La Justicia rechaza indultar a un funcionario corrupto porque no devolvió su "obsceno enriquecimiento"

Imagen de la casa rectoral de Paraños que destapó el 'caso Retablo' antes de su restauración.

David Reinero (Praza.gal)

“Permitir que el condenado vuelva a ejercer cualquier cargo o empleo público sería una burla a las finalidades de la pena”. Así acaba de pronunciarse la Audiencia de A Coruña, en un informe con fecha del 20 julio, ante la petición de indulto del año que le resta de inhabilitación para empleo público formulada por uno de los dos funcionarios condenados por soborno en 2017 en el caso Retablo de corrupción con arte sacro, Carlos Gómez-Gil Aizpurúa.

El indulto es una gracia que otorga discrecionalmente el Gobierno del Estado, pero antes debe consultar la opinión de las partes implicadas en la causa penal que dio lugar a la condena. En este caso ya se había pronunciado en contra del indulto la Fiscalía y ahora lo hace el magistrado Ángel Pantín, de la Sección Sexta de la Audiencia de A Coruña, con sede en Santiago, presidente del tribunal competente para la ejecución de la pena. “No se hizo efectivo en absoluto el embargo impuesto, que permitiría retornar a las arcas públicas el obsceno enriquecimiento delictivo obtenido por el solicitante”, dice el juez en referencia a los 103.000 euros que el condenado tenía que devolver.

El caso Retablo se destapó en 2009, después de que vecinos de Paraños, en Covelo (Pontevedra), descubrieran que Gómez-Gil, que ahora ha cambiado el orden de sus apellidos, intentaba vender en internet la que había sido la casa rectoral de la parroquia por 680.000 euros tras comprársela a la Iglesia por solo 60.000 euros. La investigación reveló cómo Gómez-Gil, funcionario de carrera del Ministerio de Cultura que trabajó para la Xunta entre 2004 y 2009, y José Manuel Pichel, arquitecto que también trabajaba para la Administración gallega, facilitaban contratos a empresas implicadas en la trama y decidían qué obras de restauración de bienes eclesiásticos se ejecutaban a cambio del pago de comisiones.

El caso se saldó en junio de 2017 con una condena por acuerdo de las partes en la que los acusados admitieron los delitos a cambio de una reducción de las penas. Gómez-Gil fue condenado por la Audiencia de A Coruña a dos años de cárcel, inhabilitación para empleo público por seis años, el embargo de 103.000 euros y una multa de poco más de 2.000 euros.

El condenado no entró en prisión tras su compromiso de no volver a delinquir, pero sigue teniendo vigente la inhabilitación para empleo público, de la que ya cumplió cinco años y le resta otro. Ahora Gómez-Gil, como desveló Praza.gal hace un mes, ha pedido el indulto para volver a trabajar en un museo estatal fuera de Galicia. Lo hizo en un escrito en el que se queja de la "pena de banquillo" que sufrió y de que las informaciones sobre él le impiden encontrar otro trabajo.

A pesar de que la defensa aseguró en la petición del indulto que además de pagar la multa también había asumido las responsabilidades civiles, el escrito con el que la Fiscalía ya mostró su oposición al perdón señaló precisamente como uno de los motivos para rechazarlo que “no hizo frente a la responsabilidad civil derivada de estos hechos” y que “no reparó el daño causado”. Y ahora la Audiencia constata que “consultada la pieza correspondiente no se hizo efectivo en absoluto el embargo impuesto, que permitiría retornar a las arcas públicas el obsceno enriquecimiento logrado por el solicitante”.

El embargo está cifrado en la sentencia condenatoria en 103.350 euros, la cantidad que se pudo probar que el condenado había ingresado en sus cuentas procedentes de las empresas de la trama entre 2004 y 2009. Sin embargo, otros sobornos obtenidos no pudieron ser cuantificados, como las mejoras que las empresas realizaron en la casa rectoral que destapó el caso.

Para la Audiencia, “el delito cometido es un paradigma del abuso del puesto en la administración pública que el solicitante desempeñaba y reviste especial gravedad dado que no se trató de un acto puntual sino de una conducta sostenida en el tiempo, llevada a cabo de forma coordinada con terceros y que desencadenó el enriquecimiento que en los hechos probados de la sentencia se refleja”. Por eso, añade, “permitir que el condenado vuelva a ejercer cualquier cargo o empleo público sería una burla a las finalidades de la pena”.

El escrito, firmado por el magistrado Ángel Pantín, concluye que “no procede informar favorablemente a la petición de indulto al no concurrir razones de justicia o equidad que justifiquen la petición”.

En una línea similar se manifestó ya ante la petición de indulto la Fiscalía, que consideró que el condenado “demostró con sus actos la peligrosidad que para la sociedad representa al ejercer como funcionario público sin atender sus deberes de lealtad con la Administración”.

Y también en contra del indulto se manifestó ya la representación de los vecinos de Paraños con un escrito en el que que argumentó que “si la institución del indulto, en general, es cuestionable doctrinalmente, aquellos concedidos a los reos por corrupción son directamente improcedentes, por los desgraciados efectos que producen tanto en la sociedad como en los potencialmente corruptos, que se enteran de que la jurisdicción penitenciaria es un obstáculo vencible y que la prisión no es lugar para personas de cierto estatus económico, político o social, sino para los ciudadanos marginados".

Aquí puedes leer el texto en gallego.

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