Igualdad

El Gobierno aprueba la ley del 'sólo sí es sí' con una nueva definición de consentimiento "en positivo"

Irene Montero, ministra de Igualdad.

El Consejo de Ministros dará luz verde este martes 6 de julio a uno de los grandes compromisos del Ministerio de Igualdad: la Ley de Libertad Sexual, conocida como ley del sólo sí es sí. Los planes del Gobierno, según ha informado la cartera de Irene Montero este viernes, pasan por aprobar el proyecto en segunda vuelta para en septiembre debatir su tramitación parlamentaria. La norma es una de las grandes apuestas de la ministra y responde al clamor del movimiento feminista, especialmente desde que la agresión sexual de los sanfermines de 2016 marcara, en suelo español, el rumbo de una cuarta ola feminista centrada en la violencia sexual.

Uno de los principales cambios de la ley, después de que haya transitado por distintos órganos consultivos, tiene que ver con la definición del consentimiento. "Sólo se entenderá que hay consentimiento cuando se haya manifestado libremente mediante actos que, en atención a las circunstancias del caso, expresen de manera clara la voluntad de la persona", señalan fuentes del Ministerio de Igualdad. Una primera versión de la ley se centraba en la ausencia de consentimiento, quedando esta definida de la siguiente manera: "Se entenderá que no existe consentimiento cuando la víctima no haya manifestado libremente por actos exteriores, concluyentes e inequívocos conforme a las circunstancias concurrentes, su voluntad expresa de participar en el acto". El nuevo enfoque consiste en abordar el consentimiento "en positivo", siguiendo la estela de países como Suecia y Gran Bretaña.

Esta definición cumple con el mandato del Convenio de Estambul, suscrito por España en 2008 y en cuyo artículo 36.2 expone que "el consentimiento debe prestarse voluntariamente como manifestación del libre arbitrio de la persona considerado en el contexto de las condiciones circundantes". Una vez en vigor, la ley permitirá que las víctimas "no tengan que acreditar que se han resistido o que ha habido violencia". En esta misma línea, el proyecto mantendrá la disolución entre los delitos de abuso y agresión –hasta ahora definidos en base a la existencia de violencia o intimidación–, de modo que "todo acto sexual sin consentimiento será agresión", un tipo penal que vendrá acompañado por un catálogo de agravantes específicas, como las agresiones grupales y el uso de armas.

La aprobación del texto llega tras más de un año de parón, desde que su tramitación como anteproyecto quedara condicionada por la pandemia sanitaria. Desde entonces, ha sido sometido al análisis y estudio de órganos consultivos, con distintos resultados. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) emitió un informe en febrero de este año, especialmente crítico en lo relativo a la definición de consentimiento y a la fusión de los delitos de abuso y agresión. Respecto a lo primero, el organismo consideró la definición "innecesaria" porque el Código Penal vigente "ya se asienta sobre la idea de consentimiento", aunque no detalle específicamente en qué consiste el concepto. Los ponentes advirtieron además de un posible desplazamiento de la carga probatoria, alterando el principio de presunción de inocencia. Sobre los tipos penales, el organismo argumentó que su unión chocaría con el "principio de proporcionalidad", lo que aumentaría el "riesgo de castigar con gran severidad conductas que presentan un menor grado de lesividad". La delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, tachó de regresiva esta lectura y adelantó que la propuesta seguiría adelante según los postulados defendidos por el ministerio. El Consejo Fiscal, por el contrario, sí avaló por unanimidad el texto y recomendó de hecho una redacción en positivo en lo relativo al consentimiento.

"Todas la violencias, todas las mujeres"

El texto será aprobado en una fecha cargada de simbolismo: la víspera del décimo tercer aniversario del asesinato de Nagore Laffage. La joven perdió la vida a manos de un hombre con el que se había negado a mantener relaciones sexuales. Fue durante los sanfermines de 2008. Ocho años después, las fiestas populares volverían a quedar atravesadas por la violencia sexual. La violación de una joven por parte de cinco hombres comenzaría a hacerse hueco en los titulares aquel julio de 2016. El proceso judicial posterior, marcado por una primera sentencia de abuso sexual en lugar de agresión, daría lugar no sólo a una atención mediática sin precedentes, sino a una decidida movilización feminista en las calles. La futura ley, presume el ministerio de Irene Montero, hace suyo el clamor que expresó entonces el movimiento feminista: "No es abuso, es violación", "hermana yo sí te creo" y "sólo sí es sí".

