La Fiscalía investiga al todavía consejero de Hacienda de Ayuso tras una denuncia por prevaricación
La Fiscalía ha abierto diligencias sobre el todavía consejero de Hacienda del Gobierno de Madrid, Javier Fernández Lasquetty, tras una denuncia que le acusa de un delito de prevaricación. El denunciante sostiene que Lasquetty, que este lunes anunció que deja la política y regresa a la empresa privada, ha infringido la ley que desde diciembre de 2021 obliga a sacar a concurso aquellas plazas que de forma ininterrumpida hayan estado ocupadas "con carácter temporal" desde antes del 1 de enero de 2016.
Presentada el 30 de marzo en Granollers (Barcelona) por un particular, dos semanas más tarde –el 14 de abril– el ministerio público acordó incoar diligencias y traspasarlas de inmediato a la Fiscalía madrileña. El aforamiento de los consejeros autonómicos coloca cualquier investigación penal que les afecte en manos del Tribunal Superior de su comunidad.
Fuentes de la Fiscalía consultadas por infoLibre aseguran que todavía no hay ninguna decisión sobre si el caso seguirá o no adelante. De hecho la Fiscalía Superior de Madrid tendrá que incoar de nuevo diligencias tanto si considera que debe seguir investigando como si decide archivarlas. La denuncia, a la que ha tenido acceso este diario, sostiene que tal "como se puede verificar en la documental aportada", de las plazas que componen la plantilla total de la Comunidad de Madrid "hay varios trabajadores que llevan como personal laboral ocupando las plazas ininterrumpidamente desde antes del 1 de enero de 2016". "Plazas –prosigue el relato del denunciante– que por imperativo legal deberían estar ofertadas en un proceso de concurso de méritos en virtud de lo previsto" en la Ley de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, aprobada el 28 de diciembre de 2021.
Gurú económico del Gobierno madrileño, firme defensor de la privatización sanitaria y de las rebajas impositivas, ha sido este lunes cuando ha trascendido que Lasquetty deja la política y vuelve a la empresa privada. Según el Ejecutivo madrileño, se trata de "una decisión personal". En 2014, y tras el varapalo que los tribunales asestaron a su plan de privatización sanitaria, ya dimitió aunque luego regresó a la primera línea de la escena política madrileña.
infoLibre no ha logrado aún recabar la versión del equipo de Lasquetty sobre la denuncia y las diligencias abiertas por la Fiscalía.
"La ley está para ser cumplida", dice el denunciante
A primera hora de la noche, este diario localizó a Israel Fulgencio García, autor de la denuncia que ha desembocado en la apertura de diligencias ahora en manos de la Fiscalía Superior de Madrid. Madrileño, licenciado en Derecho y funcionario con plaza en el Departamento de Justicia de Cataluña, Fulgencio pertenece a una asociación denominada Additae (acrónimo de Against Democracy Damage International Technical Association in Europe, es decir, Asociación técnica internacional contra el daño a la democracia en Europa). Pero la denuncia —remarca en conversación telefónica con infoLibre— la interpuso a título personal. "Llevo mucho luchando contra el abuso de la temporalidad en la Administración. Y la Comunidad de Madrid –sostiene– "se ha saltado en una innumerable cantidad de plazas" la Ley de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público. Fulgencio se refiere a lo que la norma preceptúa respecto a la convocatoria de concursos de méritos para afianzar a interinos.
Madrid destina dos millones a una asociación sin sede que deberá gastar 600.000 euros en publicidad en medios
Ver más
A tenor del texto de la denuncia, Fulgencio adjuntó un anexo con casos concretos de plazas de la Comunidad de Madrid –"en torno a seis", dice– para ilustrar que se ha vulnerado la ley. Este periódico intentó sin éxito que le facilitase copia de los casos acreditados, pero el denunciante adujo la protección de datos y no accedió a ello.
"Había más de seis plazas que tenían que haber sacado a concurso de méritos en lugar de a oposición libre pero me he centrado solo en los casos que podía acreditar", explica. Pero la clave –agrega–"no está tanto en esas plazas sino en que no se cumple la ley, y la ley está para ser cumplida".
Según Fulgencio, Lasquetty tachó de chapuza la ley y anunció que la Comunidad de Madrid no la pensaba obedecer. En la intervención parlamentaria que ha podido localizar este medio, el todavía consejero y diputado electo no llega tan lejos. Lo que en esa ocasión dijo fue que la norma aprobada en diciembre de 2021 era “una de las cosas más equivocadas que ha hecho el gobierno”. "A mí –añadió en la Asamblea de Madrid– esta idea de que tengamos funcionarios que tengan plaza en propiedad y que se pueda entrar sin haber hecho un examen me parece que no cuadra por ningún lado".
