiedad de grandes tenedores (más de 10 inmuebles). Los socialistas seguían apostando por la congelación y por los incentivos fiscales. El acuerdo no se cerró y los presupuestos no se pudieron incluir en el orden del día del Consejo de Ministros, como pretendía Moncloa.

Los equipos siguieron trabajando por la noche y quedaron en volver a reunirse a las ocho de la mañana y ese encuentro también salió mal. Minutos antes de que empezase la reunión del Consejo de Ministros a las nueve en punto, el presidente del Gobierno y la vicepresidenta segunda decidieron intervenir. Ambos coincidían en que era necesario cerrar un acuerdo cuanto antes y con ese objetivo se sentaron también a negociar contrarreloj. Según fuentes conocedoras de esa reunión, el encuentro fue tenso y la paz llegó in extremis. Una parte de la ley de vivienda dará finalmente cabida a bajar los precios abusivos de los grandes tenedores, la gran reivindicación de Unidas Podemos, que lo interpreta como una victoria política. Sobre otra buena parte de los alquileres, la de los pequeños tenedores y las personas físicas, operarán tanto los incentivos fiscales como la congelación de precios, que era lo que prefería el Partido Socialista.

Congelación y bajada de los alquileres

La nueva ley permitirá bajar los precios abusivos de las consideradas “zonas tensionadas” a todos aquellos alquileres cuya propiedad pertenezca a un gran tenedor (más de diez inmuebles) que además sea persona jurídica, es decir, una empresa o sociedad. En ese caso, los precios podrán ser bajados a lo que marque el índice público de referencia que ahora tienen que elaborar Gobierno, Comunidades y ayuntamientos.

En el caso de los particulares o personas físicas, será diferente: no se tendrá en cuenta el número de viviendas ni será posible bajarles por ley la renta del arrendamiento. Para ellos, el nuevo texto legal prevé la congelación obligatoria de los alquileres de zonas tensionadas, únicamente con las actualizaciones del IPC que correspondan. Además, se incluye toda una batería de bonificaciones fiscales para aquellos arrendadores que, sin estar obligados, decidan bajar sus precios a lo que marque el índice de referencia. “Les va a compensar más bajar los precios y acceder a las bonificaciones fiscales que mantenerlos altos. Lo que pretendemos es incentivar a los propietarios particulares decidan bajarlos”, explican fuentes de Moncloa. Además, el nuevo texto legislativo impulsará un parque público de alquiler mediante la reserva del 30% de todas las promociones inmobiliarias para vivienda protegida y alquiler social.

En cualquier caso, tanto la bajada como la congelación de precios dependerá en última instancia de Comunidades Autónomas y ayuntamientos, competentes en materia de vivienda y quienes tendrán que solicitar la declaración de zona tensionada como requisito previo. En el Gobierno admiten que este reparto competencial llevará a que en algunos territorios, principalmente gobernados por el Partido Popular, la regulación del mercado del alquiler no tenga efectos prácticos. Además, lo pactado es que, desde la entrada en vigor de la ley, todas las administraciones se dan un plazo de 18 meses para la elaboración del índice de referencia, unos trámites que podrían retrasar la aplicación práctica de algunos de los efectos legales. 

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Subida del IBI y bono Joven

Algo parecido a lo que pasará con la reforma del IBI. En la nueva ley también se incluirá que los ayuntamientos puedan incrementar ese impuesto hasta un 150% en las viviendas vacías. La idea es incentivar que esa bolsa de inmuebles deshabitados se incorpore al mercado, amplíe la oferta y, por tanto, contribuya a bajar los precios.

Justo después del Consejo de Ministros y ya desde Sevilla, Pedro Sánchez adelantaba otra medida en materia de vivienda que se aprobará en los Presupuestos Generales del Estado y de la que prácticamente no tenían conocimiento ni sus socios de coalición: un bono de 250 euros mensuales para el alquiler de jóvenes entre 18 y 35 años que ingresen menos de 23.700 euros anuales. Una iniciativa que tendrá, en principio, una duración de dos años, que también será presentada este próximo jueves y cuya aplicación y alcance, de momento, el Gobierno aún no ha detallado.