El magistrado Valdés y su esposa niegan en el Tribunal Supremo que hubiera agresión y enmarcan el incidente en una discusión de pareja

El magistrado del Tribunal Constitucional (TC) Fernando Valdés y su esposa han negado este jueves de forma "categórica" en el Tribunal Supremo que el incidente que motivó la detención del miembro del tribunal de garantías el pasado mes de agosto pueda enmarcarse en una agresión , si bien han reconocido que hubo discusión de pareja que pudo ser "sacada de contexto" por las personas que la escucharon desde la calle y alertaron a las autoridades.

Así lo han señalado fuentes presentes en la declaración, que añaden que, por su parte, los testigos del presunto delito de maltrato que se investiga se han ratificado en sus declaraciones anteriores, relatando al instructor del Supremo, el magistrado Andrés Martínez Arrieta, las palabras que escucharon y el estado de Valdés cuando les abrió la puerta cuando llamaron a su domicilio pidiendo explicaciones, según informa Europa Press.

Valdés llegó al alto tribunal acompañado de su esposa y salió también acompañado por ella y la abogada María Rosa Barcenilla. Se da la circunstancia de que este jueves cumplen 52 años de casados. La pareja abandonó el tribunal en un coche que les recogió en la puerta.

Además de Valdés, su esposa y los dos jóvenes que presenciaron el incidente y alertaron a las autoridades, también ha comparecido este jueves en el Supremo el médico del SUMMA que acudió al lugar, y cuatro guardias civiles y cuatro policías locales destinados en Majadahonda (Madrid), donde se encuentra el domicilio del letrado. Por parte de la Fiscalía ha estado presente María Ángeles Gullón.

Apartado de las deliberaciones del TC por salud

La citación de Valdés en el Supremo llegó después de que el magistrado solicitara acogerse a una baja por motivos de salud que le apartará temporalmente de las deliberaciones del TC, ya que en dicho momento se encontraba ingresado en un hospital de Madrid donde obtuvo el alta el pasado viernes, según fuentes del entorno del magistrado.

Miembro del Constitucional desde 2012 a propuesta del PSOE para un mandato que ya ha caducado, Valdés fue arrestado el pasado 11 de agosto por agentes de la Guardia Civil en su domicilio de Majadahonda, después de que unos vecinos llamaran a la Guardia Civil tras escuchar una fuerte discusión con su mujer en el interior de la vivienda.

Estuvo detenido unas horas pero finalmente la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 7 de Majadahonda acordó su puesta en libertad sin fianza tras valorar la salud y la edad de Valdés, de 75 años, y en el contexto de la pandemia de coronavirus.

Aunque inicialmente el asunto recayó sobre este juzgado de Majadahonda, especializado en Violencia Sobre la Mujer, el magistrado está aforado ante el Supremo, de modo que la Sala Segunda (de lo Penal) del alto tribunal es la única que puede investigarle.

El pasado 15 de septiembre, la Sala Segunda abrió una causa penal a Valdés al apreciar indicios de la comisión de los delitos de maltrato recogidos en los artículos 153.1 y 153.3 del Código Penal, misma posición adoptada por el juzgado de Majadahonda y la Fiscalía.

A criterio de la Sala, las declaraciones de dos testigos y la de un agente, a pesar de las del propio Valdés y su esposa, "conforman una base indiciaria suficiente para descartar en este momento cualquier decisión diferente a la incoación de diligencias" para esclarecer los hechos.

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Además de los interrogatorios a Valdés, su mujer y los testigos, entre las pruebas a practicar por el Supremo estaría un informe pericial solicitado sobre los efectos en el magistrado de la medicación que toma por la enfermedad que padece.

Las fuentes presentes en la declaración han señalado que estos efectos no se relacionan en modo alguno con una situación violenta o de agresión, si bien reconocen que el estado de nerviosismo o temblores que pudieron ver los testigos cuando el magistrado les abrió la puerta pueden deberse a dicha medicación.

El Tribunal Constitucional salió en defensa del magistrado mediante una nota en la que apelaba a respetar el derecho fundamental a la presunción de inocencia "mientras continúe el procedimiento judicial en curso".