La consejería andaluza de "Agricultura y Agua" hace saltar todas las alarmas ecológicas en Doñana

Tradicional Saca de las Yeguas de Doñana, en junio de este año.

Juan Manuel Moreno afirma que acaba de arrancar "la legislatura del agua". Él mismo la ha bautizado así. Y no lo hace en un comentario de pasada. Lo escribe en mayúsculas en su discurso de investidura: "Lamentablemente, nuestra situación geográfica y el avance del cambio climático hacen del agua un recurso cada vez más escaso", reconocía durante aquella presentación de su programa. Hay más indicios de que el presidente andaluz ha tomado conciencia del problema de escasez de recursos hídricos: el tema fue protagonista de la reunión que el jueves mantuvo en La Moncloa con Pedro Sánchez, al que alertó de los "graves efectos de la sequía y la falta de agua" en Andalucía.

Y, sin embargo, hay síntomas evidentes de que Moreno mantiene una visión del agua más ligada a su condición de recurso productivo que de bien básico y derecho humano amenazado por el cambio climático.

Para empezar, aún no ha dado por retirado el plan –presentado en la pasada legislatura por PP, Cs y Vox– de legalizar regadíos en Doñana a pesar de la falta de agua, una iniciativa que daría carta de naturaleza a la extracción irregular de agua en la zona y que ha desatado las alarmas no sólo de la oposición en pleno y los ecologistas, sino también de la Unesco, el Gobierno, la Comisión de la UE, los principales supermercados europeos, un millar largo de autoridades científicas y hasta el presidente del Consejo de Participación de Doñana, Miguel Delibes de Castro. Además, Moreno acaba de crear una consejería cuyo solo nombre es significativo: "Agricultura, Agua y Desarrollo Rural". En la legislatura pasada, Moreno recibió críticas por suprimir la Consejería de Medio Ambiente y crear una sola macroconsejería llamada Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible. En esta, ha decretado la creación de un departamento de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, pero ha dejado las competencias de aguas en Agricultura, con la almeriense Carmen Crespo al frente. Muchos se preguntan: ¿Qué es una consejería que persigue la "sostenibilidad" y la protección del "medio ambiente" sin decisión sobre el agua?

Unas competencias sin departamento fijo

No hay una regla fija sobre dónde tienen que poner las competencias de aguas las consejerías. Ahora bien, sólo dos tienen un departamento "Agricultura, Agua y Desarrollo Rural", aparte de otro con las competencias de medio ambiente: Andalucía y Castilla La Mancha.

Hay hasta ocho autonomías en las que, como ocurría en Andalucía la legislatura pasada, las competencias agrícolas y las medioambientales van juntas, compartiendo el agua: Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana, País Vasco, Aragón, Navarra, Murcia y Cantabria.

Seis comunidades –Baleares, Asturias, Canarias, Extremadura, Castilla y León y La Rioja– tienen las competencias en Medio Ambiente o Sostenibilidad o Transición Ecológica o fórmulas similares, con Agricultura por otro lado. Aguas de Galicia depende de Infraestructuras y Movilidad, no de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda ni de Medio Rural.

Choque de estrategias

El diseño que hace Andalucía no choca formalmente con la Estrategia del Agua del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico (Miteco), pero es evidente que responde a una filosofía opuesta. El documento ministerial se muestra crítico con el modo de gestión política del agua realizado hasta ahora y dice expresamente: "Las decisiones que se han tomado históricamente en planificación y gestión del agua han dependido muchas veces de otras decisiones 'superiores' sobre usos del suelo y planificación territorial, demografía, producción industrial, energía... Y los principales problemas del agua –desequilibrios hídricos, deterioro del estado de las masas de agua– los han provocado esas otras políticas que han prevalecido".

En cuanto a la contaminación por nitratos, el documento la vincula con la agricultura. Y añade: "La sobreexplotación de los acuíferos es generalmente más acusada en las regiones de España donde el agua tiene mayor valor económico". El Miteco reclama superar el "concepto reactivo de la política del agua" y tratar "otras políticas" en "conexión, interrelación o incluso dependencia de la política de agua". Porque advierte de que el cambio climático va a "tensionar los problemas ya existentes en relación con la gestión del agua". Y cita como "espacios emblemáticos" para "recuperar" el Mar Menor, el Delta del Ebro, la Albufera de Valencia, las Tablas de Daimiel y –cómo no– Doñana.

infoLibre preguntó al ministerio sobre la valoración de la nueva consejería andaluza, pero el departamento que dirige Teresa Ribera declinó realizar ninguna valoración. Se trata, dijo, de una competencia autonómica. Tampoco el Gobierno de Andalucía se pronunció.

