Mazazo del Supremo a la empresa de una exedil del PP con 24 millones en contratos del Gobierno de Madrid

El Tribunal Supremo acaba de asestar un auténtico mazazo por vulneración de la normativa laboral a Ariete Seguridad SA, la empresa de una exconcejal del PP, Silvia Cruz, que solo en el último trienio ha logrado casi 24 millones en adjudicaciones de la Comunidad de Madrid según el portal de contratación. Entre ellas, y concedidas a dedo al igual que las relacionadas con otros 11 hospitales, figuran las de vigilancia del Isabel Zendal, el macrocentro sanitario presentado por Isabel Díaz Ayuso como icono de su política sanitaria durante la pandemia. En total, suman en números redondos 7,50 millones los contratos que ha conseguido Ariete desde 2019 mediante procedimientos “negociados sin publicidad” o de “emergencia”: 3,1 millones proceden de los contratos de "emergencia" para el Zendal y 4,45 de los vinculados a los otros hospitales.

La lluvia de adjudicaciones a Ariete, beneficiaria en estos tres años de múltiples prórrogas de contratos anteriores, no ha cesado pese a que vieron la luz cuando la empresa ya acumulaba distintas sentencias condenatorias por el mismo motivo: aplicar a su plantilla un convenio con peores condiciones salariales que el convenio del sector vigente para toda España. Por ejemplo, y así consta en la sentencia de la Audiencia Nacional de noviembre de 2018 que hace tres semanas –el 8 de febrero– confirmó el Supremo, Ariete ha estado pagando como sueldo base 88 euros menos de lo marcado por el convenio estatal del sector. Ahora, Ariete tendrá que abonar a sus trabajadores las cantidades adeudadas.

La primera anulación del convenio colectivo de Ariete por contravenir lo estipulado en el convenio estatal del sector de seguridad se produjo en septiembre de 2013 y quien dictó la sentencia fue la Audiencia Nacional. La del segundo llegó en diciembre de 2017: ese segundo convenio lo tumbó primero el TSJ de Madrid en una resolución ratificada por el Supremo en 2019. La anulación judicial del tercer convenio, cuya aplicación prevista era el cuatrienio 2018-2021, lleva fecha de abril de 2018: la ordenó la Audiencia Nacional y la confirmó luego en 2020 el alto tribunal.

Lo que ahora ha hecho el Supremo es confirmar otra sentencia –la de noviembre de 2018– de la Audiencia Nacional, a la que acudió UGT para denunciar que, aun habiendo sido anulado ese último convenio, la empresa lo seguía aplicando. La resolución de noviembre de 2018 resulta inequívoca en su fallo: “Anulamos la decisión empresarial de seguir aplicando a sus trabajadores el convenio de empresa anulado judicialmente”.

De primera teniente de alcalde a administradora única

Administradora de la sociedad desde septiembre de 2017, Silvia Cruz fue hasta junio de ese año primera teniente de alcalde de Alcorcón bajo el mandato de David, Pérez, consejero madrileño de Transportes e Infraestructuras. Entre agosto de 2019 y junio de 2021, David Pérez fue consejero de Vivienda. Uno de los contratos que mantiene Ariete de Seguridad con la Comunidad de Madrid -este, adjudicado por concurso- es el de la vigilancia del patrimonio inmobiliario de la Agencia de Vivienda Social, el antiguo IVIMA. Las dos prórrogas aprobadas en mayo de 2019 y en diciembre de 2021 suman 14,8 millones.

La resolución adoptada ahora por el Supremo posee un efecto carambola que sitúa al Ejecutivo madrileño en un campo minado. Porque, tal como remarca el responsable madrileño de la Federación de Seguridad de UGT, Ángel García, la Ley de Contratos del Sector Público señala en su artículo 201 que  las administraciones públicas deben “garantizar” que los contratistas “cumplen las obligaciones aplicables en materia medioambiental, social o laboral”. Y entre esas obligaciones ocupa un lugar destacado la de que el convenio sectorial prevalece sobre el suscrito por cualquier sociedad mercantil para alguno de sus centros de trabajo. Incluso si la empresa intenta revestir de brillo ese convenio local bautizándolo como “convenio de empresa”. Según García, en algunos de los servicios prestados por Ariete a la Comunidad de Madrid no se ha cumplido lo estipulado en el convenio estatal.

Esa última tipología de "convenio de empresa" es la única que puede desmarcarse de lo que señale el sectorial. Pero aquí nunca existió tal convenio. Así lo dictamina la Audiencia Nacional en su sentencia de noviembre de 2018 y lo ratifica ahora el Supremo. "Anulamos –se lee en la resolución de la Audiencia– la decisión empresarial de seguir aplicando a sus trabajadores el convenio colectivo de empresa anulado judicialmente". La sentencia imponía a Ariete la obligación de "abonar a sus trabajadores" –nada menos que 1.261 en 2018– las cantidades que les corresponde percibir en aplicación del convenio estatal. Tanto UGT como CCOO y USO llevan años batallando en los tribunales contra Ariete y su estrategia de reducir los derechos de su plantilla mediante su acuerdo con el comité de empresa de Madrid.

El jueves, infoLibre envió a los portavoces de Sanidad de la Comunidad de Madrid la siguiente pregunta: ¿Comprobó el Gobierno regional antes de las múltiples adjudicaciones a Ariete Seguridad que la empresa estuviera cumpliendo el convenio sectorial estatal? También hizo llegar a Ariete Seguridad un correo electrónico en el que solicitaba su opinión de lo sucedido. Los portavoces del departamento madrileño de Sanidad respondieron así: "En la tramitación de los expedientes de contratación de servicios de vigilancia y seguridad en hospitales no consta que la adjudicataria incurriera en incumplimiento del convenio colectivo aplicable a los trabajadores que prestan sus servicios en la empresa ni en ninguna otra causa que le impidiera contratar con la Administración Pública"". Ariete Seguridad no respondió al correo enviado.

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¿Y por qué ahora un contrato de emergencia?

¿Es tener menos costes laborales lo que le ha permitido a Ariete hacerse con contratos públicos, en su mayoría asignados por la Comunidad de Madrid aunque algunos han sido otorgados por el CSIC o por el Gobierno de Castilla y León? ¿Se explica la mayoría de esos contratos por las peculiares circunstancias de la pandemia? En 2019, un año antes de que la declaración del estado de alarma abriera la puerta de los contratos de emergencia, Ariete ya recibió del hospital Ramón y Cajal contratos por 709.451 euros. Y 1,2 millones del hospital San Carlos junto con dos centros sanitarios dependientes.

¿Por qué en junio de 2021 el Gobierno de Ayuso adjudicó directamente por 1,3 millones a Ariete Seguridad la ampliación del plazo de vigilancia del Zendal mediante el trámite de "emergencia" y volvió a acudir al mismo procedimiento el pasado mes de enero (987.413 euros) si ya septiembre de 2020 el hospital de Fuenlabrada convocó un concurso para el servicio de vigilancia y seguridad? Es decir, un procedimiento abierto con la participación de varias empresas. Lo ganó Ariete Seguridad –1,54 millones–, que había presentado la segunda oferta más barata. Ganó por los criterios sujetos a "juicio de valor". Pero su victoria fue doble: en septiembre de 2021, el contrato se modificó sin ampliar el periodo de ejecución. Y el precio a pagar a Ariete se incrementó en 307.021 euros. Es decir, un 20%.