Política

¿Cuándo es justificable burlar la ley?

Un joven consulta su dispositivo móvil junto a una pancarta, durante una acto de las CUP.

Ángel Munárriz

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau (Barcelona en Comú), tenía un mitin complicado en la Diada, el pasado 11 de septiembre. Tanto el PDeCat, el partido del president, Carles Puigdemont, como ERC y las CUP le lanzaban a diario mensajes de presión. Con un objetivo: que abandonara su supuesta ambigüedad –categoría maldita en escenarios de polarización– y pusiese los recursos del Ayuntamiento al servicio del referéndum del 1 de octubre, a pesar de ser considerado ilegal por el Tribunal Constitucional (TC). No era una estrategia nueva. Ya desde junio los independentistas venían apretando en el mismo punto, utilizando además como argumento el pasado de Colau como líder de la PAH. Su tibieza en la cuestión del referéndum "no es la actitud de un antisistema", llegó a decir Joaquim Forn, portavoz del PDeCat en el Ayuntamiento. Ante este envite, Colau se subió al estrado el 11 de septiembre con un mensaje que era a la vez de defensa y de ataque. "No somos de nadie, y menos de convergentes que hace dos días no tenían ni idea de qué era la desobediencia civil", proclamó la alcaldesa. A mí con ésas, venía a decir.

Así se han enrevesado las cosas con el próces: el tradicional partido valedor de la burguesía atizando conductas "antisistema" de una antigua activista por el derecho a la vivienda que hace ahora malabares para ajustarse el traje institucional sin perder el perfil rebelde que la aupó a la segunda mayor alcaldía de España. En el debate público catalán términos como "legalidad", "legitimidad" y "derechos" se han vuelto sinuosos. Los límites se desdibujan. El Govern de la Generalitat (Junts Pel Sí) y la mayoría del Parlament que completan las CUP se han instalado en la desobediencia a las instituciones del Estado, así como a sus leyes y resoluciones oficiales. Los parlamentarios catalanes de las CUP Benet Salellas y Gabriela Serran han apelado abiertamente a la "desobediencia civil" e "institucional". El Govern evita esa terminología –que Oriol Junqueras sí defendía en 2014 antes de la consulta del 9-N– y apela a su "obediencia" al Parlament, al que reconoce como sede única de la "soberanía del pueblo catalán".

La desobediencia civil es tan antigua como el Derecho. El concepto tiene un arraigo profundo en el imaginario político y moral de Occidente. El mito griego de Antígona lo atestigua. El rey de Tebas dictaminó tras la muerte del hermano de Antígona, Polinices, que su cuerpo no sería sepultado por ser un traidor a la patria. La privación de honores fúnebres implicaba que su alma vagaría eternamente. Antígona, desobedeciendo al rey, lo sepultó, convencida de la injusticia de una decisión contraria a las propias leyes naturales, lo que provocó su condena a muerte, que sólo pudo evitar ahorcándose. Desde la tragedia de Sófocles hasta hoy son múltiples los casos emblemáticos de desobediencia civil, término acotado en el siglo XIX por el filósofo estadounidense Henry David Thoreau, poderosa influencia para Gandhi y Martin Luther King. El ejemplo más nombrado es el de Rosa Parks, una mujer negra que en 1955 se negó a ceder su asiento en el autobús y pasar a la parte trasera, lo que se considera un gesto fundacional del movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos.

¿Es el proceso independentista un gran acto de desobediencia civil? ¿Puede inscribirse en ese ámbito la actitud del Govern? ¿Se dan las circunstancias objetivas para que lo sea? ¿Está justificada la posición de Puigdemont y los suyos? infoLibre ha recabado respuestas a preguntas como ésta de cuatro autoridades en filosofía política y del derecho, que coinciden en un extremo: el Govern está desobedeciendo al Estado, pero no encabeza ningún proceso de desobediencia civil, ya que ésta requiere una invocación de los propios principios de legitimidad del sistema vigente. Un ejemplo: evitar un desahucio invocando el derecho a la vivienda consagrado en la propia Constitución. Lo que hace el Govern es distinto: rompe con el propio sistema legal e institucional, al que no reconoce autoridad ni legitimidad. Esto es lo que en términos de teoría política se conoce como una "rebelión". O incluso, como señala Javier de Lucas, catedrático de Filosofía del Derecho y Filosofía Política en el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de Valencia, como una "revolución pacífica".

Los profesores consultados también coinciden en que no hay, desde el punto de vista jurídico o político, causas objetivas que fundamenten esta ruptura con la legalidad desde dentro del propio Estado. Y hay un consenso más: es la actitud del Gobierno –no sólo ahora, sino en el último ciclo político– lo que más carga de argumentos a los adeptos al procés.

