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La Ley de Vivienda, la subida del SMI y la reforma fiscal, entre las prioridades del Gobierno para 2022

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, junto a la vicepresidenta tercera, Yolanda Díaz.

Acabar lo que se empezó en el año 2021. El Gobierno de coalición deberá culminar en 2022 los proyectos que ha dejado sin zanjar este curso político. Algunos ya han pasado inicialmente por el Consejo de Ministros pero deben ser aprobados definitivamente, y los hay que siguen su curso en el trámite parlamentario. Otros se encuentran en plena fase de negociación entre los ministerios del PSOE y Unidas Podemos y también están aquellos que no han visto la luz, pero que fuentes del Ejecutivo aseguran que se conocerán a lo largo del próximo año. 

El plan del presidente Pedro Sánchez de agotar la legislatura va aparejado con la idea de desplegar una agenda legislativa amplia y ambiciosa hasta 2023. La debilidad parlamentaria que ambas formaciones tienen en el Congreso no frena el optimismo del Gobierno, que saca pecho de su capacidad de llegar a acuerdos, también con el diálogo social. En la comparecencia del informe de rendición de cuentas del Ejecutivo, Sánchez reclamó "sentido común" para salir de la "dinámica de bloques" que impera en la Cámara Baja.

La reforma laboral

La reforma laboral es una de las normas más importantes para el Ejecutivo de coalición que se comprometió a aprobar antes de que finalizara el año, como así ha ocurrido. Especialmente relevante ha sido el papel de la vicepresidenta Yolanda Diaz, que se ha mantenido al frente de todo el proceso desde la cartera de Trabajo. El Gobierno tiene de plazo hasta el 31 de enero de 2022 para convalidar en el Congreso el decreto-ley aprobado el martes. 

Sin embargo, los socios parlamentarios de la coalición no se lo van a poner fácil. Las formaciones de ERC, PNV y EH Bildu ya han anunciado su negativa a apoyar el texto si no se introducen cambios, lo que devolvería a España a la legislación del PP. Unos cambios que, a priori, Sánchez no quiere introducir porque podría desencadenar que la patronal se descolgase del texto pactado. Con todo, desde la Moncloa se muestran dispuestos a “dialogar” con sus socios.

La Ley de Vivienda

La Ley de Vivienda que pilota el Ministerio de Transportes ha sido uno de los grandes focos de discrepancia entre la coalición. Tanto es así que desde Unidas Podemos no se comprometieron a cerrar los Presupuestos de 2022 hasta abordar la cuestión de los alquileres, después de acumular casi un año de retraso. Finalmente ambas formaciones acordaron regular el precio de los alquileres mediante un índice de precios, que solo afectará a grandes tenedores y será opcional para las comunidades autónomas. 

Al igual que sucede con la reforma laboral los socios del Ejecutivo -en este caso, acompañados de la formación morada- quieren introducir cambios a través del trámite parlamentario, pero el texto está aún pendiente de un informe preceptivo del Consejo General del Poder Judicial, que no llegará hasta enero.

La subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI)

Tras dejar las negociaciones de reforma laboral atrás, Díaz quiere abordar ya en el mes de enero la negociación con la patronal y los sindicatos para la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Díaz busca un aumento de entre 24 y 40 euros que sitúe el SMI entre los 989 y los 1.005 euros mensuales, tal y como está recogido en la Comisión Asesora para el Análisis del SMI.

Sin embargo, no será hasta el final de la legislatura cuando el Gobierno podrá decir que el SMI, el suelo de los contratos legales en España, ha alcanzado el 60% del salario medio en España, tal y como recomienda la Carta Social Europea. El objetivo es alcanzar un SMI de entre 1.011 y 1.049 euros en 2023. Los sindicatos quieren que llegue a 1.060 euros

La Ley de Memoria Democrática

Otra de las leyes que pende de un hilo es la Ley de Memoria Democrática, que el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, heredó de la exvicepresidenta primera, Carmen Calvo. El Gobierno aprobó el correspondiente proyecto de ley, pero las reservas de ERC por considerarla insuficiente, la han dejado en un cajón. Los republicanos reclaman la derogación de la Ley de Amnistía de 1977, un punto en el que el Ejecutivo no está dispuesto a ceder. 

Bolaños ha decidido aplazar temporalmente la tramitación de la norma después de finalizar el plazo de presentación de enmiendas. El Gobierno planea retomarla el próximo año pero antes deberá constituir una ponencia para elevar la cuestión a la comisión pertinente y más tarde debatir en el pleno, lo que podría ocurrir a partir de febrero. 

La reforma fiscal

Una reforma fiscal que incremente la progresividad del sistema impositivo. Esa es otra de las grandes tareas pendientes del Ejecutivo para el próximo año y que desde Unidas Podemos reclaman como prioritaria, después de haber fijado un mínimo del 15% para sociedades. En el Gobierno calculan que esas subidas se aprueben en 2022 para que entren en vigor el segundo semestre del año o directamente en 2023.

