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La Fiscalía se niega a abrir nuevas investigaciones sobre residencias tras el informe de la Comisión de la Verdad

Una mujer lleva un papel en la frente con el número de residentes muertos sin ser derivados a los hospitales durante marzo y abril de 2020, en Madrid.

"No procede iniciar una investigación ya que los hechos están siendo investigados en sede judicial e incluso algunos han sido archivados por la Audiencia Provincial de Madrid, en vía de recurso, y por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid". Con estas palabras, la fiscal Almudena Lastra ha trasladado a los familiares de los fallecidos en residencias que la institución no abrirá nuevas diligencias de investigación sobre lo sucedido en esos centros en marzo y abril de 2020 después de haber recibido el informe presentado hace dos meses por la Comisión Ciudadana por la Verdad en las Residencias. Tan sólo en ese periodo fallecieron 9.468 usuarios, 7.291 (el 77%) sin ser trasladados al hospital.

Después de más de un año de trabajo, los expertos que participaron en aquel tribunal ciudadano —José Antonio Martín Pallín, magistrado emérito del Tribunal Supremo y presidente de la Comisión; María Victoria Zunzunegui, doctora en epidemiología por la Universidad de California; Fernando Lamata, médico y experto en Gestión y Administración Sanitaria; Anna Freixas, escritora y profesora jubilada de la Universidad de Córdoba; Fernando Flores, director del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de Valencia y profesor de Derecho Constitucional; Cristina Monge, socióloga, politóloga y columnista de infoLibre; y Eduardo Ranz, abogado especialista en memoria histórica— concluyeron que otro tipo de decisiones políticas y de gestión habrían ayudado a reducir la "sobremortalidad" en los geriátricos madrileños, donde se habrían vulnerado los derechos fundamentales de los mayores por unas "decisiones perfectamente conscientes, planificadas y mantenidas en el tiempo". 

Fueron tres. En primer lugar, no se medicalizaron las residencias, aunque así lo ordenó el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. En segundo, el Protocolo de la Vergüenza, desvelado por infoLibre, impidió la derivación a los hospitales de los residentes más débiles, es decir, aquellos que tenían un alto nivel de deterioro cognitivo o un importante nivel de dependencia física, con independencia de tener o no covid. Y en tercer y último lugar: no se utilizaron los recursos que podrían haber funcionado como alternativa a los otros dos hechos: no se derivó ni al hospital de campaña de Ifema ni a los centros privados, que formaron parte del mando único del Gobierno madrileño durante los meses de marzo y abril. 

Pero no fue sólo eso. Lo ocurrido, denunció la Comisión, ni siquiera se investigó. Al menos adecuadamente. Ni en el plano judicial, en el que la mayoría de procedimientos ya han sido archivados, ni en el político, donde la comisión de investigación constituida en la Asamblea de Madrid quedó en suspenso tras ocho sesiones por el adelanto electoral y nunca, a pesar de los intentos de PSOE y Más Madrid, ha vuelto a reabrirse. "Si el Estado no cumple su obligación positiva de actuar de forma diligente en un caso como el de las muertes en residencias de Madrid, además de vulnerar el derecho a la tutela judicial de las víctimas, les arrebata la posibilidad de una reparación y, en definitiva, reduce la confianza general de la ciudadanía en las instituciones. El desamparo institucional a personas en situación de vulnerabilidad produce daños en todas las direcciones", señala el informe de la Comisión de la Verdad.

infoLibre se puso en contacto con la Fiscalía de Madrid para conocer exactamente los motivos para dar esta respuesta a las familias, pero todavía no ha obtenido respuesta.

El pasado mes de febrero, y después de trasladar dos cuestiones sobre la afirmación de la presidenta Isabel Díaz Ayuso de que los usuarios de los geriátricos "no se salvaban en ningún sitio", la institución prefirió guardar silencio. La misma respuesta que ofreció cuando este periódico le planteó 38 preguntas para aclarar las miles de muertes. Su única contestación entonces fue: "La fiscal superior no va a responder a las preguntas porque ya está todo explicado en la Memoria anual" [publicada en 2021 y correspondiente al ejercicio 2020], un documento que contiene múltiples omisiones de hechos relevantes y afirmaciones falsas tal y como se explica en esta información.

Con estos antecedentes, la nueva respuesta de la fiscal Almudena Lastra no ha pillado por sorpresa a las familias. "Después de escribir la memoria que escribió, no teníamos muchas esperanzas en que se cambiase la manera de proceder", reconoce Javier Cordón, de Verdad y Justicia. Aun así, seguirán insistiendo. "Su contestación era previsible. Es verdad que el hecho de que nos diga muchas veces que no nos entristece, pero es una forma de demostrar que hay una falta de colaboración y de responsabilidad", señala, no descartando tomar más iniciativas ante la institución.

"Profundo y atento análisis" de la Fiscalía General del Estado

El documento fue entregado por las familias el pasado 3 de abril y la respuesta llegó tan sólo dos semanas después. Pero no ha sido la única. Al igual que a la Fiscalía de Madrid, los integrantes de Marea de Residencias y Verdad y Justicia entregaron copias de su informe a la Fiscalía General del Estado, al Defensor del Pueblo, a la Casa del Rey, a Moncloa, al Congreso —y a la presidenta, Francina Armengol, y a cada grupo— y a la Asamblea de Madrid —a cada grupo y al presidente de la Comisión de Políticas Sociales. Las tres primeras ya han respondido. Y en un sentido muy diferente.

La respuesta de la Fiscalía General del Estado, emitida el 17 de abril, aseguró a las familias que los datos del informe "serán objeto de un profundo y atento análisis, con la voluntad de continuar ofreciendo a los ciudadanos, y en particular a las personas más vulnerables, una actuación del Ministerio Público plenamente comprometida con la defensa de sus derechos e intereses". Igualmente, la institución recordó que esa "voluntad" ya se vio reflejada "en diversas reuniones, oficios y directrices".

El último fue enviado el 6 de octubre de 2022 y daba orden a los fiscales superiores para que rindieran cuentas sobre las actuaciones llevadas a cabo en relación con el fallecimiento de personas en estos centros sociosanitarios y, sobre todo, para que escucharan a las familias. "La trascendencia de los hechos y su resultado, así como el hecho de que los mismos afecten a personas especialmente vulnerables, exigen del Ministerio Fiscal una posición particularmente proactiva en el procedimiento", decía el escrito, que las familias no han visto reflejado en la práctica.

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El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha reiterado por su parte en su respuesta a las familias que "la grave incidencia que tuvo la pandemia en los centros residenciales [...] hace exigible una especial atención por parte de los poderes públicos", a los que reclama "todas las explicaciones posibles y, por supuesto, una adecuada respuesta". Recuerda también que para él este asunto es "una prioridad" y que actualmente está comprometido en vigilar que "las mismas circunstancias no puedan volver a repetirse", incidiendo en hacer un "seguimiento de cómo están operando los imprescindibles cambios" en el modelo residencial que el Gobierno y las comunidades autónomas consensuaron en junio de 2022.

Excepto Galicia, Madrid y Murcia, el resto de comunidades o bien ya han aprobado nuevas normativas para adaptarse a esos nuevos estándares o han asegurado estar al menos en el camino de llevarlo a cabo. En síntesis, el documento aprobado determinó que ninguna residencia puede superar las 120 plazas, un máximo que bajó a 90 en aquellas zonas “de densidad intermedia” y a 75 en zonas rurales. En cuanto a las unidades de convivencia, estas no deben superar las 15 personas.

La Casa del Rey, por su parte, ha asegurado a las familias que han hecho llegar el informe a Felipe VI.

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