La imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en el caso Plus Ultra acapara la atención política y mediática desde hace una semana. La Audiencia Nacional lo citó inicialmente como investigado por delitos de tráfico de influencias y otros conexos, aunque su declaración, prevista en principio para el 2 de junio, ha sido aplazada ahora al 17 y 18 de junio a petición de la defensa del expresidente. Aunque Zapatero aseguró que daría una rueda de prensa para explicarse, esto no ocurrirá, previsiblemente, hasta que declare.
En la oposición buscan estirar el caso al máximo y arrastrar al Gobierno por el camino. El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, aseguró que Zapatero "no era un jubilado haciendo negocios", sino que "tenía detrás al poder, al Consejo de Ministros y a la Presidencia del Gobierno". Y aunque la moción de censura sobrevuela sobre el PP, su portavoz nacional, Borja Sémper, situó la presión sobre los socios parlamentarios del Ejecutivo y trató de desplazar la conversación. “El foco político e informativo hoy está en Moncloa y en Ferraz, no en la calle Génova”, apuntó el lunes tras el comité de dirección del partido, a lo que añadió que la clave no está "en lo que Feijóo va a hacer".
Un argumento con el que coincidió el expresidente socialista Felipe González, que reclamó elecciones aunque también dijo que no veía a Zapatero “con capacidad para montar una ingeniería financiera” como la que apuntan los informes de la UDEF. Sobre una posible moción de censura del PP, el expresidente socialista fue todavía más directo que Sémper y afirmó que sería poco "inteligente" por lo que respecta a los conservadores porque “se dejaría de hablar de esto" para "hablar de la moción de censura". Además, también ironizó con quienes dicen que trabaja para el PP: “Ya habrían ganado”, apuntó.
Así, mientras el “foco” público gira alrededor de Plus Ultra tras la publicación de los informes de la UDEF y parte del sumario, quedan en segundo plano otros frentes judiciales, territoriales e institucionales que afectan de lleno al Partido Popular y a Vox. Una situación que, según apuntan fuentes de la dirección del PP, van a tratar de estirar al máximo posible para “tensionar” tanto al Gobierno como a los socios parlamentarios.
El caso Kitchen
Uno de los frentes más relevantes está también en la Audiencia Nacional y es el juicio de la operación Kitchen. Este miércoles está previsto que la vista entre en una fase decisiva con la declaración de los acusados, que empezará con Francisco Martínez, exnúmero dos de Interior, y seguirá después con el exministro Jorge Fernández Díaz. El proceso investiga la presunta trama parapolicial urdida durante el Gobierno de Mariano Rajoy para espiar al extesorero del PP, Luis Bárcenas, y sustraer documentación que pudiera comprometer al PP. En el juicio están acusados, además de Fernández Díaz y Martínez, el exDAO Eugenio Pino, el comisario jubilado José Manuel Villarejo y el chófer de Bárcenas, Sergio Ríos.
Aunque el PP ha tratado de desentenderse del caso señalando que se juzgan hechos “casi del siglo pasado”, no es una pieza menor ni una trama sin consecuencias políticas, ya que se juzga la última vez que el PP gobernó en el Estado. En los últimos días se han reproducido audios de Villarejo en los que se aludía a pagos mensuales a Rajoy y a la captación del chófer de Bárcenas como confidente. El expresidente del Gobierno declaró hace apenas un mes como testigo y se desvinculó por completo del operativo. Entró al enfrentamiento directo con el viejo contable de la formación, a quien acusó de mentir y negó haber destruido en una trituradora, como Bárcenas señaló en sede judicial, una hoja de la caja B del partido.
La trama Púnica
Tampoco ocupa el centro de la actualidad nacional la declaración de Francisco Granados, durante años mano derecha de la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre. El exconsejero y ex secretario general del PP madrileño declaró la pasada semana en su segundo juicio por la Púnica, centrado en la contratación presuntamente irregular de Waiter Music para festejos en municipios gobernados por el PP entre 2004 y 2013. Granados negó los amaños, pero la Fiscalía pide para él seis años de prisión por tráfico de influencias, prevaricación, fraude a la Administración y malversación.
