Caso Nóos

La Fiscalía mantiene la duda de si recurrirá la imputación de la infanta

Miquel Roca, abogado de la infanta Cristina, a la salida de su despacho en Barcelona, el pasado 7 de enero.

Dos días después de que el juez José Castro imputase a la infanta Cristina por delito fiscal y blanqueo de capitales, la Fiscalía Anticorrupción mantiene un estricto silencio sobre si intentará o no que la Audiencia de Palma tumbe la citación. Mientras que el fiscal del caso, Pedro Horrach, se reserva sus cartas a diferencia de lo que hizo en abril de 2013, cuando de inmediato anunció que impugnaría la primera imputación, el jefe del equipo de defensa de la hija del rey, Miquel Roca, evitó una respuesta directa cuando los informadores le preguntaron si su clienta accederá a declarar, aunque reiteró que ya prepara el recurso.

“La infanta prefiere que se haga justicia”, contestó Roca a la pregunta de si la infanta prefiere declarar. Ante la insistencia de otro periodista, que inquirió si podría comparecer voluntariamente –en realidad, a instancias de Castro, pero sin arbitraje previo del tribunal de apelación-, Roca esquivó otra vez el punto central: “Vuelvo a repetir que no se trata de declarar o no declarar, esta no es la cuestión; se trata de si está imputada o no está imputada, esta es la cuestión”.

El exportavoz de CiU y ponente de la Constitución de 1978, que dirige la defensa de Cristina de Borbón por encargo del rey, vio el martes cómo el penalista de su equipo, Jesús María Silva, planteaba públicamente la alternativa de no recurrir. “Ya que tantas ganas hay de oírla, pues que lo cuente; es una opción que no descarto”, dijo Silva. Poco después, Roca le enmendó la plana para anunciar la interposición de un recurso. Pero la discrepancia, con todo lo que significa, saltó a la palestra.

Ayer, infoLibre intentó contactar tanto con Silva como con Roca. Ninguno de los dos atendió la llamada de este diario ni Silva respondió a la pregunta cursada a su bufete mediante correo electrónico: ¿es irreversible la decisión de recurrir o sigue sobre la mesa la posibilidad de que la infanta declare tras la citación del juez Castro?

El plazo para oponerse a la imputación acaba el miércoles 15 si el recurso se presenta directamente ante la Audiencia de Palma y no ante el juez Castro. En principio, que el auto del juez instructor quede pendiente de recurso parece la opción natural, dada la profunda discrepancia entre el juez José Castro y el fiscal Pedro Horrach, quien ya en noviembre y cuando el juez seguía aún esperando informes policiales y tributarios anticipó su oposición a que fuese imputada por segunda vez.

Pero la demora en hacer pública su postura  abona la sospecha de que, como otras fuentes del caso llevan semanas sugiriendo, Horrach se adelantó con su escrito de noviembre precisamente para no verse obligado a recurrir. ¿Ha concluido Anticorrupción que un nuevo recurso implicaría un desgaste insoportable sin, además, tener garantía plena de que la Audiencia de Palma volvería a tumbar la imputación de la hija del rey y con el agravante de que una ratificación del auto de Castro empeorase en la práctica su situación procesal?

Nadie lo sabe. Porque, de momento, el fiscal permanece atrincherado en el mutismo y cualquier hipótesis sobre qué terminará por hacer es exactamente eso: una hipótesis.

En cualquier caso, de nada serviría que Horrach aceptase sin batalla la citación de la infanta si Roca endosa la decisión final a la Audiencia de Palma. Basta con que haya un recurso para que deba pronunciarse la Sección Segunda del tribunal de segunda instancia, a la que por reparto corresponde resolver todos los recursos del caso. Y, al menos de momento, Roca no ha dado ningún signo definitivo de marcha atrás salvo que se tome como tal la forma en que ayer esquivó las preguntas sobre la comparecencia de la infanta, “que no estará muy contenta”, aventuró sin desvelar ningún secreto de estrategia.

A la defensa de Cristina de Borbón se ha unido, de manera colateral pero esperada, el abogado de Urdangarin, Mario Pascual, que califica de “absolutamente ridículas” las cantidades dispuestas por Cristina de Borbón a través de la tarjeta visa concedida a Aizoon SL, la sociedad cuya propiedad comparte al 50% con su marido y en cuyos manejos contables para rebajar impuestos se localiza la clave de bóveda de la imputación dictada ahora por Castro.

Pascual maneja un segundo argumento: que fue exclusivamente Urdangarin, “sin intervención de su esposa”, quien resolvió endosar a Aizoon SL el casi medio millón de euros que costaron las obras de reforma del palacete de Pedralbes. En realidad, el abogado del duque de Palma sostiene que el dinero fue destinado no a la mansión familiar en sí sino “a las obras de acondicionamiento y habilitación de la oficina para la actividad” de su cliente. El problema estriba en que, aun suponiendo que el medio millón hubiera quedado enterrado entre las cuatro paredes de la oficina de Aizoon, la empresa tenía su domicilio social en otra dirección cuando,a partir de 2005, se realizaron las obras.

Los anteriores razonamientos figuran en el escrito que Pascual presentó el 16 de diciembre pero que no fue comunicado hastas ayer por el juez a las restantes partes del caso. Pese a que el peso del texto recae sobre los argumentos destinados a proteger a Cristina de Borbón y no a Iñaki Urdangarin, Pascual arranca su segunda alegación con una declaración de principios: “En cualquier caso y considerando que a esta defensa no le corresponde el cometido de defender la plena y total inocencia (…) en la actuación de la esposa de mi mandante (…), se procederá a resaltar lo relativo a la inexistencia de delito fiscal alguno”.

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