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Doctrina Parot

El Gobierno desvía la atención hacia el juez español que votó contra la doctrina Parot

El Ejecutivo no ve incompatible criticar la decisión del Tribunal de Derechos Humanos sobre la doctrina Parot con tener que acatarla. Así lo puso de manifiesto este viernes la número dos del Gobierno en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Por su parte, Alberto Ruiz-Gallardón puso en evidencia la actuación del magistrado español del TEDH Luis López Guerra que, como la mayoría del integrantes de este órgano, se opuso con su voto a la aplicación esta doctrina.

Según sostuvo el titular de Justicia preguntado sobre si la conducta del mencionado juez podría ser reprochable, "ha quedado constatado que se ha opuesto a la tesis de la Audiencia Nacional, del Supremo y del Constitucional".

Tras defender que al Gobierno que preside Mariano Rajoy "no le gusta" la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), pero que cuando se forma parte de un organismo de este tipo "hay que estar a las consecuencias", recalcó que las tesis de los tribunales españoles no han sido defendidas por López Guerra, del que señaló que "ha formado parte del Tribunal Constitucional". "No incluyo que se haya opuesto a la tesis del Gobierno, porque el Gobierno lo que hizo fue defender a nuestro Tribunal Supremo y al Tribunal Constitucional, y esas tesis no han sido defendidas por un magistrado que ha sido parte del propio Tribunal Constitucional. Constato el hecho", sostuvo.

La Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos está integrada por 17 jueces. En su sentencia definitiva, acordó, por quince votos contra dos, que ha habido vulneración del artículo 7 –no hay pena sin ley– del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Por unanimidad, "que desde el 3 de julio de 2008, la privación de libertad de la demandante (Inés del Río Padra) no es regular y vulnera el artículo 5.1 –derecho a la libertad y a la seguridad–; y por dieciséis votos contra uno, que corresponde al Estado demandado garantizar la puesta en libertad de la demandante en el plazo más breve posible".

Por contra, el ministro de Justicia trasladó su "profundo reconocimiento" al trabajo de la abogacía del Estado. "Ha habido felicitación explícita y expresa", dijo Ruiz-Gallardón.

Por su parte, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, mantuvo que, a su juicio, no existe ninguna incompatibilidad entre la consigna de su gabinete de no valorar nunca las decisiones de la Justicia y el hecho de no compartir ahora el fallo de Estrasburgo. 

"Hemos defendido la postura que entendimos que era justa y coherente con nuestro Derechos. Defendíamos que no era lo mismo un asesinato que veinte asesinatos o una condena por 30 años de cárcel que por 3.000. Y que no se está hablando de irretroactividad de la pena, sino de su ejecución. Para nosotros la doctrina Parot era justa".

Por ello, y preguntada por las palabras del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que calificó la sentencia del TEDH de "injusta y equivocada", dijo que el Gobierno no puede defender ahora una "cosa distinta" de la que defendió en todo este proceso. "Otra cosa es que estemos sometidos a convenios internacionales", añadió.

En los últimos días, sectores del PP, de la derecha mediática y de las víctimas del terrorismo han apuntado a la existencia de un pacto pasado entre el socialista José Luis Rodríguez Zapatero y la banda terrorista para tumbar la doctrina Parot. El blanco de todas esas críticas está siendo López Guerra. Este magistrado fue secretario de Estado de Justicia hasta 2007, cuando aterrizó en el TEDH.

La posición de FAES

En esta línea, FAES, la fundación que preside José María Aznar, emitió el pasado día 22 un comunicado en el que su secretario general, Javier Zarzalejos, abordaba, entre otros asuntos, esta cuestión. "No puede atribuirse el fallo a una Corte distante y ajena a la tragedia que el terrorismo ha causado en España. En el Tribunal se sienta un magistrado español, con trayectoria política y puestos de alta responsabilidad en el Ministerio de Justicia del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Un magistrado que había ya expresado su prejuicio, en el sentido literal del término, en contra de la doctrina Parot. No puede extrañar que si es el propio magistrado español el que aboga por la nulidad de esa doctrina, los demás le sigan no sólo en la interpretación del Convenio Europeo de Derechos Humanos sino en la interpretación de la legislación nacional. Pero ni la nulidad de la doctrina Parot era evidente por sí misma –como ahora muchos pretenden hacer ver– ni faltan en la propia jurisprudencia del Tribunal argumentos para sostener su validez", señaló.

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