Moreno tumba con su mayoría absoluta una ley con 52.000 firmas contra la masificación en las aulas

El PP tumbó este miércoles, con su mayoría absoluta, una iniciativa legislativa popular (ILP) que había reunido más de 50.000 firmas para rebajar la ratio de alumnos en las aulas andaluzas, medida que los promotores consideran fundamental para sacar a la comunidad del furgón de cola de los principales indicadores educativos. El PP y el Gobierno andaluz consideran que la rebaja de las ratios a nivel generalizado compete al Ejecutivo central.

PSOE, Por Andalucía –Podemos, IU, Más País– y Adelante Andalucía apoyaron la toma en consideración de la propuesta, que aprovecharon para acusar a Moreno de permitir el deterioro del sistema público de educación andaluz, el mayor de toda España. Pero la ILP ni siquiera se llegará a votar, porque el PP se opuso a este primer paso. Juan Manuel Moreno, presidente de la Junta de Andalucía (PP), no asistió al debate, lo que le valió una lluvia de reproches. Vox se abstuvo. Carmem Yuste, la maestra que defendió la ILP desde la tribuna, atribuye la posición del PP a un deseo de favorecer a la enseñanza concertada.

Una campaña a contrarreloj

Los promotores de la ILP presentaron en agosto en el Parlamento 52.846 firmas, por encima de las 40.000 exigidas, tras una campaña a contrarreloj dificultada por la mesa de la cámara, que denegó una prórroga del plazo con los votos del PP y Vox. La premura obligó a recoger numerosas firmas en pleno verano y forzó a espabilar a la izquierda andaluza, noqueada tras la mayoría absoluta del PP el 19 de junio.

Están adheridos a la iniciativa, impulsada por el sindicato Ustea, los partidos Podemos, IU, Más País Andalucía, Iniciativa del Pueblo Andaluz (integrados en Por Andalucía) y Adelante Andalucía. El PSOE también mostró su apoyo a la ILP. También respaldan la iniciativa los sindicatos CCOO, UGT, CGT y CNT y diversas asociaciones de familias y colectivos en defensa de la educación pública. Todos ellos se han llevado el no del PP, que se alinea con la posición del Consejo de Gobierno, contrario a la tramitación de la iniciativa.

"Mitigar la masificación"

El objetivo de la ILP es una bajada por ley de las ratios en todos los niveles educativos "para mitigar el problema de masificación en las aulas", un "auténtico clamor en la comunidad educativa", según los promotores de la iniciativa, que apelan a "razones pedagógicas, sanitarias e incluso demográficas".

"El descenso de la natalidad –añaden– hace posible una alternativa de futuro que frente a las supresiones y los recortes que impone el Gobierno de la Junta se base en la reducción de las ratios para mejorar las condiciones de enseñanza". La ratio máxima de alumnos por unidad escolar en Andalucía es por normativa de 25 en Infantil y Primaria, 30 en Secundaria y FP y 35 en Bachillerato.

"Si se tiene en cuenta que esta misma normativa permite un incremento de hasta un 10% para atender necesidades de escolarización extraordinarias y que está cada vez más extendida la práctica de aplicar este margen, convirtiendo la excepción en norma, el resultado es que se están generalizando ratios de 28 en Infantil y Primaria, 33 en Secundaria y 38 en Bachillerato", señala el texto de la ILP, que recuerda que Andalucía se encuentra en el furgón de cola de importantes indicadores educativos, lo que exige un especial esfuerzo del sistema público.

En cuanto a las ratios, Andalucía está comparativamente mal. En el conjunto de España el número medio de alumnos por profesor en enseñanzas no universitarias es 12, con datos del curso 2019-2020. En Andalucía son 12,7, lo que la sitúa como la segunda peor comunidad autónoma, sólo mejor que Madrid (13,5).

Interés de la concertada

Carmen Yuste, secretaria de Acción Sindical de Ustea, que este miércoles defendió la ILP desde la tribuna, explica a infoLibre que tenía la "esperanza" de que el PP permitiera la admisión a trámite. "No hacía falta decidir nada hoy. Podían tomarla en consideración y dejarla morir en comisión, o enmendarla hasta tal punto que se hiciera irreconocible. Pero no les interesa el debate de la ratio, no lo quieren ni tocar", señala. ¿Por qué? Según Yuste, la ratio es la "clave de bóveda" de un sistema incrementa año a año el peso y la financiación de la educación privada sostenida con fondos públicos, es decir, la concertada.

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"La escolarización en Andalucía se hace en base a las ratios máximas. Si una clase de Infantil o Primaria no llega al ratio fijado como máximo permitido, el aula se cierra. En cambio, eso no se hace en la concertada, donde sólo se cierran las aulas que pide cerrar el titular del colegio. Si se establecieran unas ratios máximas más bajas, no se produciría el terrible número de cierre de aulas públicas que tiene lugar cada año", explica. Según los datos de Ustea, durante la primera legislatura del PP –junto a Cs– fueron cerradas 1.181 unidades escolares en la escuela pública, sobre todo de Infantil y Primaria.

El Consejo de Gobierno que preside Moreno había marcado el camino al PP al acordar el pasado 5 de diciembre su criterio contrario a la toma en consideración de la ILP, alegando que la reducción de la ratio debía ser establecida a nivel estatal. Según la Junta, entre 2019 y 2022 la ratio ha pasado de 20,9 a 19,2 en las aulas andaluzas de Infantil y de 21,3 a 20,3 en Primaria. Los promotores de la ILP denuncian que el dato global no es fidedigno, porque está distorsionado por las las bajas ratios de las zonas rurales.

"Cuando hay que hacer uso de la autonomía para defender la educación pública, se les cae el traje", reprochó la socialista María Márquez al Gobierno andaluz, en referencia al andalucismo del que presume Moreno. Alejandra Durán, de Por Andalucía, afirmó que "no es de recibo que se haya intentado bloquear esta iniciativa incluso antes de llegar al pleno". Teresa Rodríguez (Adelante Andalucía) señaló que la admisión a trámite era cuestión de "respeto" a los firmantes y de "calidad democrática".