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Las cintas del excomisario Villarejo

Hacienda abrió en cuatro años seis investigaciones sustentadas en revelaciones periodísticas como las de Corinna

Corinna asegura que Juan Carlos I se acogió a través de testaferros a la amnistía de Montoro y que la protegió con documentos del CNI

La resistencia de los dos principales partidos, PP y PSOE, a impulsar o apoyar cualquier investigación que tome como base las revelaciones de Corinna zu Sayn-Wittgenstein sobre Juan Carlos de Borbón ha topado con la pauta seguida por ambas formaciones en los últimos cuatro años.

A lo largo del cuatrienio y bajo la batuta del PP, la Agencia Tributaria (AEAT) abrió al menos seis investigaciones de oficio con el sustento inicial de informaciones de prensa cuyo valor remarcó en distintas ocasiones el entonces ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. Ese, haber arrancado con noticias como detonante inicial, fue el nexo común de inspecciones de Hacienda en casos como el de los papeles de Panamá o el de la presencia accionarial del efímero fiscal jefe anticorrupción Manuel Moix en una empresa opaca radicada en ese mismo paraíso fiscal. Los socialistas no solo auspiciaron una política de inspecciones que evitase cualquier atisbo de doble rasero en función de la relevancia social o las simpatías políticas de los contribuyentes sometidos a escrutinio sino que exigieron a Hacienda que informase puntualmente al Congreso del resultado de sus pesquisas.

Ahora, las posiciones han cambiado. "Son grabaciones antiguas y, por lo tanto, ni las consideramos", dijo el viernes la ministra portavoz, Isabel Celáa, en relación al relato desplegado por la que fue "amiga entrañable" del ahora rey emérito en una de las cintas del excomisario Villarejo.

El candidato a la presidencia del PP, Pablo Casado, ha llegado aún más lejos al expresar su “absoluto respaldo” a la Casa del Rey ante la posibilidad no de una investigación tributaria o de la Fiscalía sino de que el Congreso investigue las presuntas ilegalidades que la lobbista alemana atribuye al padre de Felipe VI. "Yo siempre defenderé al Rey de España", proclamó el aspirante.

¿Resultan compatibles las palabras de la ministra Celáa con que la Agencia Tributaria abra una investigación basada en las informaciones publicadas por elespanol.com y okdiario.com sobre lo que, según Corinna Sayn Wittgenstein, hizo Juan Carlos I? Es decir, abrir cuentas opacas en Suiza, usarla a ella misma de testaferro, cobrar comisiones del AVE a la Meca y finalmente acogerse a la amnistía fiscal.

Un portavoz de la Agencia Tributaria respondió este lunes casi de forma idéntica a como la titular de Hacienda, María Jesús Montero, lo hizo el viernes: "De acuerdo con el artículo 95 de la Ley General Tributaria, la Agencia Tributaria no puede ofrecer información sobre sus actuaciones en relación con casos o contribuyentes concretos", fue su respuesta.

El mismo portavoz explicó la mecánica de las inspecciones: "Para el análisis de los riesgos tributarios, la Agencia Tributaria recibe y procesa información de múltiples fuentes. Muchas son a partir de modelos oficiales de suministro de información, incluyendo los internacionales y otras son singulares. Naturalmente, las informaciones periodísticas aparecidas sobre datos relevantes, ya sean estos individuales o afectando a un colectivo de contribuyentes, son también objeto de atención y análisis en la AEAT y, en los casos en que ponen de manifiesto riesgos de incumplimiento fiscal, dan lugar a la correspondiente reacción en términos de verificación de los hechos y, en su caso, actuaciones de control tributario".

La AEAT sostiene que "todas las actuaciones de comprobación e investigación se inician de oficio". Salvo que medie "una petición del obligado tributario cuando está siendo objeto de actuaciones de carácter parcial, en cuyo caso podrá solicitar a la Administración Tributaria que las mismas tengan carácter general respecto al tributo, y en su caso periodos afectados".

"Por tanto –apostilla la fuente– todas las investigaciones y comprobaciones las realiza la AEAT de oficio, incluyendo aquellas que toman como referencia o apoyo una denuncia tributaria, una información periodística o cualquier otra fuente de información externa, no siendo posible distinguir de todas ellas las que tienen su origen o se apoyan en informaciones periodísticas.

¿Y la Fiscalía, actuará de oficio? El jueves, un portavoz autorizado ya señaló a este periódico que a día de hoy se sigue analizando la ingente documentación -buena parte de ella, sonora- incautada tras su detención al excomisario Villarejo, embarcado en una guerra sin cuartel con el CNI o viceversa, según las afinidades e intereses de cada fuente. "Los tiempos de la Fiscalía no son los de Villarejo", avisó ese día el interlocutor pulsado por este periódico. En la Fiscalía existe la convicción de que las cintas divulgadas forman parte de una operación de chantaje a gran escala urdida por el policía jubilado, en prisión preventiva desde noviembre bajo la acusación de blanqueo y soborno.

