Lo que se juzgará en el Tribunal Supremo cuando se siente en el banquillo el fiscal general del Estado será una filtración. Una información transmitida a periodistas que, según el instructor del caso, Ángel Hurtado, salió del máximo responsable de la Fiscalía. Se trata de una afirmación de la que, hasta el momento, no hay una sola prueba que la sustente y que Álvaro García Ortiz niega cada vez que tiene ocasión. Alberto González Amador, el novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, sostiene que la publicación de su confesión de dos delitos fiscales que el juez del Supremo achaca al jefe del Ministerio Público afectó a su presunción de inocencia y a su derecho de defensa. Uno de los siete magistrados encargados de juzgar a García Ortiz ha defendido públicamente determinadas filtraciones para proteger la libertad de prensa y el derecho de la sociedad a estar bien informada, esenciales en una democracia. Aunque la ley establezca que las investigaciones judiciales son secretas.
Se trata de Antonio del Moral, de 66 años, miembro de la Sala de lo Penal del Alto Tribunal a la que llegó hace 13 años desde la Fiscalía. Del Moral, muy apreciado entre sus compañeros por su buen carácter y su calidad técnica, forma parte de la conservadora y mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y está vinculado al Opus Dei. Tras su ingreso en el Ministerio Público, se convirtió en 1985 en el último fiscal de prensa de la institución, cargo creado por la dictadura en el que sustituyó al exfiscal general del Estado Eduardo Torres Dulce. Desde entonces se convirtió en un gran defensor de la libertad de prensa y del derecho a la información que considera esenciales para un sistema democrático. Su experiencia en este campo le ha llevado en los últimos años a participar en múltiples conferencias y debates sobre el trabajo de los periodistas y la información de tribunales, lo que conduce necesariamente a las filtraciones.
Una de estas últimas intervenciones del magistrado del Supremo se produjo el 13 de noviembre de 2024, cuando la Sala de lo Penal, con su voto favorable, ya había admitido a trámite la exposición razonada contra el fiscal general enviada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Nada más abrir el caso, el Supremo cambió su objeto. Mientras que en el tribunal madrileño solo se investigó la nota de prensa con la que la fiscalía desmintió el bulo lanzado desde el entorno de Ayuso de que había sido la Fiscalía la que había ofrecido un pacto para reconocer los delitos a González Amador y había retirado la oferta "por órdenes de arriba" (en realidad fue el novio de Ayuso el que propuso el pacto para evitar la cárcel y así lo aclaró ese comunicado), el Supremo decidió centrar la instrucción en una filtración ocurrida horas antes de la difusión de esa nota que achacó a García Ortiz.
Ese día, Del Moral participó en un debate-comida titulado "Juicios paralelos (información y presunción de inocencia)", organizado por la Asociación para el Fomento del Diálogo. "La libertad de información es un tema esencial en una sociedad democrática", sostuvo en ese foro. "Sin libertad de información no hay democracia. Puede haber Estado de derecho, pueden subsistir todas las instituciones, controles y contrapesos; pero sin libertad de información plural, libre, que fluya sin controles, sin censuras; sin eso, no hay democracia", añadió para luego advertir que "tiene algunos costes". "Hay víctimas inocentes", prosiguió con su explicación. "Pero no queda más remedio que convivir con esas injusticias porque el beneficio de la libertad de prensa es muy superior".
Lo que, según el instructor del caso contra el fiscal general, se pretende preservar con ese proceso es el derecho de defensa y la presunción de inocencia del novio de Ayuso pese a que su abogado confesara que había cometido dos delitos fiscales. Sin embargo, en el coloquio, Del Moral defendió que es más importante el derecho de la sociedad a estar bien informada que la presunción de inocencia, un derecho este último, que, en su opinión, solo debe tenerse en cuenta en los tribunales y salas de justicia, pero no en la prensa, la política u otros ámbitos de la vida social. "Yo he dicho y lo he llegado a decir en una sentencia un poquito escondido, que estoy entusiastamente a favor de los juicios paralelos, que para mí, los juicios paralelos son una bendición", llegó a afirmar. Para Del Moral, los juicios jurídicos y mediáticos tienen finalidades distintas: "Uno [es] para administrar justicia, el otro para formar opinión pública libre, para formar ciudadanos informados, para que voten en las elecciones", añadió.