  1. Una "revolución pacífica" sin fundamentación objetiva

En Cataluña se está produciendo una "rebelión" o incluso "una revolución pacífica", afirma De Lucas. La diferencia del revolucionario con el desobediente civil es clara: éste "no impugna el sistema, sino que apela a sus principios de legitimidad", señala el catedrático. "Y eso, en un Estado como el nuestro, significaría apelar a la Constitución", añade, de la misma manera que Thoreau se remitía a los Padres Fundadores de Estados Unidos para negarse a pagar impuestos que sufragasen la guerra con México o las políticas esclavistas.

Puigdemont o Junqueras no invocan un principio constitucional que estaría siendo vulnerado, sino que desechan la Constitución. "Ha sido el propio Govern el que ha dicho mil veces que había pasado la pantalla de la Constitución", subraya De Lucas. Esto lo sitúa en la "rebelión", no en el sentido penal sino político, o en la "revolución pacífica". Ha traspasado "la línea roja" al no aceptar la legitimidad del Estado español, añade. Se podría comparar –salvando las distancias siderales– con la lucha de Gandhi, erróneamente considerado un desobediente civil, cuando en realidad era un "revolucionario pacífico" que de ningún modo aceptaba la autoridad británica, según el catedrático.

Ningún sistema legal agota el ideal de justicia. Es decir, siempre puede haber margen para la desobediencia civil. Pero en democracia los márgenes de injusticia e ilegitimidad se reducen, expone De Lucas. ¿Hay razones en la España de 2017 que justifiquen la ruptura que supone el procés? "Hay pocas causas objetivas en términos jurídicos y políticos", responde el catedrático, que sí admite la existencia de "dos argumentos importantes", aunque a su juicio no son suficiente justificación. El primero es el del "menosprecio, la humillación y la falta de respeto", que tiene un peso –según De Lucas– en la "chispa" de la llamada "primavera árabe" de Túnez y en el conflicto de Alhucemas. "Ese sentimiento de humillación existe, no se puede negar", apunta. El segundo argumento "va más allá del orden racional", y es la negativa del Estado español al reconocimiento como "nación" de Cataluña.

Quienes sostienen que la urgencia de otorgar carácter "nacional" a Cataluña justifica el proceso independentista "se sitúan fuera del diálogo", rechazando cualquier reforma que suponga un reconocimiento identitario dentro de la Constitución, señala De Lucas. A su juicio, esta tesis parte de una visión superada, según la cual toda nación debe aparejar un Estado. "Desde el punto de vista del derecho internacional, esta concepción romántica de pueblo no tiene razón. El pueblo puede ser sujeto político sin necesidad de ser un Estado", señala De Lucas, que sí admite que el independentismo tiene razón en que el PP se ha opuesto siempre a cualquier fórmula intermedia de reconocimiento. "La línea de conducta de [Mariano] Rajoy es que la Constitución no se puede reformar. Así les ha regalado [a los independentistas] todo el terreno. La batalla del discurso, la comunicación y la representación no la ha ganado la Generalitat, la ha perdido el Gobierno por incomparecencia", añade. Algo similar ha ocurrido con la cuestión económica, otro "motor importantístimo" del procés, terreno en el que Rajoy "no se ha movido de la negativa por respuesta".

Las autoridades catalanas han renunciado a las reformas económicas o institucionales. "Lo que dicen es que esta Constitución ya no les sirve. Y no les falta razón en que hay una degradación de su legitimidad, aunque yo creo que es de acción de gobierno, más que de orden constitucional", opina el catedrático. En vez de aspirar a su reforma –lo que podría hacerse con actos de desobediencia civil–, el Govern invoca "un derecho natural" o "unas leyes superiores no escritas", preexistentes, que estarían siendo vulneradas por el Estado, una idea que De Lucas rechaza de plano, y que equivaldría a un intento de imponer legalmente una concepción moral al conjunto de la sociedad. "Una Constitución establece lo obligatorio y lo prohibido en función de lo que una sociedad considera moral. Nadie puede, por muy convencido que esté, imponer sus creencias, sean morales, religiosas o de cualquier tipo, a toda la sociedad", concluye.