WWF: "No suena bien"

La nueva consejería andaluza "no suena bien", dice Juanjo Carmona, coordinador de WWF en Doñana. "El agua no puede tratarse como un tema sectorial que atañe a la agricultura. Eso es no ver lo que está sucediendo. Es un error. ¿Cualquier problema que tengas con el agua, en un momento de sequía, escasez y problemas de contaminación, vas a tener que ir a tratarlo a Agricultura? No tiene sentido. El agua es un recurso natural que implica a múltiples sectores", señala Carmona, para quien –más allá de palabras–, el Gobierno andaluz sigue actuando como si ignorase la condición "finita" del recurso hídrico.

Carmona afirma que la Junta sigue alimentando las expectativas de dar a regantes de la zona de Doñana un agua que no hay. Moreno, en su discurso de investidura, dijo: "El nuevo Gobierno buscará una solución definitiva, clara y legal para los agricultores de la Corona Norte de Doñana". Carmona lamenta el discurso de que es posible "crear más y más oferta, con el invento que sea". "Es una alocada carrera hacia adelante", recalca.

El agua como recurso agrícola

En la Consejería de Agricultura y Agua anida "un mensaje muy claro", señala Leandro del Moral, catedrático de Geografía Humana de la Universidad de Sevilla, una autoridad en temas de agua. ¿Qué mensaje? "Que el agua es un factor productivo prioritariamente para el sector agrario". A su juicio, es obvio que una de las dimensiones del agua es productiva, pero no exclusivamente agrícola. Todos los sectores necesitan agua: turismo, hostelería, industria, hidroelectricidad...El enfoque dado por el Gobierno andaluz "es muy limitado y plantea muchos problemas en relación con los retos de la gestión del agua desde una perspectiva integrada", señala. Por supuesto, estos no se limitan al choque con otros sectores, sino también con el principal que debe tener el agua, el del consumo humano, según explica Del Moral en una entrevista con Onda Local de Andalucía.

Del Moral afirma que el tratamiento a las competencias de agua decidido por Moreno eclipsa un problema pendiente: la necesidad de "reconversión" del sector agrícola. "La agricultura no necesita más agua, entre otras cosas porque no la hay". El catedrático señala que las reformas deberían hacerse preservando la "equidad". "Hay grandes regadíos con poca mano de obra y otros sectores de agricultura familiar, profesional, más adecuados ambientalmente, que consolidan los territorios, que afianzan población".

El enfoque del Gobierno andaluz no sólo no aborda la necesaria reforma agrícola, sino que "condiciona todo lo demás" a mantener el actual modelo agrícola. Un modelo, por cierto, que sigue generando exigencias de agua. Este mismo mes Asaja, COAG, UPA y Cooperativas Agroalimentarias se unían para demandar 150.000 nuevas hectáreas de riego sólo en Córdoba. Moreno, al mismo tiempo que promete una "revolución verde", anuncia un "Plan Andaluz de Aguas Regeneradas‟ para uso "agrario, turístico e industrial". Mientras tanto, salpican las noticias los cortes de agua a lo largo de la geografía meridional.

Escasez y cortes de agua

"El Ejecutivo [andaluz] debería estar centrado en la gestión del nuevo ciclo de sequía que estamos viviendo. Cada vez hay menos agua. Los embalses en Andalucía están al 29,19% de su capacidad", señala Luis Babiano, gerente de la Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento (Aeopas), que señala que las prioridades políticas deberían ser: reordenar los usos del agua, con prioridad para el consumo humano; hacer planes de inversión con el objeto de reducir las pérdidas de red en los municipios menores de 20.000 habitantes; proteger los acuíferos... Aeopas teme que que la suspensión durante un año del cobro del canon del agua por parte del Gobierno andaluz, anunciada por Moreno en su discurso de investidura como medio para rebajar en 40 euros al año en la factura del agua, suponga una "ralentización" de las obras hidráulicas que se financian –o se deberían financiar, porque ya desde antes de este gobierno, con el PSOE, se acumulaban remanentes– con cargo a ese impuesto de carácter finalista.

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