Justicia sólo ha recibido la mitad de los informes solicitados sobre la reforma de la ley del aborto

La idea más extendida en el Partido Popular y en el Gobierno es que Mariano Rajoy no tiene ninguna intención de agilizar la reforma de la ley del aborto que ha encargado al ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón. Primero, por la fuerte oposición interna que ha ocasionado en su propio partido. Y segundo, y más importante, por la proximidad de las elecciones europeas. Los conservadores ya cuentan con que la oposición hará del anteproyecto uno de los ejes de la campaña y creen que sería un error de estrategia devolverlo a la primera línea.

Este martes, el propio ministro de Justicia salió al paso de esta tesis desvinculando el ritmo que lleva la reforma de la proximidad de la cita electoral del 25 de mayo. Desde Bruselas, donde participó en una reunión con sus homólogos en los distintos países de la Unión Europea, Ruiz-Gallardón puso el foco en los informes consultivos solicitados antes de proseguir con el resto de trámites que conduzcan a que este anteproyecto de ley se convierta en proyecto y pase de nuevo por el Consejo de Ministros, pero esta vez de camino al Congreso de los Diputados. 

No obstante, el estado de los informes induce a pensar que el Consejo de Ministros no volverá a debatir sobre esta reforma hasta pasadas la cita con las urnas. Fuentes del ministerio consultadas por este diario apuntan a que, hasta la fecha, se han recibido aproximadamente la mitad de los 29 estudios solicitados. 

Tras aprobarse el 20 de diciembre, en el penúltimo Consejo de Ministros del año 2013, Justicia remitió el anteproyecto a los 29 órganos consultivos entre los días 10 y 15 de enero. Ateniéndonos a los plazos oficiales, que conceden un mes para la presentación de las observaciones, el ministerio debería haber recibido ya los correspondientes informes. Pero los órganos tienen la posibilidad de solicitar un mes más de plazo. A día de hoy, el ministerio ha recibido esta petición del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Consejo Fiscal, dos de los informes considerados prescriptivos junto a los de la Agencia de Protección de Datos y la Secretaría General Técnica del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

Una vez recibida toda la documentación, el paso siguiente que dará el departamento de Alberto Ruiz-Gallardón será el de estudiar los informes e introducir los cambios que se estimen oportunos. De ahí, el texto pasará al Consejo de Estado. Este organismo no tiene limitación de tiempo para hacer sus observaciones. Con ellas, Justicia volverá a someter a examen el anteproyecto y, si lo cree conveniente, incluirá nuevas modificaciones. Será en este momento cuando podrá hablarse ya de proyecto de ley y cuando el Consejo de Ministros volverá a ponerlo sobre su mesa. De ahí partirá al Congreso de los Diputados para su tramitación parlamentaria. 

Informe preliminar

Hasta la fecha, además del rechazo de los partidos de la oposición y de gran parte de las asociaciones de mujeres, un informe preliminar elaborado por una de las dos vocales del CGPJ encargadas de dictaminar la reforma de la legislación del aborto insta la retirada del anteproyecto entre otros motivos, porque "da una respuesta anacrónica criminalizadora" a la realidad de la interrupción del embarazo.

El borrador fue elaborado por la progresista Pilar Sepúlveda, que, junto a la conservadora Carmen Llombart recibióel encargo de elaborar el dictamen que marcará el posicionamiento del Poder Judicial respecto de la reforma del aborto. El CGPJ aún no ha decidido, no obstante, si al pleno que estudiará este tema a finales de este marzo llegarán dos propuestas o si las vocales tendrán que consensuar un texto único.

La intención de Mariano Rajoy, pese al malestar interno en el Gobierno y en el PP con el texto elaborado por el departamento de Alberto Ruiz-Gallardón, es cambiar la ley tal y como prometió en su programa electoral. La duda es hasta qué punto será modificado el polémico anteproyecto que convierte a esta legislación en la más restrictiva de la democracia, impidiendo abortar incluso en caso de malformaciones fetales.

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Una de las cuestiones clave llegada la fase del trámite parlamentario será la de la elección del diputado del Grupo Parlamentario Popular encargado de defender el texto legislativo que llegue del Gobierno. No sólo es un tema delicado porque tendrá entre manos lidiar con la oposición frontal del resto de grupos parlamentarios, sino porque muchos de sus compañeros del PP también se sienten incómodos. En las últimas semanas el tema ha sido puesto sobre la mesa en la formación conservadora y la primera conclusión a la que se ha llegado es que debe ser una mujer quien asuma las riendas de esta fase en nombre de del partido de Gobierno.

Más debate ha habido sobre el área al que debe pertenecer esta diputada. Desde un primer momento, el PP tuvo claro que no podría encomendarse a ningún integrante de la comisión de Sanidad puesto que sería rápidamente interpretado como una incoherencia por los partidos de la oposición que, a día de hoy, siguen preguntándose por qué el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, no encargó esta reforma al Ministerio de Sanidad. De hecho, los grupos de la oposición han reclamado en sede parlamentaria explicaciones sobre esta reforma tantas veces a la titular de Sanidad, Ana Mato, como a Alberto Ruiz-Gallardón.

Cuentan las fuentes conocedoras de estas negociaciones que se ha hablado sobre si apostar por una diputada del área de Justicia o del área de Igualdad. De área de Igualdad, una comisión que preside Carmen Quintanilla, el nombre que más ha sonado es el de la diputada Susana Camarero. Pero a día de hoy, los planes es que sea una integrante de la Comisión de Justicia la encargada de defender la postura del Grupo Parlamentario Popular en esta materia. Uno de los nombres que suena con más fuerza para llevar a cabo la defensa de este texto es la de la diputada catalana Dolors Montserrat, vocal de la Comisión de Justicia y vicepresidenta tercera del Congreso.