La Fiscalía ordena recabar información de los casos revisados por el 'solo sí es sí' para valorar si existe criterio
La Fiscalía General del Estado ha ordenado a los fiscales superiores que recaben y le remitan la información sobre los casos de condenas por delitos sexuales que se han revisado a causa de la entrada en vigor de la ley del solo sí es sí, según informa Europa Press. Según un oficio emitido este mismo jueves, el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha dado orden de que los fiscales superiores remitan a la FGE "aquellos autos dictados por los juzgados o tribunales de justicia de su territorio en los que se haya procedido a la revisión de sentencias firmes condenatorias, así como los informes emitidos por el Ministerio Fiscal en las respectivas ejecutorias".
Así lo traslada la jefa de la Secretaría Técnica de la FGE, Ana García León, con el objetivo de "realizar un seguimiento de las resoluciones judiciales que supongan una reducción de las penas impuestas en sentencias firmes tras la entrada en vigor de la citada ley orgánica".
Las fuentes fiscales explican que la intención es analizar los casos en los que hasta ahora se han revisado las penas impuestas para ver si hay disparidad de criterios entre los fiscales de los distintos casos y si es necesario emitir una circular para unificarlos.
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Las citadas fuentes explican que, si fuera necesario fijar criterio, la circular no se emitiría de manera inmediata porque requiere un trabajo previo que implica, entre otras cosas, que se debata en la Junta de Fiscales de Sala. Así las cosas, las fuentes descartan que el asunto pueda siquiera plantearse en el próximo cónclave, previsto para el 25 de noviembre.
García León explica en el oficio que la FGE ha dado este paso porque "durante los últimos días se ha tenido conocimiento de que diversas audiencias provinciales han procedido a revisar sentencias condenatorias al amparo del artículo 2.2 del Código Penal, acordándose rebajas penológicas respecto de las impuestas en sentencias firmes".
Desde que la ley entrara en vigor, el pasado 7 de octubre, los jueces y tribunales han revisado ya numerosas condenas por abuso sexual rebajando más de una decena de penas, lo que han supuesto la excarcelación de cinco personas.