Tres magistrados –todos ellos hombres– de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo alcanzarán la edad de jubilación en lo que queda del año. Sus vacantes se sumarán a la ya convocada por el Consejo General del Poder Judicial para juristas de reconocido prestigio en la que conservadores y progresistas, hasta el momento, no han logrado ponerse de acuerdo. A esas cuatro plazas se sumará una más prevista para esa Sala en el decreto que prepara el Gobierno para la disposición de 500 nuevas unidades judiciales este mismo año. En total son cinco plazas libres de las que, al menos cuatro, deberán ser ocupadas por mujeres en cumplimiento de la ley de paridad que obliga a respetar la representación equitativa del 60%-40% entre miembros de ambos sexos.
La Sala de lo Penal es, actualmente, una de las más marcadas por la ausencia de una presencia equilibrada de hombres y mujeres en el Supremo. Las magistradas del tribunal que se ocupa de los políticos y demás aforados y que tiene la última palabra sobre todas las causas criminales que se instruyen y juzgan en España son solo tres: las progresistas Ana Ferrer y Susana Polo, y la conservadora Carmen Lamela. De sus 12 compañeros, tres –Andrés Palomo, Ángel Hurtado y Juan Ramón Berdugo– se jubilarán en los próximos junio y septiembre al alcanzar la edad máxima de jubilación, 72 años. La comisión de igualdad del Consejo aprobó a finales de 2024 que, tras la entrada en vigor de la ley de paridad, esta debía cumplirse entre los componentes de cada una de las cinco salas del Alto Tribunal.
Al permanecer aún estos tres últimos en sus puestos, el Consejo solo ha convocado –lo hizo el pasado 23 de julio– la plaza que dejó vacante Miguel Colmenero, retirado en 2024, correspondiente a juristas de reconocido prestigio. La comisión de calificación del órgano de gobierno de los jueces, la que se encarga de preseleccionar a los candidatos para que decida el Pleno, ya ha entrevistado a los 14 aspirantes de los que ha elegido a 12 catedráticos y profesores universitarios, entre los que los 20 vocales y la presidenta del CGPJ tendrán que extraer al nuevo magistrado por una mayoría de tres quintos (13 votos). La falta de acuerdo ha llevado a conservadores y progresistas a posponer el nombramiento a septiembre, cuando haya cuatro vacantes gracias a las jubilaciones y el margen para negociar entre ambos sectores sea más amplio.
Sea como sea, si el Consejo decide seguir el criterio paritario establecido por su propia comisión de igualdad, las cuatro plazas deberán ser ocupadas por mujeres, lo que en principio descartaría a todos los candidatos hombres de la única convocatoria que ya está en trámite. Los consejeros del Poder Judicial y su presidenta tendrían que elegir para el puesto a una de las cinco catedráticas que se han postulado: Silvina Bacigalupo (Universidad Autónoma de Madrid), María del Mar Carrasco y Carmen Juanetey (ambas de la Universidad de Alicante), Alicia Gil (Universidad Nacional de Educación a Distancia) y María Paz Lloria (Universitat de València). La plaza está reservada para abogados, fiscales, académicos y en general juristas de prestigio con más de 15 años de experiencia en Derecho Penal.
Fuentes del CGPJ aseguran, sin embargo, que el sector de vocales a propuesta del PP solo ha apoyado hasta el momento a aspirantes de sexo masculino en el proceso. La misma situación se dio ante el nombramiento de las dos presidencias clave del Supremo el pasado verano. El Consejo se bloqueó en la designación ante el empeño de los conservadores de promocionar a dos hombres para dirigir la Sala de lo Penal y la de lo Contencioso-Administrativo, plazas que, según la ley de paridad, debieron corresponder a magistradas. El nombramiento de los dos candidatos apoyados por la derecha –Andrés Martínez Arrieta y Pablo Lucas– solo se produjo cuando las dos candidatas preseleccionadas –Ana Ferrer y Pilar Teso– decidieron retirar sus candidaturas para romper el bloqueo.
Las convocatorias de las otras tres plazas que se liberarán este año –las de Palomo, Hurtado y Berdugo– todavía no se han aprobado. A ellas se sumará, previsiblemente, la prevista en el proyecto de real decreto que prepara el departamento de Félix Bolaños para crear 500 nuevas unidades judiciales, una de las cuales irá a la Sala Segunda del Alto Tribunal. De esas cuatro nuevas vacantes, tres deberían ser cubiertas con mujeres. Con la nueva plaza que prepara el Gobierno, la plantilla de la Sala será de 17 personas. El mínimo legal del 40% para cualquiera de los dos sexos se establece, por tanto, en siete miembros. Quedan, por tanto, cuatro juezas por designar que se sumen a las tres actuales. Para ello es necesario –eso sí– que se presenten candidatas a los puestos.
Tras la aprobación por la comisión de igualdad del Consejo del criterio para aplicar la ley de paridad a los nombramientos discrecionales –que se cumpla entre las presidencias de las distintas salas de cada tribunal y en el seno de cada una de ellas– la presidenta del órgano de gobierno de los jueces, Isabel Perelló, encargó un informe al respecto a los servicios técnicos de la institución, que afirmaron que la paridad debía respetarse en la totalidad de nombramientos hechos durante los cinco años de mandato de los vocales. El sector progresista rechaza esta interpretación y varios de sus miembros advierten de que, de no respetarse la ley, las designaciones podrían ser posteriormente anuladas por la Sala de lo Contencioso del Supremo, la que resuelve los recursos contra las decisiones del CGPJ.
Tres magistrados –todos ellos hombres– de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo alcanzarán la edad de jubilación en lo que queda del año. Sus vacantes se sumarán a la ya convocada por el Consejo General del Poder Judicial para juristas de reconocido prestigio en la que conservadores y progresistas, hasta el momento, no han logrado ponerse de acuerdo. A esas cuatro plazas se sumará una más prevista para esa Sala en el decreto que prepara el Gobierno para la disposición de 500 nuevas unidades judiciales este mismo año. En total son cinco plazas libres de las que, al menos cuatro, deberán ser ocupadas por mujeres en cumplimiento de la ley de paridad que obliga a respetar la representación equitativa del 60%-40% entre miembros de ambos sexos.