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La crisis del coronavirus

El Gobierno despliega todas las armas del Estado para frenar los despidos y evitar el colapso de la economía

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en rueda de prensa desde la Moncloa.

La situación es crítica. Si en los próximos días no se evitan despidos masivos, la economía en su conjunto colapsará. Ese es, en síntesis, el análisis de la situación que hace el Gobierno y el motivo por el cual el grueso de los 200.000 millones de euros movilizados este martes por el Consejo de Ministros tienen como objetivo, directa o indirectamente, incentivar que las empresas conserven a sus empleados sin sufrir costes inasumibles. De manera que, cuando la crisis sanitaria haya pasado, algo que el Ejecutivo sitúa en el horizonte de uno o dos meses, el tejido productivo pueda relanzar su actividad con los menores daños acumulados posibles.

La idea es que las empresas tengan suficientes incentivos para no echar a la calle a sus trabajadores. En primer lugar, una expectativa razonable de que la actividad volverá relativamente pronto, una vez que se levanten las restricciones de movilidad y de apertura de establecimientos que conlleva la declaración del estado de alarma. En segundo lugar, liquidez para hacer frente a pagos e inversiones. En tercer lugar, facilidades tributarias, sobre todo aplazamientos. Y en cuarto lugar, la posibilidad de acogerse a expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) en condiciones lo suficientemente atractivas tanto para empresas como para empleados. De manera que los ingresos de las familias no se detengan durante las semanas que dure la batalla contra el coronavirus.

En esta estrategia el Gobierno cuenta con la patronal y con los sindicatos como aliados. Los agentes sociales ha prometido “responsabilidad” y se han conjurado con el Ejecutivo para dar prioridad a evitar los despidos, algo que el presidente Pedro Sánchez ha convertido en la piedra angular de la supervivencia económica de España. El Ejecutivo sabe si que no se pierde empleo no tendrá que atender la emergencia social derivada de los impagos de hipotecas ni de los cortes de suministros básicos —agua, electricidad y combustibles—, porque las medidas en esta materia se reservan para personas con vulnerabilidad y su intención es evitar que el número de familias en esa situación aumente.

Encima de la mesa, afirman fuentes del Gobierno, no ha estado la posibilidad de prohibir despidos. Una medida que, según Economía, no ha tomado nadie, ni siquiera Italia, como afirman las crónicas de los informativos, y que el Ejecutivo no considera necesaria porque de lo que se trata es de ayudar a las empresas para que no tengan necesidad de hacerlo. Sobre todo porque están convencidos de que en uno o dos meses todo volverá a la normalidad y las empresas necesitarán a sus trabajadores.

El Gobierno es muy consciente de que sólo con el decreto de medidas económicas no será posible atajar el problema. Por eso ha buscado la complicidad de los agentes sociales, de los presidente autonómicos y de los líderes de la oposición —aseguran que el grueso de las medidas formaban parte de sus propuestas—. De ahí que apele constantemente a que todos los ciudadanos se impliquen.

A esa buena voluntad en tiempos de adversidad llamaron el martes fuentes de Economía para justificar que no se haya aprobado una moratoria específica a los pagos de alquiler de familias vulnerables semejante al de las hipotecas: confían en que arrendadores y arrendatarios apliquen el sentido común y sean capaces de llegar a acuerdos amistosos durante las semanas de duración de la crisis. Hay que desarrollar redes de solidaridad, remarcan las mismas fuentes, sin que tenga que intervenir el sector público. Lo que esperan es que la sociedad encuentre formas de ayudarse los unos a los otros en medio de una situación extrema que afecta a todo el mundo y de la que, subrayan, sólo saldremos actuando de manera conjunta.

Lo más importante, según fuentes de Economía, es evitar que la pérdida de empleos se haga estructural, que no sea reversible en el el plazo de tiempo más breve de tiempo posible. Y para eso hay que asegurarse de que los trabajadores siguen ingresando nóminas o subsidios y que las empresas continuarán estando ahí cuando la pandemia cese.

La Union Europea no pondrá pegas

Cuentan también con la certeza de que la Unión Europea no va a poner pegas. La emergencia es de tal calibre que los objetivos de estabilidad, déficit y deuda, pasan a un segundo plano. El grueso del dinero movilizado este martes, 100.000 de los 117.000 millones de origen público —el resto procederá del sistema financiero privado— son en realidad avales y sólo los 17.000 millones restantes son imputables a Presupuestos y por tanto gasto real. De ahí saldrán 5.000 millones para financiar los ERTE, aunque eso no significa que el gasto final vaya a ser de esa magnitud. Puede ser menor, si las regulaciones se quedan por debajo de lo previsto, o superior si el Gobierno decide que es necesario aportar más dinero a lo largo de las cuatro semanas de vigencia del decreto aprobado este martes. De hecho, Economía ya estudia la manera de que los ERTE que ya se han solicitado desde que el sábado se dictó el estado de alarma puedan acogerse a la nueva regulación de forma retroactiva.

Como ocurre con la expansión del virus, el Ejecutivo considera cambiante la situación económica y se dispone a reaccionar cada día ante cada una de las situaciones que se vayan produciendo. De ahí que ni Economía ni Hacienda quieran hablar todavía de cambios en las previsiones de mecimiento ni en los objetivos de déficit y de deuda.

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A partir de este miércoles, el Gobierno va a contactar con la administración local para apoyarse en los ayuntamientos a la hora de ayudar a las personas más vulnerables en medio de este parón económico.

Y ya trabaja en un paquete de medidas de estímulo para poner en marcha después, cuando el parón económico haya quedado atrás y la economía rebote. Y con la ayuda, entonces sí, de la Unión Europea.

España tenía hasta hace pocos días uno de los crecimientos más sólidos y equilibrados del continente, recuerdan ahora en el Gobierno casi con nostalgia. Y para volver a esa senda es necesario superar la crisis del coronavirus con los menores daños posibles.

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