Más liberalización del suelo y gasto en altos cargos y menos transparencia: guía de la Ley Ómnibus de Ayuso

Manifestación contra la Ley Ómnibus a finales de febrero en Madrid.

Pistoletazo de salida de la Ley Ómnibus de Isabel Díaz Ayuso. Tres meses después de que se hiciese público el borrador, el proyecto definitivo inicia este jueves la tramitación parlamentaria con el debate de las enmiendas a la totalidad. Es la primera prueba de fuego de una ambiciosa reforma legal de casi dos centenares de páginas en la que se mete mano a nada menos que 50 textos normativos diferentes. Incluye cambios en todo tipo de ámbitos. En materia urbanística, por ejemplo, se da un nuevo impulso a una liberalización del suelo convertida en seña de identidad de los conservadores. Pero no solo eso. También aumenta la opacidad alrededor de las actuaciones de altos cargos. O facilita el control del organismo encargado de fiscalizar los contratos y gastos del Ejecutivo regional fulminando la necesidad de mayorías reforzadas.

Desde el PP defienden que "el objetivo principal" de la norma es impulsar "la economía regional" y eliminar las "trabas burocráticas". Pero el texto no gusta ni a la izquierda parlamentaria ni a las organizaciones ecologistas, sindicatos o colectivos vecinales, que se concentrarán el próximo jueves a mediodía frente a la Cámara regional. Consideran que el texto es un "atropello". Tanto en las "formas" –fue publicado a las puertas de Nochebuena, dando solo diez días en plenas fiestas navideñas para presentar alegaciones– como en el "fondo". Es más, desde Unidas Podemos están estudiando llevarlo ante el Tribunal Constitucional. Principalmente, por la ocultación de los informes técnicos asociados a la reforma hasta que el proyecto definitivo recibió luz verde en el Consejo de Gobierno.

Otra vuelta más a la hormigonera

Es casi una tradición que el PP cumple a rajatabla en la Comunidad de Madrid desde hace casi dos décadas. No importa quién esté al frente del Ejecutivo. Ni tampoco si pertenece a uno u otro sector del partido. Cada nueva legislatura en la región siempre lleva aparejada cambios normativos en materia urbanística. Ninguna liberalización del suelo es suficiente. Siempre existe margen para más, para desregular con reformas que, en algunos casos, parecen hechas a medida de proyectos urbanísticos concretos. Lo hizo Alberto Ruiz-Gallardón, Esperanza Aguirre, Ignacio González y Cristina Cifuentes. Y lo hizo Isabel Díaz Ayuso en su primera etapa en la Puerta del Sol. Sin embargo, la hormigonera volverá a girar otra vez más con la Ómnibus.

Con la nueva norma se pretende meter mano a decenas de artículos diferentes de la Ley del Suelo y la Ley de Medidas de Política Territorial, Suelo y Urbanismo. Así, por ejemplo, se introducen retoques en lo relativo a los denominados proyectos de alcance regional, una categoría que permite urbanizar incluso en zonas protegidas y que incluye alguna figura legal creada a medida hace justo una década para despejar el camino al proyecto Eurovegas. Entre los detractores de la norma preocupa, especialmente, que se otorgue al Consejo de Gobierno la capacidad de "determinar qué proyectos tienen este alcance, sin necesidad de fundamentar su utilidad pública o interés social".

Además, se legitima que los ayuntamientos puedan autorizar en los suelos rurales dedicados al uso agrícola, ganadero, forestal o "cualquier otro vinculado a la utilización racional de los recursos naturales" la "rehabilitación", incluso con "destino residencial y hostelero", de "edificios existentes" aun cuando "se encontrarán en situación de fuera de ordenación". O se sustituye la obligación del promotor de ceder suelo al Ayuntamiento para la construcción de dotaciones públicas por el pago de una cantidad monetaria, algo que la ley actual solo permite cuando éste no tuviera terrenos que pudiera aportar al consistorio.