  2. Un segundo octubre del 34

El "régimen del 78" arrastra un problema fundacional en su configuración del Estado, según José Luis Gordillo, profesor de Filosofía del Derecho de la Universitat de Barcelona. "Después del españolismo obligatorio del franquismo, la única manera decente de construir una España aceptable hubiera sido permitir referéndums", añade. Siempre ha estado, explica con cierta ironía, "a favor de la autodeterminación por razones españolistas". Y considera que la actitud que ha adoptado el Gobierno del PP es "una locura suicida". Parecen mimbres suficientes para empezar a articular una defensa del procés, pero no lo son. Gordillo es categórico sobre la falta de justificación de la "negación de la legalidad" del Govern: "Me parece evidente que hay maneras constitucionales de convocar un referéndum. Se podría preguntar en toda España si se reforma la Constitución para hacer posible la independencia de Cataluña. Sería como el de la OTAN, un referéndum de verdad. Esto no lo es. Será una jornada de lucha, lo que quieras. Pero no un referéndum".

Lo que hay en Cataluña es "un conflicto entre administraciones" porque "una parte del Estado se enfrenta a otra" y desobedece las reglas que fundamentan su propia legitimidad. Pero eso no es desobediencia civil, tomando como referencia la propia definición que de la misma hizo el filósofo estadounidense John Rawls: "Un acto público, no violento, consciente y político, contrario a la ley, cometido con el propósito de ocasionar un cambio en la ley o en los programas de gobierno. Actuando de este modo apelamos al sentido de justicia de la mayoría de la comunidad [...]". El Govern no tiene propósito de cambiar leyes, ni apela a la mayoría –al menos a la española–, sino que persigue una ruptura. "Es una rebelión, una ruptura con el ordenamiento vigente", señala Gordillo, que recuerda que, además, el desobediente civil asume las consecuencias de sus actos ante la justicia, mientras el Govern "insiste en que hay un Estado de excepción" y protesta por las medidas judiciales y policiales.

Gordillo traza un paralelismo "claro" con la proclamación del Estado catalán por parte del president Lluis Companys en octubre del 34. La diferencia clave es que "en este caso parece que los Mossos no obedecen al Govern", opina el profesor, que recuerda: "El 6 de octubre [de 1934] sí obedecieron al Govern, y hubo enfrentamientos armados con muertos. Eso es lo que puede pasar cuando hay un conflicto entre administraciones que disponen de cuerpos armados". Según Gordillo, el Govern "reproduce la locura política de Companys y ahora lo puede rematar con una declaración unilateral de independencia que no llevará a ninguna parte salvo a la suspensión de la autonomía". "Se han lanzado a un vacío, del que no saben salir, contra un Estado mucho más poderoso", afirma. De esta "escalada", cree, "sólo puede salir más pérdida de autonomía". Y bromea: "A ver si el próximo 11 de septiembre nos tenemos que manifestar en Cataluña con el lema 'libertad, amnistía y estatuto de autonomía'".

Un factor que, según Gordillo, obra en contra de la legitimidad del procés es que en 2015 se convocaron unas elecciones que los independentistas presentaron en clave plebiscitaria. "Es ahora, es el voto de tu vida, decían. ¿Y qué pasó? Que perdieron en votos [extremo que los independentistas discuten ya que rechazan computar en el "no" el voto a Catalunya Sí Que Es Pot]. Si hubieran ganado, estarían todo el día diciendo que ya ganaron el referéndum y que había que respetar la voluntad del pueblo catalán", señala Gordillo, que denuncia la "manipulación" de la lectura de aquellas elecciones y su utilización para justificar posteriormente un referéndum unilateral.

  3. Autodeterminación sin opresión colonial

Las leyes del referéndum y de transitoriedad aprobadas por el Parlament intentan "establecer una nueva fundamentación de legalidad y legitimidad", señala Antonio Madrid, profesor de Filosofía del Derecho de la Universidad de Barcelona. "Se deja de reconocer la legalidad preexistente y se establece un proceso constituyente extraordinario", explica, anotando que dichas leyes se aprobaron sin una mayoría reforzada que sí es necesaria, por ejemplo, para asuntos tan comparativamente intrascendentes como nombrar al consejo de TV3. ¿Dónde estarían los motivos para un acto así? Acudiendo a los esquemas de justificación de la desobediencia civil, "habría que identificar primero una situación injusta, que es contra la que se reacciona", explica el profesor, que recuerda que el manifiesto contra el procés firmado por 300 profesores de Derecho Internacional defiende que la autodeterminación sólo es válida para territorios oprimidos o colonizados. "Podría existir una legitimación del referéndum basada en el derecho de la autodeterminación, pero en el contexto actual falta el punto de partida de la situación de opresión, de gran injusticia", explica Madrid, que sí señala que hay "una parte de la opinión pública que considera que hay un trato injusto".

Pese a no existir ese anclaje en el derecho internacional, se ha producido "una ruptura con el orden preexistente" que, al contrario que la desobediencia civil, no pretende generar "elementos para el debate público ni argumentaciones en contra de la injusticia". "Al contrario", añade el profesor, "en estos momentos este debate democrático entre posiciones ha desaparecido", ocupado todo el espacio por "un conflicto de fuerza institucional" en un contexto de "radicalización de las posiciones y de silenciamiento". "La gente cada vez se atreve a hablar menos. A nivel de familia, de grupos de amigos...", observa.

