Podemos y nacionalistas mantienen vivo el bloque de la censura pero trasladan al PSOE su temor a que pacte con Rivera

Los viernes sociales han acabado por dar frutos. El Gobierno de Pedro Sánchez consiguió sacar adelante en la Diputación Permanente del Congreso —el órgano que sustituye al Pleno cuando la Cámara se disuelve antes de una convocatoria de elecciones— los seis decretos ley que el Consejo de Ministros aprobó en medio del período electoral y que dieron pie a toda la oposición, pero especialmente a PP y Ciudadanos, a acusar al Ejecutivo de usar el Boletín Oficial del Estado para hacer campaña a su favor.

Los seis decretos ley se beneficiaron de la reedición de la mayoría que aprobó la moción de censura —PSOE, Unidos Podemos, Esquerra Republicana, PDeCAT, PNV, Compromís y EH-Bildu— y tres de ellos —el de medidas de contingencia en previsión de un Brexit sin acuerdo, el de medidas urgentes para la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y el que autoriza a las corporaciones locales con superávit contable a utilizar parte de esos recursos— también sumaron el respaldo de Ciudadanos.

El partido de Albert Rivera se abstuvo en el que ha permitido recupera el subsidio de desempleo para los mayores de 52 años y en el que ha completado la nueva regulación de la estiba portuaria y sólo votó en contra del de medidas urgentes en materia de vivienda y alquileres.

El PP, en cambio, dijo que no a todo. Incluido al indispensable decreto de medidas urgentes que permitirá afrontar el riesgo de la más que probable salida abrupta del Reino Unido de la Unión Europea. Una actitud que dio pie a la portavoz del PSOE en el Congreso, Adriana Lastra, a acusarles de ser un partido “antisocial” capaz incluso de romper la unidad en materia de política exterior. Y a lamentar la deriva de del PP de Pablo Casado: “Nada tiene que ver con Rajoy”.

El Gobierno se anotó un éxito incuestionable en el Congreso —seis victorias de seis posibles—, en algunos casos de forma holgada, pero las intervenciones de los portavoces de los diferentes partidos indican que, aunque el PSOE ha podido recomponer esta vez la mayoría de la moción de censura en la última votación de la legislatura, está muy lejos de tener el aval de los demás partidos. Y menos en plena precampaña electoral.

Los votos a favor de los decretos llegaron acompañados, en casi todos los casos, de críticas y reproches. En algunos casos feroces. Todo el mundo se quejó de la tramitación de las medidas mediante el recurso extraordinario al decreto ley, una facultad del Gobierno reservada constitucionalmente a motivos de urgencia excepcional, especialmente en el de medidas de igualdad que ha hecho posible la ampliación del permiso de paternidad. Incluso quienes votaron a favor vieron en la actitud del Gobierno una utilización electoral de su función de gobierno en un período en el que, aunque conserva todas sus competencias y capacidad de obrar porque no estará en funciones hasta el 29 de abril, España ya está inmersa en el debate electoral.

Aitor Esteban (PNV), un socio estratégico para el PSOE, subrayó que la mayoría de estos asuntos se podían haber tramitado antes y, sobre todo, se deberían haber consensuado con antelación, algo que, según él, el Gobierno ni siquiera se molestó en intentar. Los demás portavoces apelaron a la “lealtad al Estado” (Melisa Rodríguez, de Cs), a la “responsabilidad” (Antón Gómez-Reino, Unidos Podemos) a la resignación de que “menos es nada” (Noelia Vera, Unidos Podemos; Marian Beitialarrangoitia, EH Bildu) o a la “lógica de lo tomas o lo dejas” (Carles Campuzano, PDeCAT) para votar a favor a pesar de sus discrepancias con los decretos del Gobierno. 

Con la vista puesta en las elecciones

Joan Baldoví (Compromís), otro aliado clave del PSOE en los últimos meses —gobiernan juntos en la Comunitat Valenciana—, se situó en línea con el PNV y aprovechó su primera intervención para verbalizar un temor que comparten los partidos que apoyaron a Sánchez en la moción de censura: cuando los socialistas lanzan mensajes que sugieren la posibilidad de pactar con Ciudadanosposibilidad después de las elecciones deberían recordar, advirtió, que las medidas sociales aprobadas en los últimos meses jamás hubiesen salido adelante sin el respaldo de Unidos Podemos y los grupos nacionalistas.

Una frase de Carles Campuzano (PDeCAT) reprochando al Gobierno no haber buscado el modo de derogar la reforma laboral provocó la intervención más ácida de Unidos Podemos. Su portavoz Yolanda Díaz tomó las palabras del diputado catalán como una prueba de que el Gobierno mintió cuando dijo no buscar la derogación de la reforma laboral porque no contaba con apoyo suficiente. La consecuencia, lamentó con crudeza, es que el decreto ley de medidas urgentes de protección social y de lucha contra la precariedad laboral en la jornada de trabajo se ha quedado en un mero “sucedáneo de mala calidad. Provoca bochorno que digan que es una herramienta contra la precariedad”.

“Se van como han venido”, espetó Díaz a la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio. “Dejando a la intemperie” a los trabajadores. Al tiempo que “su relato de que quieren y no pueden se ha demostrado que no es cierto: están atados a los poderes económicos”, acusó.

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Ciudadanos, pese a que sólo se opuso a uno de los seis decretos, cargó su argumentario, como es habitual en la formación naranja, de acusaciones en las que denunció la existencia de acuerdos entre el Gobierno, Podemos y los nacionalistas que se repetirán, si tienen oportunidad, en la próxima legislatura. Uno de sus portavoces en la sesión, Miguel Gutiérrez, acusó a Sánchez de haber implorado telefónicamente a Arnaldo Otegi el apoyo de EH Bildu a sus decretos. “¿Y quieren hacernos creer que es por amor al arte?”, preguntó.

La insistencia en esta idea irritó a Baldoví (Compromís), que recordó a PP y Cs que el sentido de la votación no tenía que ver con ser o no “socios” del Gobierno sino con que los temas a debate beneficiasen o no a los ciudadanos. “Aquí se viene a trabajar por la gente”, apostilló.

Los diferentes portavoces del PP que intervinieron en los debates se ampararon en la excepcionalidad del uso de los decretos ley para justificar su rechazo a todas las propuestas. Aunque en todos los casos encontraron también razones de fondo para negarse a darles soporte. Uno de ellos Carlos Rojas, afeó incluso a los demás grupos —incluido Ciudadanos— su supuesta falta de coherencia al “echar la bronca” al Gobierno por las seis iniciativas para después acabar apoyándolas.