La Fiscalía no pedirá reactivar la eurooden contra Puigdemont hasta que no sea procesado

La Fiscalía no pedirá al juez del Tribunal Supremo que instruye los hechos relacionados con el procés, Pablo Llarena, que reactive las órdenes de detención europeas contra el expresident de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont y los cuatro exconsellers catalanes que viajaron con él a Bélgica, hasta que finalice la instrucción de la causa. Lo mismo hará con la exdiputada de la CUP Anna Gabriel, aunque en su caso pedirá que se active la orden europea por vez primera.

Así lo ha anunciado en un comunicado recogido por Europa Press en el que explica que el "Ministerio Fiscal procederá a ejercitar las oportunas peticiones una vez se hayan dictado auto de procesamiento en la causa" contra Puigdemont, Lluís Puig, Antoni Comín y Meritxell Serret, todos ellos en Bruselas desde noviembre del año pasado.

También contra Clara Ponsatí, que este sábado ha abandonado Bélgica y se ha reincorporado como catedrática de Economía en la Universidad de Saint Andrews en Escocia (Reino Unido), según confirmó en su perfil personal de Twitter. La exconsejera catalana ha comunicado a Puigdemont su renuncia en el cargo —del que fue cesada tras la aplicación del artículo 155 de la Constitución— aunque ha dicho que seguirá comprometida con la independencia de Cataluña.

En el caso de Anna Gabriel, en Suiza desde finales del mes de febrero para evitar comparecer ante el juez Llarena como investigada, el Ministerio Fiscal pedirá que se dicte orden europea de detención. La exdiputada de la formación antisistema comunicó un día antes de su citación judicial en el Tribunal Supremo que no acudiría a la misma ante la falta de derecho a un juicio justo.

Como consecuencia, el magistrado instructor ordenó la detención y puesta a disposición del Tribunal Supremo de Gabriel aunque no dictó orden internacional de búsqueda. Sobre ella pesa una orden nacional de detención, la misma medida vigente en la actualidad para los cinco exmiembros del Gobierno catalán huidos pese a que la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela dictó en un primer momento orden de detención nacional e internacional y europea.

Sin embargo, tras pasar la causa al Tribunal Supremo, Llarena retiró las órdenes europeas e internacionales que pesaban sobre ellos y dejó vigente la orden de detención nacional, por lo que si viajan a España serán detenidos y puestos a su disposición. El objetivo era evitar que la Justicia belga restringiera los delitos por los que se les acusa en España (rebelión, sedición y malversación de fondos) y conseguir así que todo el antiguo Govern sea investigado en igualdad de condiciones.

Según expuso el magistrado, en la causa de la deriva soberanista, que cuenta con 28 personas imputadas, se investiga un delito de "naturaleza plurisubjetiva" dotado de una unidad jurídica inseparable, lo que requiere "una única contestación para evitar respuestas contradictorias".

Contraria a que Forn y Cuixart sean excarcelados

La Fiscalía del Tribunal Supremo además ha informado este lunes al juez Llarena de su posición contraria a que que el exconsejero del Interior catalán Joaquim Forn y el líder de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, sean excarcelados.

El juez instructor dictó el pasado un miércoles un auto en el que daba traslado al Ministerio Público, a la acusación popular ejercida por Vox y a la Abogacía del Estado sobre la petición de estos dos investigados que se encuentran en prisión. El magistrado solicitó que en el plazo máximo de cinco días informasen sobre su posición al respecto.

La Fiscalía del Tribunal Supremo considera que los dos investigados deben continuar en la cárcel "sin perjuicio" de que esta medida cautelar de prisión provisional sea revisada periódicamente, tal y como estable la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de acuerdo con el artículo 5.3. del Convenio Europeo de Derechos Humanos, para "valorar si persisten los indicios racionales de que los imputados cometieran los hechos delictivos y los motivos suficientes que justificaron la adopción de dicha medida".

Llarena ya rechazó poner en libertad a Cuixart y a Forn el pasado 4 de diciembre tras sus comparecencias, por lo que pidieron declarar, de nuevo, el 11 de enero, cuando el magistrado mantuvo su decisión para el consejero de Interior. Ante esta decisión, los dos investigados interpusieron sendos escritos solicitando su libertad. El primero en presentarlo fue Forn, un día después de su declaración; y la semana pasada lo hizo Cuixart.

Durante su comparecencia ante el juez del Supremo, el presidente de Òmnium Cultural —en prisión desde el pasado 16 de octubre— afirmó que en Cataluña debe haber "un Gobierno que gobierne" y rechazó repetir un referéndum ilegal como el del 1 de octubre. También recalcó sus "convicciones pacifistas y no violentas".

Puigdemont asegura que "no suspendería la declaración de independencia" si se repitiese el proceso

Ver más

La petición cursada por Forn —encarcelado desde el 2 de noviembre de 2017— ya fue rechazada por el juez del Tribunal Supremo el pasado 2 de febrero, pese a que renunció a su escaño en el Parlament, ya que, según explicó en un auto, continuaba viendo riesgo de reiteración delictiva en él ya que comparte la "ideología" de Puigdemont y mandó sobre la Policía "en perfecta sintonía" con el mayor de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero. El exconsejero catalán ha recurrido esta decisión.

Antes de dictar este auto, el magistrado llevó a cabo el mismo procedimiento que ahora y dio traslado a las acusaciones. Así lo hizo el Ministerio Público el pasado 23 de enero, que ya se pronunció en contra de que Forn fuese excarcelado, destacando que existía riesgo de reiteración delictiva. Lo mismo argumentó la semana pasada en relación a la posibilidad de dejar en libertad al exlíder de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) Jordi Sànchez para poder ser investido presidente de la Generalitat de Cataluña.

Una justificación que fue compartida por el juez Llarena, quien subrayó el pasado viernes que los delitos que se están investigando se desplegaron precisamente desde actuaciones legislativas y ejecutivas "claramente ilegales, y desatendiendo de manera flagrante los controles constitucionales, judiciales e institucionales dispuestos en el ordenamiento jurídico, lo que se hizo en aplicación de una táctica que no ha sido excluida y sigue respaldándose de presente".