Corrupción en el PP

'Kitchen' pone al PP frente a una nueva tormenta judicial justo cuando Casado bloquea renovar el Poder Judicial

Pablo Casado y Mariano Rajoy tras la ceremonia de toma de posesión de Feijóo en el Parlamento gallego.

Fernando Varela

La difusión de indicios judiciales según los cuales la utilización de fuerzas de seguridad y fondos públicos para espiar a Luis Bárcenas contaba con el visto bueno del exministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, de la exministra y ex número dos del PP, María Dolores de Cospedal, y del expresidente Mariano Rajoy puso este martes a Pablo Casado en el centro de la refriega política en pleno boicot del Partido Popular a la renovación del Consejo General del Poder Judicial, (CGPJ), el órgano de gobierno de los jueces.

Casado reaccionó al informe de la Fiscalía Anticorrupción que contiene las pruebas contra esos tres exdirigentes del partido sugiriendo que el escrito tiene intencionalidad política y está inducido por el PSOE porque la Fiscal General Dolores Delgado, declaró en una entrevista emitida por elmundo.es, es una “exministra del PSOE”. Una Fiscalía que, según él, ya está dando “impunidad” a las “corruptelas” de Podemos.

El informe de la Fiscalía Anticorrupción, de 56 páginas y que el Ministerio Público ha presentado ante el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, pide la imputación del Fernández Díaz por delitos de prevaricación, descubrimiento y revelación de secretos y malversación de caudales públicos e incluye un mensaje telefónico intervenido al exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez que salpica también a Cospedal y Rajoy.

El líder del PP pidió a los medios que pongan el foco en el PSOE y los ERE o en la financiación de Podemos y no en “investigaciones judiciales que vienen de tiempos ya muy pasados”, en referencia al caso que investiga el espionaje supuestamente llevado a cabo por efectivos policiales al extesorero de su partido para tratar de evitar que hiciese públicos documentos comprometedores.

En cualquier caso, Casado no dejó lugar a dudas: no tomará medida alguna en relación con Rajoy, Cospedal y Díaz. Los estatutos de su partido, recordó, “son muy claros”, y sólo prevén que una persona abandone “sus responsabilidades orgánicas o electas” cuando se abre juicio oral. Y ninguno de los tres, remarcó, “está en política activa, ni en el comité ejecutivo ni han ido en listas electorales”. “Las tres personas que los medios de comunicación han señalado”, dijo sin citarlos por sus nombres, y “que el escrito de la Fiscalía pide que sean investigadas ni siquiera están en responsabilidades políticas actualmente”, insistió.

La breve explicación de Casado, que completó diciendo que cuando supuestamente ocurrieron los hechos él era un simple diputado por Ávila, difícilmente aplacará la tormenta. Especialmente cuando el resto de los partidos que se pronunciaron este martes creen que cuando el PP bloquea la renovación del órgano de gobierno de los jueces lo que en realidad está haciendo es olvidar su obligación constitucional de participar en la elección del nuevo CGPJ para asegurarse jueces afines en el Tribunal Supremo, el órgano judicial que acabará decidiendo sobre casi todas las causas de corrupción que los conservadores tiene pendientes, incluida la Operación Kitchen.

En todo caso, la idea de que Casado era entonces alguien sin responsabilidades en la dirección conservadora no caló en el resto de los grupos políticos. Esquerra Republicana, de común acuerdo con otras formaciones de izquierdas y nacionalistas, ya prepara una solicitud oficial para que el Congreso abra una investigación acerca de estos hechos, que amenazan con dar pie a imputar por graves delitos a Rajoy, Cospedal y Díaz.

Unidas Podemos se sumó inmediatamente a la petición. Su portavoz parlamentario, Pablo Echenique, declaró: “Richard Nixon dimitió por unos micrófonos que había puesto en el despacho de su oposición política, pero el PP ha ido muchísimo más allá y a todas luces ha llevado a cabo actividades de espionaje ilegal no solo contra su propio tesorero sino también contra sus adversarios políticos. Esto es insoportable en democracia”.

Incluso el PSOE abrió la puerta a dar su apoyo a esa investigación. Su portavoz parlamentaria, Adriana Lastra, en un durísima intervención, aseguró que hasta ahora sabía que los conservadores “estaban robando a manos llenas, pero que salieran a atacar las instituciones para corromperlas es gravísimo”. El PP, remarcó, lleva a 15 años “asediado por la corrupción”, pero este es un caso “de extrema gravedad ante el que el PP actual debe rendir cuentas y hacerlo claramente”.

Bloqueo del CGPJ

Fue en la misma rueda de prensa en la que insistió en recriminar a Casado su empeño en bloquear la renovación de las instituciones, en especial del CGPJ. Algo que el líder de Más País, Íñigo Errejón, relacionó directamente con Kitchen. “Son informaciones extraordinariamente graves”, declaró. “De confirmarse revelaría una estructura mafiosa contra el Estado de derecho y contra las instituciones”.

Incluso Ciudadanos, socio clave del PP en varias comunidades y ayuntamientos, se mostró dispuesto a apoyar la creación de la comisión de investigación en el Congreso, si bien trató de compensarlo recordando que también es partidario de que la Cámara Baja investigue a Podemos. Una actitud que Casado les reprochó poco después acusándoles de tener una doble vara de medir porque, Según él no aplican al Gobierno de coalición el mismo rasero que utilizaron con el PP en València o Murcia, por citar dos lugares en los que forzaron a los conservadores a prescindir de personas imputadas.

El PSOE, el Gobierno —a través de su portavoz María Jesús Montero— y el propio presidente Sánchez, en una intervención en el Senado, no desperdiciaron la oportunidad de seguir insistiendo en denunciar el boicot del PP a la renovación de órganos institucionales como el CGPJ.

Sánchez aprovechó su presencia en la Cámara Alta para dirigirse directamente al PP y, especialmente a Casado, para reprocharle un comportamiento que no está siendo “ni leal ni democrático” porque está demostrando que “no cree” en el resultado electoral del año pasado”.

Según el presidente, “las reglas del juego se pueden cambiar pero no se puede no aceptar esas reglas cuando no nos favorecen”, como pretende el PP a exigir una reforma legal como condición previa para negociar la renovación que marca la ley actual y que está pendiente desde hace dos años. “No se puede ser constitucionalista a tiempo parcial, ni de quita y pon”, avisó. “La Constitución se respeta en su integridad, en su letra, en su espíritu, en todos y cada uno de los artículos”.

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