A su declaración en el juicio de la pieza de la Púnica se suma ahora otra novedad. La Audiencia Nacional ha abierto juicio oral contra él y otras 40 personas, además de 79 empresas, en la pieza ocho del caso, centrada en supuestas irregularidades entre 2003 y 2011 en adjudicaciones de suelo público de la Comunidad de Madrid a través de Arpegio y en infraestructuras de Mintra. La Fiscalía Anticorrupción pide para Granados 42 años de cárcel por esta pieza, en la que también serán juzgados empresarios como David Marjaliza y Javier López Madrid. Los hechos investigados son constitutivos, según el auto, de delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, malversación, fraude y falsedad documental.
La prioridad nacional y los pactos PP-Vox
La otra cuestión que ha quedado en segundo plano son los pactos entre el Partido Popular y Vox. Este martes la formación ultra ha anunciado un acuerdo en la Comunitat Valenciana con el Consell de Juanfran Pérez Llorca, sustituto de Carlos Mazón, para aprobar los presupuestos autonómicos de 2026. La clave del pacto es la inclusión de la llamada "prioridad nacional" en ayudas sociales y vivienda, además de rebajas fiscales y medidas de acceso a la vivienda, que sigue la estela de los pactos ya aprobados en Extremadura y Aragón para investir a María Guardiola y Jorge Azcón. La aprobación definitiva de las cuentas se prevé para el mes de julio.
El presidente valenciano lidia, además, con la primera gran huelga indefinida de la educación pública valenciana desde 1988. Desde hace dos semanas miles de docentes están en huelga y han protagonizado multitudinarias manifestaciones, pese a la merma económica que les comporta. Entre sus reivindicaciones, demandan aumentos salariales, reducción de ratios, menos burocracia, defensa del valenciano y mejoras en infraestructuras.
La moción imposible de Feijóo: el PP paga el precio de depender (para todo) de Vox
El acuerdo valenciano se suma al pulso abierto en Castilla y León, donde Vox afirma que las negociaciones con el PP "van bien" y prevé un pacto "en breve" para la investidura de Alfonso Fernández Mañueco. En Andalucía, en cambio, Juanma Moreno se resiste a abrir la negociación con la extrema derecha tras perder la mayoría absoluta en las elecciones del pasado 17 de mayo, mientras los de Abascal le acusan de "bloqueo" por no contactar con su candidato. Lo cierto es que al andaluz le gustaría replicar el modelo de pactos que se da en la Unión Europea entre socialistas y populares, pero Génova ha cerrado por completo esa vía, al igual que el PSOE de María Jesús Montero.
Las polémicas que golpean a cargos ultras
Hay, además, otras cuestiones que golpean directamente a Vox. En Alcalá de Henares, su portavoz municipal y segundo teniente de alcalde, Víctor Acosta, ha sido denunciado por presuntos delitos de acoso sexual y laboral, amenazas y revelación de secretos. La formación de Abascal ha pedido prudencia y defiende la presunción de inocencia, mientras sus servicios jurídicos estudian la denuncia. La querella presentada recoge las quejas de dos funcionarios del Ayuntamiento, donde el político acusado cogobierna junto al PP de la alcaldesa Judith Piquet.
En Aragón, el diputado de Vox David Arranz provocó una nueva polémica en la comisión de Educación de las Cortes autonómicas al afirmar que le gustaría ver "mucho cerdo en los comedores escolares", en el contexto de la supresión del programa para la Enseñanza de Lengua Árabe y Cultura Marroquí prevista en el pacto con el PP, y también tachó de "suicidio social" la acogida de migrantes.
La imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en el caso Plus Ultra acapara la atención política y mediática desde hace una semana. La Audiencia Nacional lo citó inicialmente como investigado por delitos de tráfico de influencias y otros conexos, aunque su declaración, prevista en principio para el 2 de junio, ha sido aplazada ahora al 17 y 18 de junio a petición de la defensa del expresidente. Aunque Zapatero aseguró que daría una rueda de prensa para explicarse, esto no ocurrirá, previsiblemente, hasta que declare.