Educación

La 'ley Wert', una oportunidad de negocio para los editores de libros

Banco de libros de texto en un colegio de Cantabria.

Aunque se presenta como una reformulación de la ley anterior, la ya vigente Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) supone, en la práctica, una reordenación de calado del sistema educativo. En esta reformulación, los cambios en el currículo son importantes porque determinarán la práctica cotidiana en las aulas y el contenido de las evaluaciones externas –que serán reválidas en ESO y Bachillerato–. De forma obligada, por tanto, todos los libros de texto tendrán que contemplar esas nuevas competencias básicas, contenidos y métodos pedagógicos, lo que abre una previsible oportunidad de negocio para los editores porque los actuales dejarán de tener validez y se tendrán que cambiar. De hecho, según datos de la Asociación Nacional de Editores de Libros y material de Enseñanza (ANELE), que agrupa al 96% de los editores que publican en España libros y materiales destinados a la enseñanza reglada no universitaria, la nueva ley obligará a hacer nuevos libros de 180 asignaturas en sólo tres cursos. 

Los editores creen que el cambio es una "apuesta arriesgada" para las editoriales, que invertirán hasta 200.000 euros en la realización de cada ejemplar sin contar los gastos de impresión, según sus propias estimaciones. "Las apuestas son situaciones arriesgadas de inversión porque, en un mercado libre, la competencia es fuerte. La adopción de un libro de texto u otro depende de la prescripción del profesor. Si una empresa no acierta, se puede hundir", señala José Moyano, presidente de ANELE. Las asociaciones de padres, sin embargo, consideran que este cambio creará un gran perjuicio en las familias, pues tendrán que hacer un esfuerzo extra en un momento en el que muchas pasan por una situación económica delicada y al tiempo que disminuyen las becas y ayudas para compra de material. 

El calendario de implantación de la ley prevé que ésta se haga en tres cursos. Para el que viene, el 2014-2015, el nuevo currículo entrará en vigor para los cursos primero, tercero y quinto de Primaria, así como para los 14 títulos de la nueva FP Básica. Y serán por tanto estos los libros que tendrán que cambiarse. La LOMCE comenzará a implantarse en segundo, tercero y sexto de Primaria, así como en primero y tercero de ESO, primero de Bachillerato y el segundo curso de FP en el curso 2015-2016. Para 2016-2017 quedará segundo y cuarto de ESO y segundo de Bachillerato. 

Cambiar todos los manuales del sistema educativo no universitario en sólo tres años es un reto sin precedentes para el sector editorial. No parecen extrañas, por tanto, algunas declaraciones como las que hizo el consejero delegado de PRISA, Fernando Abril-Martorell, en la última Junta General de Accionistas del grupo. En relación a las actuaciones con las que la compañía pretendía mejorar sus negocios en el nuevo año, Abril-Martorell se refirió al "reto de la nueva reforma educativa", en referencia a este asunto y lo que puede suponer para Santillana, la editorial de la casa. 

De acuerdo con los datos del informe Evolución de los precios de los libros de texto publicado por ANELE, el sector parece haber acusado aunque de forma tímida la situación coyuntural de crisis en términos de facturación. En 2012, las editoriales de libros de texto facturaron 803,108 millones de euros. Un año antes, en 2011, habían facturado 868. En 2010 fueron 817,6 y, en 2009, 844,4. En 2008 su facturación alcanzó los 898,3 millones. Estas oscilaciones, señalan fuentes del sector, está relacionada con la habitual renovación de los libros tras cuatro años de uso que establece la legislación española.

Sin embargo, la tendencia a la baja, señalan, tiene que ver con el hecho de que algunas autonomías, especialmente las que pusieron en marcha programas de gratuidad, hayan tardado más de cuatro años en renovarlos. "Es una leyenda que los que queremos cambiar los libros somos los editores. Para amortizar el producto tiene que estar al menos cuatro años en el mercado", señala Moyano. 

Las familias, en pie de guerra

Las asociaciones de padres, no obstante, insisten en que el tiempo máximo de uso de los manuales debería ser mayor. "Hay conceptos que no cambian y no es necesario obligar a las familias a comprar nuevos libros para tratar los mismos contenidos", señala Jesús Sánchez, presidente de la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (CEAPA), que agrupa a las familas de la escuela pública. A su juicio, el cambio en el currículo y sus consecuencias sobre los libros de texto es un argumento más para denostar una ley que define como "innecesaria". "El ministerio ha pedido una ronda cara y ahora quiere que sean las familias las que corran con la cuenta", amplía. Asimismo, Sánchez lamenta que esta renovación vaya a suponer también que los bancos de libros que miles de asociaciones de padres habían puesto en marcha en sus centros educativos queden obsoletos. 

Luis Carbonell, presidente de la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos (Concapa), que reúne a los padres de la concertada, cree que la renovación de todos los manuales en tres años creará "una sangría muy importante" en miles de familias. En este sentido, Carbonell defiende es momento de buscar fórmulas alternativas a los libros de texto convencionales al tiempo que reclama que se aumenten las ayudas para los alumnos que tengan situaciones económicas más desfavorables. En esta línea, reclama a las editoriales un esfuerzo para reducir el “elevado” precio de los libros de texto y para hacer posible su reutilización, al menos, durante cinco años. Por ejemplo, llama a no incluir cuadernos de ejercicios en los manuales para que éstos se puedan reutilizar. 

Recorte en becas y ayudas para libros 

La realidad de las cifras, sin embargo, constata que esta no es precisamente la tendencia. Según el informe anual Datos y cifras del curso escolar 2013-2014, presentado el pasado septiembre, 578.549 beneficiarios de ayudas concedidas para la adquisición de libros de texto y material didáctico, un 59%, las perdieron el curso pasado. En el curso 2009/2010, el número de niños con ayuda de libros rozó el millón. Desde entonces ha ido decreciendo, aunque nunca lo hizo con tal firmeza.

Estas cifras ponen de manifiesto de qué manera ha afectado a las familias el recorte de las partidas dedicadas a estas ayudas que emprendieron todas las autonomías excepto Andalucía y Navarra, donde se mantuvo la gratuidad en toda la educación obligatoria. Euskadi, mantuvo la gratuidad en Primaria y el primer ciclo de ESO para el 80% de los escolares.

Sin embargo, en Cantabria, Galicia, Castilla y León o La Rioja, sólo hubo ayudas para familias más desfavorecidas. En Madrid se eliminaron todas las becas existentes y sólo se mantuvo una pequeña partida para préstamos a las familias en situación de beneficiencia. En Baleares, por ejemplo, no hubo presupuesto para el programa de préstamo de libros en Primaria. Y tampoco hubo convocatoria para la compra de libros. Los alumnos de otras comunidades como Castilla-La Mancha, Cataluña, Canarias o Extremadura contaron con el préstamos de los libros devueltos en años pasados, a pesar de que no todos sus centros disponen de este sistema y además anularon o apenas aportaron fondos para reponer los deteriorados o los que cumplían los cuatro años que marca la ley.

Este escenario se explica por el recorte del importe que el ministerio da a las autonomías para que dediquen a esta partida, aunque . Esta cifra disminuyó del curso 2011-2012 al 2012-2013 de 129,9 a 68,6 millones de euros, es decir, un 47,1%. Los datos de los alumnos que perdieron la ayuda, insisten en el ministerio, son una estimación, pues las comunidades podrían haber compesado esta rebaja, algo poco probable si se tiene en cuenta la presión para que contengan el gasto público a la que se ven sometidas.

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