España, añaden fuentes de la cartera, "liderará con esta ley la vanguardia de los derechos de las mujeres en Europa con una clara perspectiva feminista y de derechos humanos. Todas las violencias machistas contra las mujeres por el mero hecho de serlo deben ser erradicadas". El texto normativo, adelantan las mismas voces, protegerá "a todas las mujeres, niñas y niños con independencia de su situación administrativa, su etnia o nacionalidad". 

La futura ley está pensada desde un enfoque integral, por lo que pondrá en marcha medidas de prevención, atención y reparación. Entre otras, prevé incorporar centros de crisis –espacios disponibles durante las 24 horas para las mujeres mayores de dieciséis años sin necesidad de haber denunciado–, juzgados especializados y medidas procesales de acompañamiento, incluyendo la posibilidad de declarar en salas especiales para evitar el contacto con el acusado. Esto último está pensado para combatir uno de los principales golpes que asesta la violencia contra las mujeres: la revictimización en los tribunales. 

Explotación sexual

La norma, además, da pasos a la hora de "erradicar todas las formas de explotación sexual" y recupera la figura de la tercería locativa, gracias a la cual "se perseguirá a los proxenetas que, de manera habitual y con ánimo de lucro, destinen cualquier establecimiento o espacio público o privado para la explotación sexual de terceras personas".

El Ejecutivo pretende, con esta incorporación, responder a las "recomendaciones internacionales" y a las demandas del movimiento feminista que "pide legislar contra la impunidad absoluta de la industria proxeneta". En esa misma línea, el acuerdo de investidura suscrito por los dos socios de coalición incorporaba la puesta en marcha de una legislación contra la trata de mujeres con fines de explotación sexual. En marzo del presente año, el Ministerio de Igualdad anunció el inicio de los trabajos en esa dirección.

Agenda feminista

"No hay mayor apuesta que la de este Gobierno por las políticas feministas que imaginan un futuro donde la libertad sexual es la mejor seguridad ciudadana, donde creemos a nuestras hermanas y donde no hay una menos". Con estas palabras inauguró Irene Montero, el 13 de enero de 2020, su toma de posesión al frente de un ministerio que renacía después de una década con las puertas cerradas. El departamento consiguió su emancipación en 2008, bajo el liderazgo del socialista José Luis Rodríguez Zapatero. Era la primera vez que las políticas de igualdad adquirían rango de ministerio. Aquello representó la tendencia lógica de la agenda feminista defendida por los socialistas, cuyo mandato vino a marcar un hito a nivel legislativo con la aprobación de normativas paradigmáticas como la Ley contra la violencia de género de 2004, la Ley del matrimonio igualitario de 2005, la Ley de Igualdad de 2007 y la Ley del aborto en 2010. Irene Montero aspira ahora, más de diez años después, a coger el testigo y sembrar de nuevo el germen de una nueva generación de derechos feministas.

Con la llegada de la ley del sólo sí es sí al Consejo de Ministros, tan sólo una semana después de haber dado luz verde al anteproyecto de ley LGTBI, el Ministerio de Igualdad se anota un tanto a la hora de cumplir con sus pretensiones. Sobre sus políticas pesa, sin embargo, el rechazo firme de una parte del movimiento feminista que se opone tajantemente a la ley que consagra la libre determinación del género, un texto que activistas feministas han tildado precisamente de regresivo para las mujeres. Irene Montero tiene el reto de conjugar su hoja de ruta con las demandas de un sector del feminismo al que no puede ignorar. Por el momento, esta semana decidió dar respuesta a las críticas: "O llegamos todas o no va a llegar ninguna".

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