Adiós a los consensos para la Cámara de Cuentas

A través de la Ley Ómnibus, el Ejecutivo madrileño también maniobra para continuar fulminando los consensos políticos, algo que ya anticipó con la reforma de Telemadrid. Así, la norma plantea, entre otras cosas, reformular nuevamente el sistema de elección de los miembros de la Cámara de Cuentas, el órgano al que corresponde el control económico presupuestario de la Comunidad de Madrid, fiscalizando, entre otras cosas, sus contratos. Y que, en base a este nuevo modelo, sean renovados de inmediato –en el plazo de tres meses desde la entrada en vigor de la reforma– todos los miembros del ente, cuyo mandato se encuentra caducado desde hace tres años.

La ley actual, a la que se dio luz verde por unanimidad y a propuesta de Podemos, establece que la cúpula del organismo fiscalizador la compongan tres personas: el presidente y dos consejeros. Todos ellos elegidos por mayoría de dos tercios –91 diputados con la presente composición de la Cámara–, lo que obliga a buscar consensos entre varios grupos. Ahora, sin embargo, los conservadores pretenden introducir una modificación para rebajar la barrera de elección hasta los tres quintos, lo que actualmente equivaldría a 82 diputados. De no conseguirse dicha cifra, el texto establece que en tres votaciones diferentes sean elegidos aquellos que obtengan un mayor número de votos.

Además, se rebaja la duración del mandato –de nueve a seis años– y se acaban con los exámenes previos a la elección en la Cámara regional. Actualmente, el artículo 32 de la Ley de la Cámara de Cuentas establece que los aspirantes "deberán comparecer previamente ante la Comisión competente de la Asamblea de Madrid en materia de presupuestos, a los efectos de que dicha Comisión pueda evaluar su idoneidad". Algo que desaparece en la redacción del mismo artículo que ahora pone sobre la mesa el Ejecutivo conservador con su macrorreforma normativa.

Mayor opacidad

La Ley Ómnibus también introduce cambios importantes en materia de transparencia. Uno de los más polémicos, dejar fuera del escrutinio público ciertos encuentros del Ejecutivo madrileño. Así, la norma que se debatirá este jueves por primera vez en la Cámara regional mantiene la obligación de publicar "las agendas completas de trabajo y de reuniones" de los responsables públicos. Pero lo hace introduciendo una excepción que no se contempla en la actual Ley de Transparencia: "la actividad de mera cortesía institucional".

En el bloque progresista se teme que la inclusión de esta exención cree todo un agujero de opacidad alrededor de los encuentros que mantengan los altos cargos del Gobierno madrileño. Al fin y al cabo, la reforma impulsada no detalla en ningún momento las características de este tipo de citas. Lo único que se señala es que serán aquellas "no tendentes a influir en el proceso de elaboración o diseño de normas jurídicas o de elaboración y aplicación de políticas públicas". Pero nada más. ¿Estarían obligados a publicar, por ejemplo, su participación en charlas o eventos organizados por entidades privadas? ¿O que han participado en una recepción? ¿Quién determina si en esos segundos de encuentro no se han puesto sobre la mesa cuestiones vinculadas a su actividad política?

Pero no son las únicas modificaciones que sufrirá el texto normativo que en 2019 aprobaron Ciudadanos, Podemos y el PSOE. Sobre la información relativa a los altos cargos –declaraciones de bienes, gastos protocolarios o retribuciones–, por ejemplo, la Ley Ómnibus establece que se mantendrá publicada dos años tras finalizar el desempeño de sus funciones.

Una Agencia de Contratación Sanitaria

El proyecto, incluso, toca aspectos vinculados a la política sanitaria. Destaca, sobre todo, la creación de una Agencia de Contratación Sanitaria, adscrita al Servicio Madrileño de Salud y que actuará "en la contratación de suministros, bienes y servicios que sean declarados de gestión centralizada en el ámbito sanitario". El ente público en cuestión tendrá "personalidad jurídica propia, plena capacidad jurídica y de obrar, autonomía de gestión patrimonio y tesorería propios". Y se financiará no solo a través de las aportaciones consignadas en los Presupuestos regionales, sino también a través de "subvenciones, donaciones y cualquier otra aportación voluntaria de entidades y particulares", "conciertos o convenios" o "tasas".

