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Los costes sociales del turismo

El Gobierno busca una vía legal para que los vecinos puedan vetar los pisos turísticos

Turistas en la céntrica Plaza del Sol de Madrid.

El Gobierno busca una vía legal para que las comunidades de vecinos puedan vetar los pisos turísticos. El objetivo es que si la mayoría del vecindario se opone a que uno de los propietarios dé un uso turístico a una de las viviendas éste no pueda hacerlo contra la la voluntad general. Actualmente el veto a este tipo de actividades requiere de una reforma de los estatutos de las comunidad por unanimidad, lo que en la práctica deja el mango de la sartén al propietario que quiera alquilar.

Los ministerios de Energía, Turismo y Agenda Digital (Álvaro Nadal) y de Justicia (Rafael Catalá) han abordado la necesidad de cambios legales en esta materia. Su contacto sobre la materia ha tenido un carácter "exploratorio", aseguran oficialmente ambos ministerios, que afirman que no han alcanzado todavía una conclusión sobre la forma en que podría concretarse. No obstante, señala el departamento de Nadal, una vía posible es la reforma de la Ley de Propiedad Horizontal que permita a las comunidades de vecinos una "mayor flexibilidad" para oponerse a actividades indeseadas, como podrían ser los pisos turísticos. Ahora los mecanismos existentes pasan principalmente por reformas estatutarias por unanimidad, así como acciones de cesación contra "actividades molestas, insalubres, nocivas, peligrosas o ilícitas" y medidas judiciales que en la práctica resultan difíciles.

El boom de los pisos turísticos, apoyado en plataformas como Airbnb y Homeaway, ha cogido a contrapié a todas las administraciones: ayuntamientos, comunidades autónomas y al propio Gobierno. Las principales ciudades españolas asisten inermes a un proceso de gentrificación y turistización, palabras de uso cada vez más corriente, haz y envés de una misma dinámica de desnaturalización de los entornos urbanos que satura y banaliza el espacio público y arrasa el comercio tradicional. El arrendamiento estable está siendo sustituido por un mucho más lucrativo alquiler turístico discontinuo, que dispara el precio del alquiler. En las grandes ciudades el negocio es un maná no sólo para los rentistas con propiedades inmobiliarias deshabitadas, que han visto multiplicarse los ingresos por sus viviendas, sino también para inversores con músculo financiero, que compran propiedades a mansalva y las colocan de inmediato en las plataformas digitales. Luego no paran de hacer caja. España recibió más de 80 millones de turistas en 2017.

El fenómeno Airbnb, que se presentó al mundo como una forma de economía colaborativa con pátina postmaterialista, ha derivado en un proceso de transformación de los hábitats urbanos a gran escala, que implica mayores dificultades para los habitantes de las ciudades a la hora de encontrar alquileres asequibles. Resultó que tras el pinchazo de la burbuja del ladrillo, aguardaba un nuevo desafío para el derecho a techo. Es una dimensión más del llamado capitalismo de plataformas, que supone también un riesgo para las garantías laborales y la recaudación fiscal. Un ejemplo: con 5,4 millones de clientes, Airbnb pagó en España en 2016 poco más de 55.000 euros de impuesto de sociedades. Con una contribución fiscal mínima, su actividad supone un impacto en el ecosistema urbano máximo. Las autoridades no sólo en España, sino en toda Europa, han puesto a esta empresa y similares en el punto de mira. Airbnb ha reaccionado multiplicando su presupuesto lobbista. El tema está en plena ebullición.

Una patata caliente

El discurso del Gobierno de Mariano Rajoy es que carece de herramientas para encarar el fenómeno, porque las competencias turísticas son autonómicas. Así lo han manifestado reiteradamente ministros como el propio Nadal o Íñigo de la Serna, titular de Fomento, con competencias sobre vivienda. En Andalucía, en cambio, la Junta reclama al Gobierno que impulse medidas. El tema es una patata caliente. En la falta de determinación política para afrontar el fenómeno está el deseo de no meterse en el berenjenal de regular una actividad que para muchos es una fuente de ingresos, y para otros muchos se presenta como una manera más barata de viajar. Muchos jóvenes ya no conciben hacer turismo hotelero, que se antoja una forma menos auténtica de vivir la experiencia. ¿Quién tiene las competencias? La Constitución es clara: turismo y vivienda son competencias autonómicas. Pero todos los observadores del sector turístico coinciden en que, siendo la primera industria nacional, el Gobierno podría si quisiera establecer regulación que afectase directamente a este nuevo fenómeno, porque la planificación general de la economía compete al Estado, que puede además actuar en el ámbito fiscal.

