La Generalitat adjudica el plan de recolocación de Canal Nou a la fundación de un exmilitante del PP

La fundación valenciana Equipo Humano, presidida por un dirigente empresarial que pagó cuota como militante del PP al menos hasta 2011, ha obtenido el contrato público para acometer el plan de recolocación de los más de 1.500 despedidos de la ya desaparecida Canal Nou. El contrato se cifra en hasta un máximo de 713.264, aunque el monto final dependerá del número de trabajadores que se acojan al plan.

El principal responsable de Fundación Equipo Humano, constituida en junio de 2010, es José Enrique García Llop, que también preside la Asociación de Jóvenes Empresarios de Valencia (AJEV). En conversación telefónica con infoLibre, García Llop recalcó el martes que solo fue "afiliado de base" del PP en Valencia, partido al que dejó de pertenecer "hace años", y que su antigua militancia no ha tenido el menor peso en el concurso que el 1 de abril de este año terminó ganando su fundación.

El nombre, los apellidos y el DNI de García Llop figuran en un listado elaborado por Hacienda para el juez que investiga los llamados papeles de Bárcenas. Ese listado contiene tanto las donaciones clásicas como aquellas, generalmente de menor envergadura, efectuadas por los militantes en el cuatrienio 2008-2011. García Llop consta en los cuatro ejercicios.

El empresario, que también capitanea varias sociedades mercantiles especializadas en recursos humanos y formación, no pudo precisar si la oferta presentada por su fundación fue la más barata. "Me dolería bastante –dijo– que se asociara una cosa [su militancia en el PP] con otra [el contrato obtenido por su fundación] cuando me estoy dejando la piel y soy amigo de algunos de los despedidos". García Llop asegura que aún no se sabe cuántos afectados por el ERE de extinción de la Radiotelevisión Valenciana se acogerán al plan de recolocación, pero recalcó que todos los que se incorporen recibirán "atención personalizada". "Tenemos hasta comerciales buscando ofertas ocultas de empleo", es decir, que no llegan a publicitarse masivamente. Y de esa cifra dependerá cuánto cobre la fundación.

A preguntas de este diario sobre si la oferta de Fundación Equipo Humano fue la más barata, García Llop dijo no poder asegurarlo porque desconoce el contenido de las otras plicas y la identidad de los otros concursantes.

Equipo Humano ganó la adjudicación en virtud de "una pluralidad de criterios", según los documentos oficiales incorporados a la plataforma de contratación de la Generalitat Valenciana. Entre los documentos relativos a esta convocatoria, figura uno que dice lo siguiente: "12/03/2014: Apertura pública sobre número 3, propuesta económica, fecha 14/03/2014". Ayer miércoles, infoLibre tuvo acceso al acuerdo de adjudicación por el que Fundación Equipo Humano se hizo con el contrato por 589.475 euros (713.264 con IVA). Fechada el 1 de abril, esa acta del Consejo de Liquidación de la Radiotelevisión Valenciana desvela que al concurso se presentaron otras tres empresas. Pero las tres acabaron excluidas: dos de ellas porque habían presentado sus ofertas firmadas por personas que carecían de apoderamiento y la tercera porque no había depositado las cuentas del último ejercicio (2012) en el Registro Mercantil. Según la RTVV ese hecho supone "falta de acreditación de los requisitos mínimos de solvencia económica y financiera exigidos".

El plan tras el primer ERE

El plan de recolocación externa para los afectados por el primer ERE quedó en papel mojado en noviembre tras la sentencia del TSCV, sin que se sepa cuánto pagó realmente la Generalitat a la agencia contratada, Acción Laboral. Una fundación capitaneada por el presidente a la Asociación de Jóvenes Empresarios de Valencia asume ahora el encargo de asesorar a los 1.570 despedidos de la cadena pública. La Generalitat valenciana ha destinado en el último año 970.000 euros –más IVA– a dos contratos sucesivos para acometer el llamado plan de recolocación de los despedidos de la Radiotelevisión autonómica, cuya antigua cúpula acaba de ser imputada por el presunto desvío de 1.300 millones tras una denuncia de Compromís.

El primero de esos dos contratos, adjudicado directamente en febrero de 2013 y por 381.000 euros a una entidad no empresarial con domicilio social en Valladolid, quedó en agua de borrajas una vez que la justicia tumbó el primer ERE, aunque a día de hoy sigue sin conocerse la cantidad que pese a ello desembolsó la cadena pública. El segundo, recién adjudicado -el 1 de abril–, costará 589.475 euros y su desarrollo correrá a cargo de una fundación sin ánimo de lucro capitaneada por el presidente de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Valencia.

Aunque la nueva redacción aplicada al Estatuto de los Trabajadores tras la reforma laboral del PP obliga a las empresas que ejecuten un ERE a contratar agencias externas de recolocación (en el artículo 51.10 el Estatuto de los Trabajadores), lo sucedido en Canal Nou pone en evidencia los desastres de la cadena pública valenciana.