Al bloque progresista le preocupa que este organismo pueda ser utilizado para impulsar "privatizaciones" en materia sanitaria al considerar que las funciones que se le atribuyen son demasiado amplias. Pero también, que "sirva para generalizar la contratación opaca, falta de concurrencia y discrecional", señalan desde Más Madrid, que exigen una ley ex profeso para la puesta en marcha de una agencia de estas características. Al fin y al cabo, recuerdan los diferentes grupos, la dirección de este órgano será nombrada directamente por el Gobierno de turno. Y temen que por su carácter pueda escaparse del control parlamentario.

Más gasto en altos cargos

Algunos de los cambios normativos llevan asociado un impacto en materia económica y de personal. De ahí, que junto al proyecto se incluyan, entre otros, informes de las direcciones generales de Presupuestos, Tributos, Recursos Humanos o Función Pública. Unos análisis detallados en los que se especifican los costes de algunas de las reformas incluidas en la Ley Ómnibus. Entre ellos, un aumento asociado a los gastos en altos cargos, puestos de máxima responsabilidad que Vox, principal apoyo de Ayuso a nivel parlamentario, siempre ha exigido reducir al Ejecutivo madrileño. En concreto, más de medio millón de euros anuales por la creación de nuevos puestos.

Por un lado, están las modificaciones que el proyecto normativo incluye para la Cámara de Cuentas. Actualmente, la ley establece que el máximo órgano del ente fiscalizador esté compuesto por tres consejeros. Una cifra que ahora el Gobierno autonómico pretende que se vuelva a elevar a siete. ¿Y cuánto costará dicho incremento? "Según los cálculos en función de las retribuciones previstas para un consejero, el coste total de la creación de cuatro consejeros en la Cámara de Cuentas, incluyendo homologación y costes sociales, asciende a 502.782,60 euros", recoge el informe elaborado por la Dirección General de Recursos Humanos.

Del mismo modo, la creación de la Agencia de Contratación Sanitaria lleva aparejada la creación de nuevos puestos de trabajo. En concreto, recoge la Memoria de Impacto Normativo, de uno de directivo con rango de director general, otro con rango de subdirector general, un tercero de jefe de secretaría de alto cargo y un cuarto de secretario de dirección. "El puesto de personal directivo con rango de director general supone un coste de 117.318,75 euros, el puesto con rango de subdirector general supone un coste de 82.862,33 euros, el puesto de jefe/a de secretaría de alto cargo supone un coste de 37.967,23 euros y el puesto de secretario/a de dirección supone un coste de 35.927,78 euros, lo que supone un importe total en el Capítulo 1 de 274.076,09 euros", completa el estudio.

Ordenación del juego y fuera el sector del transporte

La macrorreforma legal de Ayuso también incluye cambios en el sector del juego. Así, amplía el artículo dedicado a la publicidad y patrocinio de este tipo de actividades en el que se incluye, por ejemplo, que no estará permitida la oferta de "juego gratuito o a un precio inferior" o de consumiciones "gratuitas o a un precio inferior" en los establecimientos de juego. Tampoco, se podrá publicitar en centros sanitarios o sociosanitarios, de enseñanza o en aquellos emplazamientos en los que "se lleven a cabo actividades dirigidas específica o principalmente a menores de edad".

Y, además, se amplía el régimen sancionador. Así, por ejemplo, se considerarán como infracciones muy graves "la inexistencia de un sistema informático de acceso destinado al control de los asistentes" o "permitir a los menores de edad el acceso al juego de máquinas con premio en establecimientos de hostelería". Además, se recoge la obligación de estos locales de "tener a disposición de los usuarios folletos informativos facilitados por asociaciones que traten sobre la prevención, tratamiento de la ludopatía y sus centros de rehabilitación".

Fuera queda de la Ley Ómnibus, sin embargo, el transporte urbano. Aunque el anteproyecto incluía también cambios normativos en este sentido, orientados fundamentalmente a la regulación de las VTC, el Ejecutivo regional decidió finalmente sacar este asunto del texto, que encendió al sector del taxi, para tramitarlo aparte.

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