El asunto está todavía pendiente de lo que diga el grupo de expertos formado por el Ministerio de Hacienda, pero la promesa es muy concreta: incrementar dos puntos los tipos impositivos sobre la base general del IRPF “para los contribuyentes que tengan rentas superiores a 130.000 euros y cuatro puntos para la parte que exceda de 300.000 euros. El tipo estatal sobre las rentas de capital se incrementará en 4 puntos porcentuales para dichas rentas superiores a 140.000 euros”.

La reforma de la ley mordaza

Después de meses postergando su avance parlamentario por la falta de acuerdo entre los socios, la reforma de la Ley Orgánica 4/2015 de 30 de marzo de Protección de la Seguridad Ciudadana, más conocida como la ley mordaza, se aprobará el próximo año según los planes del Gobierno. La reforma ha entrado ya en el estudio de enmiendas. La ponencia, que se reunió a puerta cerrada el pasado 22 de diciembre, tiene la misión de emitir un informe sobre la iniciativa que después se elevará a la Comisión de Interior y finalmente al Pleno del Congreso.

Con esta reforma, las dos formaciones que conforman el Gobierno de coalición buscan dar la vuelta al corazón de la norma para proteger mejor los derechos de los manifestantes y quitar parte de ese poder excesivo que se daba a los policías, poniendo límites a la credibilidad de su testimonio en los procesos sancionadores, entre otras cuestiones como las devoluciones en caliente, las sanciones por la toma de imágenes de agentes de las fuerzas de seguridad o las multas por manifestaciones o concentraciones no comunicadas.

El segundo bloque de las pensiones

En el plan que el Ministerio de Seguridad Social dirigido por José Luis Escrivá comprometió con Bruselas, el próximo año se abordará el segundo bloque de la reforma de las pensiones. En el calendario cerrado con la Comisión Europea el Gobierno prevé poner en marcha el nuevo sistema de cotización de los autónomos, según sus ingresos reales, y el nuevo fondo público de pensiones, para impulsar los planes de pensiones complementarios.

En su discurso de balance de año, Sánchez citó este segundo bloque de reformas como uno de los compromisos más relevantes previstos para el primer semestre de 2022. A su juicio, esta reforma permite dar certidumbre a los pensionistas a través de un mecanismo estable de revalorización de las pensiones (vinculado al IPC) y garantizar la sostenibilidad del sistema público.

Las leyes de Igualdad: Trans, Aborto y Libertad Sexual

La Ley de Igualdad LGTBI, conocida como Ley Trans, que con tantos quebraderos de cabeza ha obsequiado al Gobierno, volverá al Consejo de Ministros en segunda vuelta durante el primer trimestre de 2022 después de ser aprobado a finales de junio. El texto contempla la despatologización de las personas trans y la libre determinación de género, una línea roja que el ministerio de Irene Montero fijó en sus negociaciones con la entonces vicepresidenta Carmen Calvo. La norma ha pasado casi medio año paralizada hasta que recientemente fue enviada por el Ministerio de Justicia al Consejo General del Poder judicial (CPPJ) y al Consejo Fiscal para iniciar las consultas preceptivas que luego la llevarán al Consejo de Estado.

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El Ministerio de Igualdad también se fijó como objetivo tener lista la reforma del aborto para este mes de diciembre, pero finalmente también se aplazará hasta el próximo año. Montero prevé derogar la reforma aprobada durante el mandato de Mariano Rajoy, que establece que las mujeres menores de 16 y 17 años que quieran abortar deben tener el consentimiento de sus representantes legales. Pero no solo eso, Igualdad, junto con la cartera de Sanidad, también apuesta por reformas de calado para reformar la ley orgánica 2/2010 sobre salud sexual y reproductiva y facilitar ese derecho en todas las comunidades autónomas.

La Ley de Libertad Sexualley del sólo sí es sí– , actualmente en trámite parlamentario, también verá definitivamente la luz en 2022. Esta norma tiene que ver con la definición del consentimiento y, además, da pasos a la hora de "erradicar todas las formas de explotación sexual". En ese sentido contempla la penalización de quien "se lucre explotando la prostitución de otra persona aun con el consentimiento de la misma" y también de todo aquel que facilite un local para favorecer la explotación de la prostitución de otra persona, incluso con su consentimiento. Este punto genera discrepancias en ERC, CUP y Junts, que el pasado mes de octubre presentaron enmienda para eliminar estos dos artículos referentes a la prostitución, al igual que En Comú Podem.

Estas no son las únicas normas que tiene pendientes el Ejecutivo. Hay otras como la Ley de Ciencia, Innovación y Tecnología, y las leyes de Patrimonio Histórico y Cultural que también tienen que pasar la segunda vuelta del Consejo de Ministros. Asimismo, desde Unidas Podemos confían en sacar adelante también el próximo año la Ley de Familias y la Ley de Bienestar Animal.

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