El Gobierno activa un plan de más de 350 millones para proteger la "fortaleza asediada" de Doñana
"Fortaleza asediada". Así se refiere a Doñana el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico en su plan para frenar el "deterioro" de la joya natural andaluza. El presupuesto asignado al plan, presentado este miércoles en un acto público y abierto en Almonte (Huelva), es de hasta 366,4 millones, de los cuales 118, casi un tercio, empezarán a ejecutarse en 2023, según las previsiones del departamento de Teresa Ribera (PSOE). El diagnóstico del ministerio es que "el deterioro que sufren amplias zonas de Doñana ha sido provocado por la intensificación de la acción humana", en especial por el crecimiento de agricultura intensiva, basada en las extracciones del acuífero, con un "grave impacto" en las aguas subterráneas.
El resultado es que tres de las cinco masas de agua que forman este acuífero –Rocinas, Almonte y Marismas– se encuentran ya reconocidas como “en mal estado”. "Mantener Doñana requiere poner límites a la presión humana”, dijo Ribera durante la presentación, que estuvo marcada por un tono grave. Ya nadie niega que Doñana se seca. Y no es una forma de hablar. La última laguna permanente desaparece. Ribera afirmó que sin actuaciones adecuadas se puede llegar a un punto de "no retorno". "Estamos al límite de la capacidad de carga y recarga de los acuíferos", añadió la ministra, que presentó su plan ante regantes, ecologistas y más interesados en un acto en el que escuchó quejas, sugerencias pero también reconocimientos a su valentía por haber dado la cara para hablar de un problema en el que hay múltiples intereses enfrentados.
Un hervidero político y social
El llamado "marco de actuaciones para Doñana" presentado por el ministerio puede entenderse como un documento técnico. Lo es. Sus 74 páginas contienen descripción, diagnóstico y múltiples medidas con base científica que se extienden hasta 2027. Pero es también un documento político y social. Porque hay un conflicto político y social.
El PP, que gobierna con mayoría absoluta Andalucía, alimentó la pasada legislatura las expectativas de legalización de regadíos con una iniciativa que el PSOE, Por Andalucía y Adelante Andalucía consideran electoralista. El partido del presidente, Juan Manuel Moreno, presentó –junto a Cs y Vox– una proposición de ley de legalización que provocó el rechazo de la Unesco, la Comisión Europea, los principales supermercados del continente, un millar largo de autoridades científicas y hasta el presidente del Consejo de Participación de Doñana, Miguel Delibes de Castro. Pasadas las elecciones, Moreno ha aparcado el cambio legal, pero sin variar en lo esencial su enfoque del tema. Es más, ha creado una consejería cuyo solo nombre es significativo: "Agricultura, Agua y Desarrollo Rural". Es decir, el agua se entiende como una competencia unida a la agricultura.
El Gobierno, en cambio, apunta precisamente a la agricultura como factor de erosión. "La actividad humana –dice el plan– se limitó hasta bien entrado el siglo XX a la ganadería y a la caza. Se le consideraba un territorio marginal e insalubre, con enfermedades endémicas como la malaria. Es a partir de los años 20 del siglo pasado cuando el Estado traza planes definidos para el territorio de Doñana: desecarlo y convertirlo en una zona de desarrollo agrícola y forestal, a imagen de la acción de Francia en Las Landas". Ello llevó al desvío del cauce del río Guadiamar, lo que privó a la marisma de la mayor parte de su aporte de agua. A ello se sumó la implantación de un modelo agrícola intensivo basado en el agua subterránea y el desarrollo turístico del núcleo turístico de Matalascañas (Huelva).
El ministerio señala: "El deterioro de amplias zonas del territorio de Doñana se debe a la intensificación de la acción humana en su entorno. En los últimos 25 años, hemos asistido a un gran crecimiento de la agricultura intensiva en la periferia del parque nacional, basada en extracciones del acuífero de Doñana". Y añade: "Doñana y su entorno ya no son un lugar remoto y marginal, sino un espacio natural emblemático situado en una comarca densamente poblada, cuya economía se basa en la agricultura intensiva avanzada, orientada a la exportación, y el turismo. Es imprescindible detener y revertir esta presión creciente sobre los recursos hídricos que amenaza los valores de Doñana". Para ello es necesario "poner límites a la presión humana".
El ministerio es consciente de la preocupación que puede suscitar una afirmación así entre la población local, especialmente en el sector agrícola. Por ello, el documento apela a la colaboración de todas las instituciones –ayuntamientos y Junta– para hacer que "el desarrollo económico de la comarca" sea "compatible" con la salud de Doñana. Por ello el plan estima un presupuesto de 10,2 millones a actuaciones de "activación socioeconómica" de la zona, como las ayudas a la producción sostenible. "Es necesaria la colaboración de todas las administraciones y la sociedad, en un ejercicio de responsabilidad colectiva”, remarcó la ministra durante la presentación del plan.
El problema del agua
La mayor partida del plan, 164 millones, está dedicada a la gestión del dominio público hidráulico y la disminución de extracciones de agua subterránea mediante el cierre de pozos ilegales –"no pueden recibir el mismo trato" quienes cumplen e incumplen la ley, dijo Ribera–, el control del consumo en las concesiones y el seguimiento de cultivos mediante imágenes por satélite. Las aguas subterráneas en La Rocina y en Los Hatos será sustituidas por aguas superficiales. En el entorno de Matalascañas, municipio turístico de Huelva, el ministerio prevé aumentar las fuentes alternativas de suministro para reducir la presión hídrica sobre Doñana. El Gobierno maneja incluso la "posibilidad" de recuperar fincas y derechos de agua como última solución, siempre que así lo acepte el agricultor.
La mejora del saneamiento y la depuración consumirá 142,1 millones para afrontar el "acuciante" problema de la escasa calidad del agua que llega al parque nacional por la contaminación de origen agrario. Está en juego el cumplimiento da directiva europea de aguas y la reducción de fósforo y nitrógeno en las masas de agua de Doñana.
Equilibrio perdido y amenaza a la biodiversidad
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El ministerio planea volver a conectar la marisma con el río Guadiamar, lo que permitirá "recuperar su dinámica natural", perdida hace más de 50 años. A ello se dedicarán 20,7 millones de euros. Otros 12,9 millones irán a proteger la biodiversidad, lo que se traduce en actuaciones de conservación sobre especies amenazadas –como el lince ibérico, el águila imperial y el milano real–, prevención de incendios forestales y recuperación de cañizares y enebrales.
Además, el ministerio dedicará 8 millones a actuaciones de "renaturalización" del dominio público-terrestre, entre ellas la recuperación de terrenos ocupados ilegalmente en las provincias de Huelva, Sevilla y Cádiz. Por último, empleará 8,5 millones en la mejora del conocimiento científico sobre este entorno natural gravemente amenazado por la presión humana y el cambio climático. Ribera recalcó que espera que otras administraciones completen el plan con sus propias actuaciones.
El plan del Gobierno está abierto a las aportaciones de instituciones y sociedad. De hecho, el acto de presentación del mismo fue abierto. Tras desglosar las medidas, Ribera escuchó las intervenciones regantes y ecologistas que volvieron a poner de relieve la existencia de serias divergencias sobre las prioridades en Doñana.