Adjudicado en febrero de 2013, el primer contrato de “recolocación externa” se otorgó por 381.263 euros más IVA a Acción Laboral. Según el comité de empresa de RTVV, solo sirvió para recolocar a dos de los 954 despedidos en el primer ERE –90 de ellos se acogieron a la baja voluntaria.

Fue justamente ese primer ERE el que en noviembre de ese mismo año anuló el Tribunal Superior valenciano (TSJCV) con una sentencia a la que el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, respondió decretando el cierre inmediato de la cadena pública.

Fuentes internas de la cadena cuantifican en 170.000 euros lo que finalmente percibió Acción Laboral por ese primer contrato, que quedó interrumpido en noviembre tras el proceso de readmisión forzosa.

Ni RTVV ni Acción Laboral –una entidad no empresarial con domicilio social en Valladolid y cuya forma jurídica exacta desconoce este diario– han accedido a aportar cifras ni a detallar el contenido del plan de orientación laboral que se aplicó. El diputado del PSPV Josep Moreno, portavoz de su grupo en la comisión de control de RTVV, asegura que esta lleva "ocho meses sin reunirse", por lo que la fiscalización parlamentaria de la cadena pública en su final y convulsa etapa resulta imposible.

Pero, sea cual sea el monto pagado a esa agencia, cada euro abonado aquí por el erario valenciano fue en la práctica a la basura, dado que todos los despedidos se reincorporaron a la cadena tras la resolución del TSJCV. Acción Laboral había obtenido la adjudicación mediante procedimiento negociado sin publicidad después de que el concurso previo quedase desierto.

Según RTVV, a aquel primer plan de orientación y recolocación se acogieron “unos 600” despedidos. Según los sindicatos, las dos personas que encontraron trabajo, reingresaron luego en Canal Nou tras la sentencia del TSJCV para finalmente incorporarse al segundo y definitivo ERE. Lo hicieron en mejores condiciones económicas –35 días de indemnización por año con un máximo de 30 anualidades, más algunos complementos– junto con el resto de la plantilla.

En total, el cerrojazo a RTVV afecta a 1.570 trabajadores, asegura el comité. La lista de despedidos es casi idéntica en número al de los millones –1.300– que, según Compromís, desvió la cúpula de Canal Nou tras una gestión sustentada en dos pilares: gasto opaco y sin control y endeudamiento creciente. “De esos 1.300 millones, casi 400 pueden corresponderse con intereses bancarios”, apunta una cualificada fuente sindical, que pone el acento en la vertiente política del derroche: “Si Camps quería darle dinero al Villarreal CF o al Valencia CF, era Canal Nou la que pedía el crédito y lo ponía”.

La firma de uno de los contratos suscritos con el Villarreal, firmado en enero de 2010 y que no reportó ingresos a RTVV, aparece como uno de los hitos en el relato de malversación que traza la denuncia de Compromís. En octubre pasado, Izquierda Unida (Esquerra Unida) reveló, papeles en mano, cómo en solo 10 años la cadena pública valenciana había pagado casi 33 millones al Villarreal CF y al Valencia CF  por la compra de derechos de partidos amistosos y por explotar sus respectivas mascotas.

Segundo contrato de “recolocación”: 589.475 euros

Una vez que el TSJCV anuló el ERE por vulneración de derechos fundamentales, Fabra decretó el inmediato cierre de Canal Nou con el argumento de que la Generalitat no disponía de los “40 millones” necesarios para readmitir al millar de despedidos. Pero solo en indemnizaciones –y sin contabilizar, por ejemplo, lo que por desempleo desembolsará la Administración Central–, el ERE ha costado ya a las arcas públicas 86,1 millones de euros.

Un juzgado imputa a la excúpula de RTVV por un presunto agujero de 1.300 millones

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Sumando los derechos adquiridos a distribuidoras internacionales, las obligaciones contraídas con la federación de radiotelevisiones autonómicas (Forta) y otras gastos como los 330.000 euros destinados a informes jurídicos privados y que se han repartido Garrigues, PwC, Ernst&Young y KPMG, el coste real del ERE puede terminar superando los 140 millones que calculan los sindicatos.

En ese panorama, la adjudicación por 589.000 eurso del segundo plan de recolocación para todos los despedidos parece una gota en el océano. “Por lo que hemos averiguado –sostiene un miembro del comité– creemos que el precio de adjudicación es el de mercado, aunque creemos también que habría sido mejor utilizar ese dinero para mejorar las indemnizaciones”.

La reforma laboral del PP imposibilita que sean los servicios públicos de empleo los que ofrezcan asesoramiento a las nuevos parados procedentes de un ERE. Y ha impuesto la entrada en escena de un aluvión de empresas y asociaciones y fundaciones sin ánimo de lucro.