Lo cierto es que, mientras la realidad cambia a toda velocidad, las administraciones avanzan a trompicones. La ausencia de un marco legal estatal ha provocado una enorme dispersión normativa. Cada comunidad autónoma, moviéndose en el alambre entre la defensa del derecho a la vivienda y el respeto al derecho al uso libre de la propiedad en un mercado escasamente regulado, ha ido desarrollando sus normativas. El camino elegido ha sido más el control que la limitación. La excepción más llamativa ha sido Baleares, cuya ley autonómica permite a consejos insulares y ayuntamientos limitar hasta donde crean oportuno el alquiler turístico. En las islas la situación es grave. Las autoridades de Ibiza han llegado a lanzar un SOS ante el déficit de sanitarios, docentes y policías, disuadidos de trabajar en la isla por la desmesura del alquiler. Las imágenes de trabajadores durmiendo en coches o en la calle tienen tintes distópicos.

El Ayuntamiento de Palma ha iniciado la tramitación de una prohibición total de los apartamentos turísticos en edificios, con multas por incumplimientos que podrán alcanzar los 400.000 euros. La Comunidad Valenciana también trabaja en una norma que amplíe el margen de maniobra de los ayuntamientos. Los municipios han ido cada uno haciendo la guerra por su cuenta, con medidas que abarcan sanciones, medidas disuasorias, coercitivas... Ada Cola (Barcelona en Comú), que antes de alcaldesa fue activista de la PAH, denuncia con frecuencia la falta de un marco legal catalán que le dé poder, al tiempo que impulsa medidas de alcance limitado. El Ayuntamiento de Madrid trabaja en un plan específico para limitar los pisos turísticos.

Interior, Hacienda, Cultura...

Pese a que la controversia por los daños colaterales del boom de los pisos turísticos no hace más que crecer, el Gobierno se ha venido comportando como si el asunto no le concerniera, dejándolo en manos de las comunidades autónomas. En este sentido se pronunció el lunes en Marbella (Málaga) el ministro de Energía, Álvaro Nadal, que insistió en el constreñimiento competencial del Estado. Afirmó que Hacienda –para garantizar la recaudación y evitar el fraude–, Interior –para asegurar que no se den usos delincuenciales– y Cultura –para garantizar el pago por derechos de propiedad intelectual por las televisiones– están adoptando medidas sobre los pisos turísticos. El objetivo con estas medidas sería equiparar las obligaciones de los apartamentos turísticos con las de los hoteles.

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Pero falta la otra pata: la limitación del uso turístico de los pisos. Nadal afirmó, en el marco de un foro organizado por el diario Sur, el Ayuntamiento de Marbella y el Hotel Los Monteros, que deben ser las comunidades autónomas las que decidan en función de la realidad turística de cada una, pero apuntó una vía de actuación que sí interesa al Gobierno: "Las comunidades de vecinos tienen que tener una mayor flexibilidad. A veces nos encontramos con que el vecino del quinto quiere alquilar su apartamento y, aunque los demás estén en contra, como es por unanimidad, no lo puedes imponer". Lo que había detrás de este comentario es la voluntad de Turismo y Justicia de buscar una vía legal para aumentar el músculo de las comunidades de vecinos, si bien el desarrollo de esta intención aún está verde.

Ruido y convivencia

Esta medida del Gobierno pone el foco en una de las múltiples dimensiones del problema, la de la convivencia vecinal. Son muchas las ocasiones en que los residentes habituales sufren las consecuencias de la continua rotación en los pisos turísticos, con denuncias por ruido e inseguridad. No obstante, el fenómeno es mucho más amplio y tiene un impacto drástico en el precio de los alquileres. Ante las leyes autonómicas destinadas a abaratar el precio del alquiler mediante las sanciones a viviendas vacías o incluso la expropiación de las mismas, el Gobierno ha recurrido al Constitucional para forzar su paralización. Comunidades como Andalucía han acusado al Gobierno de actuar como el perro del hortelano, que ni come –no adopta medidas para rebajar los precios– ni deja comer –no permite a las autonomías atacar la raíz del problema–.

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