Tanto el desmentido público que García Ortiz ordenó sacar en nota de prensa, como la filtración previa que el Supremo, sin pruebas, le achaca, tenían precisamente la finalidad de "formar ciudadanos informados", desmintiendo un bulo sobre los delitos de González Amador difundido por Miguel Ángel Rodríguez, el jefe de gabinete de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso. Las noticias que se publicaron tras el desmentido y la filtración investigada trasladaron a la ciudadanía la información real: que había sido el novio de Ayuso el que había ofrecido un pacto para confesar dos delitos fiscales a cambio de evitar la cárcel y no al revés.
Con la instrucción abierta contra el fiscal general ya en marcha, Del Moral abordó también el tema de las filtraciones. Lo hizo tras una pregunta de uno de los asistentes, un abogado que afirmó que los juicios paralelos "están basados en filtraciones de los juzgados" y que, a su parecer, eso suponía "un delito de revelación de secretos", como el que se imputa ahora al fiscal general. Tras asegurar que, al leer los periódicos, se encuentra cada día "una media de tres o cuatro violaciones del secreto del sumario", Del Moral afirmó que "al decir que todo tiene que ser reservado, lo que consigues es que nada sea reservado". "Si dijésemos todas las diligencias sumariales tienen que ser reservadas, que es lo que dice la ley, estaríamos angostando la libertad de prensa", prosiguió el magistrado. "Eso no puede ser, eso no lo consiente una sociedad democrática, una sociedad pluralista", añadió. "Hay que adecuar la legislación a eso y dar unos instrumentos que permitan preservar el secreto de sumario en los casos en los que es necesario por unos fines constitucionales", concluyó.
Uno de los juicios recientes más importantes en los que ha participado Del Moral es el celebrado por su Sala contra los líderes independentistas del proceso soberanista catalán en 2019. En ese caso, tres días antes de que el Supremo notificara la sentencia a los condenados, su contenido fue filtrado a varios de los periódicos de mayor tirada del país. Pocos días después, el 16 de octubre de 2019, el presidente de la Sala, Manuel Marchena, fue entrevistado en el Consejo General del Poder Judicial como único candidato para renovar como presidente de su Sala por cinco años más. En la comparecencia, el entonces máximo responsable del órgano de gobierno de los jueces, Carlos Lesmes, le reprochó esa fuga de información.
"La palabra filtración yo creo que es equívoca", respondió Marchena durante la entrevista (a partir del minuto 52:30 de este vídeo). "La sentencia nunca ha sido filtrada como tal [...]. Ha habido pronósticos sobre el fallo que luego se han confirmado pero que en realidad fueron pronósticos... Luego ha habido informaciones más correctas, más exactas, que yo creo entender que es el tratamiento de unos datos que se obtienen a través de comunicaciones informales [...]. Hace mucho daño [...] Creo que esto es un mal al que hay que hacer frente [...]. Esa sentencia estaba siendo trabajada por muchos [...]. Lamento mucho que en la difusión no se hayan seguido los canales ejemplares [...]. Lo lamento de corazón y voy a hacer todo lo posible para que eso no pueda suceder". Tres días después, el Consejo renovó a Marchena como presidente. La filtración del contenido de una de las sentencias más importantes de la historia de España, salida del Supremo, el tribunal que va a juzgar al fiscal general por una fuga de información similar, jamás se investigó.
Lo que se juzgará en el Tribunal Supremo cuando se siente en el banquillo el fiscal general del Estado será una filtración. Una información transmitida a periodistas que, según el instructor del caso, Ángel Hurtado, salió del máximo responsable de la Fiscalía. Se trata de una afirmación de la que, hasta el momento, no hay una sola prueba que la sustente y que Álvaro García Ortiz niega cada vez que tiene ocasión. Alberto González Amador, el novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, sostiene que la publicación de su confesión de dos delitos fiscales que el juez del Supremo achaca al jefe del Ministerio Público afectó a su presunción de inocencia y a su derecho de defensa. Uno de los siete magistrados encargados de juzgar a García Ortiz ha defendido públicamente determinadas filtraciones para proteger la libertad de prensa y el derecho de la sociedad a estar bien informada, esenciales en una democracia. Aunque la ley establezca que las investigaciones judiciales son secretas.