¿Pero puede el ministerio público hacer oídos sordos a las palabras de Corinna, que en ningún momento ha desmentido la autenticidad de la grabación, incluso si a quien grabó esa conversación no solo no le guiaba el ánimo de favorecer la lucha contra la corrupción sino, muy al contrario, solo pretendía blindarse en un intento por salir indemne de una investigación que afectara a sus propios y presuntos delitos? Esa sigue siendo la gran pregunta. A diferencia de lo que sucedía cuando ostentaba la Jefatura del Estado, Juan Carlos de Borbón ya no es inviolable. Sus actuaciones son susceptibles de investigación judicial pero solo por el Tribunal Supremo.

Jose María Mollinedo, secretario general del sindicato de técnicos de Hacienda, Gestha, ofrece una respuesta válida para el debate sobre la inspección tributaria pero extrapolable a unas eventuales diligencias de investigación de la Fiscalía o, llegado el caso, a una ampliación de la materia integrada en las diligencias judiciales de la llamada Operación Tándem, cuyo investigado principal es Villarejo. "Entendemos que tomar la decisión política, que es lo único necesario para abrir una inspección, no es tan fácil. Y que no es lo mismo investigar a un oponente político que al que fue Jefe del Estado pero esa es la cuestión: si estamos hablando de que se actúa con imparcialidad o si hay un sesgo político. Es el momento clave para que el nuevo Gobierno demuestre que no existen los escudos fiscales".

La simple mención a los "escudos fiscales" evoca el caso Nóos, el papel de la infanta Cristina –exculpada por sentencia judicial firme– y en cómo todo aquello condujo a la abdicación del monarca. El mismo que ahora se sitúa bajo el foco.

De las pensiones a eurodiputados a los 'papeles del paraíso'

Bien por esa "decisión política" a que alude Mollinedo, bien porque la Agencia Tributaria procesa datos de múltiples fuentes, como aduce su portavoz, lo cierto es que en cuatro años han sido seis las inspecciones surgidas de informaciones periodísticas.

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Siguiendo un estricto orden cronológico y aunque no siempre trascendió el resultado de las inspecciones, la Agencia Tributaria las abrió de oficio tras las informaciones publicadas sobre los siguientes casos: las pensiones pagadas por el Parlamento Europeo a antiguos eurodiputados a través de una sicav de Luxemburgo y por las que no todos los beneficiarios tributaban en España, asunto que fue destapado por infolibre en junio de 2014; los ingresos obtenidos de Venezuela por el cofundador de Podemos Juan Carlos Monedero, inspección anunciada en enero de 2015 por Cristóbal Montoro, entonces ministro de Hacienda; la utilización de sociedades opacas destapada por elconfidencial.com y La Sexta en los llamados papeles de Panamá, pesquisas que se conocieron en abril de 2016; el –presunto– fraude fiscal de Cristiano Ronaldo y el entrenador Mourinho que, con la participación internacional de diversos medios medios –entre ellos el francés Mediapart, socio editorial de este periódico– y El Mundo, sacó a la luz en diciembre de ese año el denominado Football Leaks; la presencia del fiscal jefe Anticorrupción que menos tiempo ha desempeñado el cargo, Manuel Moix, en una compañía familiar radicada en el paraíso fiscal de Panamá, revelada por infoLibre en mayo de 2017; y los papeles del paraíso, que como los de Panamá permitieron difundir la lista de españoles vinculados a diversos territorios offshore.

La existencia de esa última investigación tributaria saltó a los titulares el 15 de noviembre de 2017 a través de un despacho de la agencia EFE. Ese mismo día, Cristóbal Montoro aprovechó su comparecencia como titular de Hacienda en el Congreso para lanzar la siguiente proclama: "El Gobierno valora el papel de denuncia que ejerce la prensa en este campo y que tanto contribuye a la erradicación del fraude fiscal a través de ocultación de actividades de patrimonios en paraísos fiscales. Desde el momento en que se facilita esa información y se publica, la Agencia Tributaria interviene de oficio y va realizando esas investigaciones".

Desde el PSOE le dio la réplica el ahora secretario de Estado de Infraestructuras, Pedro Saura. Y sus palabras fueron las que se reproducen a continuación: "En este Parlamento se tendría que crear una comisión para analizar todo lo que ha pasado con el fraude fiscal y también con los paraísos fiscales". Puedes leer todo lo que dijeron Montoro y Saura pinchando en este enlace al Diario de Sesiones del 15 de noviembre de 2017.

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