Antonio Madrid es concejal en El Bruc (Barcelona) por Bruc Viu!, que ganó las elecciones en 2015 en coalición con ERC. Se presentó con motivaciones centradas "en el eje social, no tanto en el nacionalista, pero en este momento lo social ha quedado supeditado a lo nacionalista", asegura. "Lo que se dice es que primero hay que conseguir el Estado independiente y luego llegarán las transformaciones sociales. Algunos no nos lo creemos", señala. Desde su posición de académico y responsable público observa con preocupación el deterioro del intercambio público de argumentos. "Ha ocurrido que algunos han colocado por el día carteles a favor de ir a votar el 1 de octubre y otros los han quitado y los han roto por la noche. No hay confrontación cara a cara, ni debate. Es una de las cosas que hemos perdido", señala, lamentando que las posiciones de crítica argumentada, las "terceras opciones", sean presentadas por el nacionalismo como un asentimiento a las posiciones del Gobierno central.

Precisamente la forma de actuación del Ejecutivo de Mariano Rajoy es lo que, a juicio de Madrid, más carga de razones al independentismo. "El PP está abusando del poder. Hay un fiscal con súperpoderes que podría estar actuando fuera de las competencias ordinarias que le otorga la ley", señala.

El peor escenario que contempla Madrid es que se produzca "violencia" el 1 de octubre, lo cual le parece verosímil. "Con un millón y medio de personas en la calle, no puedes garantizar que no la haya. Y eso alimentaría la dinámica acción-reacción", afirma. En el plano político, otea un horizonte de "radicalización" posterior al 1-O. No descarta, aunque tampoco lo ve probable, una declaración de independencia, que continuaría generando incertidumbre. "Si declaras la independencia, ¿qué haces luego? La independencia no produce efectos jurídicos inmediatos. Reino Unido votó salir de Europa y aún siguen ahí sin saber cómo hacerlo, ¿cómo va Cataluña a separarse de España ya con un referéndum así?", reflexiona. A su juicio, la estrategia rupturista del Govern pasa por retener e incrementar el "apoyo social", lo cual sólo es posible "huyendo de la violencia". Y es este vector social el que ha terminado dominando el procés, según Madrid. "El protagonismo ahora es de las entidades sociales, universidades, sindicatos... El Govern no tiene fuerza suficiente, por eso apela a la ciudadanía", concluye. Es de ese modo como intenta alimentar su legitimidad.

  4. La expresión de una "frustración" popular

"La democracia supone que el Gobierno decide atendiendo a tres principios: respeto irrestricto a los derechos humanos, aplicación de la regla de la mayoría y obediencia a las leyes. Si falta alguno de estos elementos el proceso llamado democrático se debilita, incluso hasta desaparecer", señala Jorge Malem, profesor de Filosofía del Derecho de la Universitat Pompeu Fabra. "Si no existe un proceso claro, público y contrastado respecto de los lugares de votación, garantías sobre la custodia y el conteo de votos, listas de votantes censados, etcétera, difícilmente pueda aceptarse el proceso como democrático. Llamar a elecciones sin garantías no parece ser demasiado democrático", señala. 

En la explicación de Malem nos encontramos de nuevo con una falta de justificación de la ruptura con la legalidad del Govern. "Naturalmente, el Gobierno de la Generalitat siempre podrá aducir que no pudo cumplir con estas exigencias, pero esta explicación no vuelve democrático el proceso. Simplemente sirve como una explicación y nunca como una justificación", señala. La posición del Ejecutivo de Puigdemont es de "desobediencia", pero no civil, ya que ésta implica "una apelación al diálogo para que se modifique la situación que se reputa injusta".

¿Y los ciudadanos movilizados por el llamado "derecho a decidir"? ¿En qué posición quedan desde el punto de vista de la filosofía del derecho? "Los ciudadanos pueden poner de de manifiesto su frustración o su inconformidad ante la imposibilidad de votar, pero ello no los vuelve resistentes, o rebeldes. Es la misma frustración que puede sentir un pobre ante la carencia del disfrute de sus derechos por padecer precisamente una posición de pobreza, que no lo transforma en resistente o desobediente", señala Malem. Para que se situaran "en rebeldía", sería necesario que realizasen "acciones de oposición o de enfrentamiento claro a las directivas del Gobierno central". "Eso todavía no ha ocurrido. Habrá que esperar a acontecimientos futuros", afirma el profesor.

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