La investigación por corrupción en los negocios y administración desleal contra Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, sigue sin avances significativos quince meses después de su apertura. La pieza separada, que deriva de la principal –la que versa sobre el fraude fiscal–, se mantiene en stand by a la espera de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, a la que se encargó hacer averiguaciones en relación a una operación de compraventa societaria que podría esconder, a ojos de la Fiscalía, una comisión encubierta a un directivo del grupo sanitario Quirón. Un informe que, más de medio año después, sigue sin llegar.
La apertura de esta pieza separada se produjo en octubre de 2024, frustrando las pretensiones del empresario de resolver sus problemas con la justicia por medio de un pacto con Fiscalía y Abogacía del Estado que pusiera un rápido punto final a la causa contra él por fraude fiscal. En un primer momento, la entonces instructora, Inmaculada Iglesias, rechazó la ampliación de la investigación reclamada por PSOE y Más Madrid, que ejercen la acción popular. Pero tras un recurso de ambas formaciones, rectificó y aceptó abrir una nueva línea en las pesquisas, decisión que posteriormente fue avalada por la Audiencia de Madrid.
Los hechos se centran en una empresa: Masterman & Whitaker. Es la sociedad a la que Maxwell Cremona, también controlada por González Amador, cedió a finales de 2021 parte de los servicios que había acordado prestar a Quirón Prevención SL, filial del gigante que se ha beneficiado de la privatización sanitaria del PP en la Comunidad de Madrid. Esta operación fue recogida por la Agencia Tributaria, que en el informe que en su día elaboró sobre las empresas de González Amador señalaba que la citada maniobra no era más que una "simulación" para generar "bases imposibles negativas" en la sociedad a compensar en el "futuro". Masterman, decía, no tenía medios suficientes como para realizar los servicios cedidos.
Esta empresa no siempre se llamó así. La sociedad se constituyó el 3 de noviembre de 2008 con un capital social de 3.300 euros y con el nombre Círculo de Belleza. Las participaciones se dividieron entre tres accionistas. Gloria Carrasco, a la que se designó como administradora única de esta compañía dedicada a la cosmética, se quedó con el 60%. Su hermano, con un 20%. Y su esposo, Fernando Camino, con otro 20%. Este último es, desde hace años, director general de Quirón Prevención. Y era consejero de Mape, la empresa para la que intermedió la pareja de Ayuso en una operación de compraventa de mascarillas que le reportó 1,97 millones de euros.
La pareja de la presidenta madrileña compró en plena pandemia la sociedad a la mujer de Camino, que con el paso de los años se convirtió en accionista única. El 4 de diciembre de 2020 se transmitieron a Maxwell Cremona por 499.836 euros todas las participaciones de Círculo de Belleza, que luego pasaría a denominarse Masterman. Un importe "elevado" a ojos de la Agencia Tributaria. Y de la Fiscalía: "No tenía inmuebles a su nombre; no tenía (ni había tenido en los años anteriores) trabajadores; y su activo material estaba compuesto por un ordenador portátil sin valor y tres aparatos de depilación y remodelación corporal", analizaba el Ministerio Público en un escrito.
Siete meses de espera
"En tres meses el valor de la participación tuvo un incremento superior al 1.000%", recogía la magistrada instructora –ya jubilada– en una de sus últimas resoluciones, en la que recordaba que en septiembre de ese mismo año Carrasco había comprado a su esposo y a su hermano sus participaciones en la sociedad –el 40%– por un total de 16.000 euros. Un auto en el que deslizaba que existían "indicios" de que la operación "se llevó a cabo para retribuir la intermediación" en la operación de compraventa de mascarillas en lo peor de la pandemia o por "el incremento de la facturación" recibida de Quirón Prevención, en cuyos ficheros internos, según reveló eldiario.es, aparece el empresario pareja de Díaz Ayuso bajo el nombre "Alberto Burnet González".
Aquella resolución, fechada el pasado 27 de junio, fue, precisamente, la que activaba al grupo de élite de la Guardia Civil para que investigara los hechos, dada la "complejidad de la investigación" y el "carácter interprovincial de la trama supuestamente delictiva". Unas pesquisas cuyo estado se desconoce más de medio año después. Las partes personadas en el procedimiento siguen a la espera del informe de la UCO. "Esta oficina de prensa no tiene constancia oficial de que [el informe] haya llegado al juzgado", apuntan desde el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
La unidad de élite de la Guardia Civil ha ejercido y ejerce labores de investigación en los casos de mayor impacto político y mediático de los últimos tiempos. Y en algunos, pese a su complejidad, suele actuar con bastante diligencia y rapidez. En febrero del año pasado, por ejemplo, el instructor del entonces caso Koldo le solicitó que elaborara un estudio sobre el patrimonio del exministro de Transportes José Luis Ábalos y su hijo, entregando una primera aproximación del mismo un mes después. Y mes y medio tardó la UCO en hacer llegar al magistrado que lleva la causa en el Supremo, Leopoldo Puente, un primer informe sobre supuestos amaños en la adjudicación de obras públicas denunciados por Víctor de Aldama –el documento que hizo caer al sucesor de Ábalos como secretario de Organización, Santos Cerdán–.
Según publicó El Mundo, la causa del retraso en las pesquisas relacionadas con González Amador se debe a la lentitud en la remisión de las actuaciones a la unidad investigadora, trámite que se no se habría producido hasta principios de noviembre.
Explicaciones que no desvirtúan los "indicios de criminalidad"
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La decisión de la jueza instructora de activar a la UCO se produjo tras una primera batería de declaraciones en la que tanto la pareja de Díaz Ayuso como Carrasco negaron la existencia de un soborno al directivo de Quirón, alegando que el elevado precio pagado por la empresa obedecía al potencial de la misma. El mismo argumento que ya esgrimió en la inspección fiscal: "Es una apuesta por esta empresa y es quien nos hacía de enlace con las farmacias para implantar Covid Seguro. Además, esta empresa tiene un contrato con Mape. Se pagó este importe por los acuerdos que tenía Círculo de Belleza con estas empresas, dado que en ese momento resultaban atractivos".
Pero ni todas estas explicaciones ni los documentos aportados al juzgado, entre ellos una adenda al contrato de compraventa de la sociedad en la que Carrasco se comprometía a no competir con él y a conectarle con clientes, convencieron ni a la jueza ni a la Fiscalía. "Una vez practicadas las declaraciones de los investigados, es llano que los indicios de criminalidad no se han desvirtuado en absoluto", recogía el fiscal Diego Lucas en el escrito con el que solicitó que se pusiera el caso en manos de la Unidad Central Operativa.
Y concluía el Ministerio Público: "Es claro que González Amador no pagó medio millón de euros a Carrasco Fernández porque pensara que iba a obtener algo de esa empresa, y es muy alta la probabilidad de que lo hiciera para retribuir un favor recibido, ya fuera en relación a la intermediación entre FCS y Mape, o por el incremento de la facturación recibida de Quirón Prevención (y la que haya obtenido después, que por el momento no consta en los autos), o por ambas cosas".
La investigación por corrupción en los negocios y administración desleal contra Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, sigue sin avances significativos quince meses después de su apertura. La pieza separada, que deriva de la principal –la que versa sobre el fraude fiscal–, se mantiene en stand by a la espera de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, a la que se encargó hacer averiguaciones en relación a una operación de compraventa societaria que podría esconder, a ojos de la Fiscalía, una comisión encubierta a un directivo del grupo sanitario Quirón. Un informe que, más de medio año después, sigue sin llegar.