Memoria histórica

La jueza archiva el caso de las exhumaciones de Paterna: los huesos tienen más de 20 años y el caso ha prescrito

Los expertos de ArqueoAntro comienzan los trabajos de excavación de la fosa común..

La titular del juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Paterna, en Valencia, ha decidido archivar la causa por las víctimas del franquismo enterradas en la fosa número 22 del cementerio de la localidad. No habrá judicialización del caso, y los 38 cadáveres que se pretendían identificar se quedarán sin una investigación judicial para depurar responsabilidades. De esta forma finaliza la incertidumbre en la que vivían las familias de las víctimas desde hacía varios días. 

"Como siempre, los jueces miran hacia otro lado", lamenta Sonia Martínez, nieta de uno de los fusilados cuyos restos se encuentran en la fosa. "Era lo que nos esperábamos, lamentablemente. La Justicia ni estaba ni se la esperaba", critica Matías Alonso, presidente del Grupo para la Recuperación de la Memoria Histórica (GPRMH). 

¿Qué argumentos da la jueza para el archivo del caso? Principalmente, la data de los cuerpos. Según explica Miguel Mezquida, director arqueológico de ArqueoAntro –la responsable de los trabajos–, el informe forense afirma que los restos hallados tienen más de 20 años de antigüedad y que, por ello, el delito ha prescrito y no ha lugar a su investigación. "Una vez informado por el médico forense del Instituto de Medicina Legal de Valencia (...) que es compatible que los cuerpos pueden tener una data superior a 20 años, unido ello a las evidencias halladas por los científicos que se encuentran trabajando en la fosa, mostrándose dichos técnicos convencidos (...) de que los cuerpos son de represaliados de la Guerra Civil y la dictadura, no existe razón para continuar con la presente investigación", argumenta la jueza en su auto, al que ha tenido acceso infoLibre. "Según la Ley de Enjuiciamiento Criminal, el delito ha prescrito, pero el problema es que este no es un crimen normal. Es un delito de lesa humanidad", critica Mezquida. 

Y en la misma línea se expresa Alonso, que critica duramente los argumentos en los que se basa el juzgado para tomar esta decisión. "La Justicia se niega a admitir que estos son delitos de lesa humanidad y de desaparición forzada", critica, y añade que es un caso de "asesinatos cometidos por gente vestida de uniforme". "Aunque hayan muerto las personas que los cometieron" –que es otro argumento empleado por la magistrada–, "el Estado hereda esa deuda con los familiares de los represaliados, que son ahora las víctimas", lamenta. 

La Ley de Amnistía, un obstáculo

La Ley de Amnistía es otra de las razones esgrimidas para el archivo de la causa. La normativa, aprobada en 1977, constituyó un "pilar esencial, insustituible y necesario para superar el franquismo y lo que este suponía", explica el auto. Y, como tal, se aplica en aquellos casos en los que "se pretende la investigación y persecución de crímenes ocurridos durante la Guerra Civil o los primeros años de la posguerra". Todos los actos de intencionalidad política cometidos antes del 15 de diciembre de 1976 quedaron amnistiados tras la aprobación, con 296 votos a favor, de la norma. 

 

Y este es, precisamente, el caso de los restos que ocupan la fosa. Todas estas personas fueron asesinadas el 28 de julio de 1939, meses después de haber finalizado la contienda, cuando "todos los días mataban a una o a dos personas", según recuerda Martínez. 

Para Alonso, en cambio, el uso de este argumento se basa en una mala interpretación que radica en la propia ley. "La Ley de Amnistía no se puede aplicar hasta que la víctima aparece, viva o muerta. Si estas personas aún no tienen identidad, no han aparecido. Por tanto, ¿cómo se pueden amnistiar sus asesinatos?", se pregunta. 

Las exhumaciones continuarán

No obstante, el archivo de la causa no paraliza los trabajos de exhumación de los cuerpos. Los técnicos comenzaron a excavar el pasado día 2, dentro del marco de las actuaciones en materia de memoria histórica que se prevé que se llevarán a cabo durante 2018 y que cuentan con un presupuesto de 626.000 euros. "Continuamos con nuestro trabajo de dignificar a este país, que no puede considerarse democrático si todavía tiene las cunetas y los cementerios llenos de fosas comunes", dijo al inicio de las actuaciones Rosa Pérez Garijo, la diputada de Memoria Histórica del Gobierno autonómico. Se esperaba que, en dos meses aproximadamente, la fosa común fuera exhumada por completo por el equipo de ArqueoAntro.

Por el momento, hay 18 cuerpos que ya están listos para ser extraídos de la fosa y, a pesar de la decisión de la magistrada, esto seguirá adelante. "Lo bueno es que podemos continuar con los trabajos. Hasta que el Juzgado no tomara una decisión, para bien o para mal, los huesos no podíamos tocarlos y, al estar expuestos, se estaban deteriorando", explica Mezquida. 

Por ello, a partir de este martes comenzarán a exhumar, según confirma. "Cuando acabemos, los llevaremos a la Escuela de Medicina Legal de la Universidad Complutense de Madrid, donde se estudiarán y, más adelante, comenzarán las tareas de identificación", detalla el arqueólogo. Esta es la ruta de trabajo que se ha llevado con los cadáveres encontrados en las fosas 113, 82 y 92

En paralelo, las familias se plantean recurrir, aunque en caso de decidir hacerlo los trabajos de extracción de los huesos ya no se paralizarán. "Esperamos reunirnos con una abogada el viernes para decidir cómo actuamos ahora", explica Martínez. Ellos, los hijos y nietos de los fusilados, son ahora las víctimas, como lamenta Alonso. "Si ha pasado tanto tiempo hasta que han reclamado los restos de sus familiares es porque, durante mucho tiempo, a estas personas se les ha negado su derecho a preguntar qué había ocurrido. No se están teniendo en cuenta los derechos de la víctima viva", sentencia. 

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