Cambian los figurantes y la puesta en escena, pero no el guion. El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha repetido durante la crisis incendiaria de agosto el mismo manual de control de daños que empleó cuando las inundaciones de Valencia pusieron en evidencia la incapacidad del Gobierno de Carlos Mazón a la hora de gestionar una emergencia que acabó saldándose con un trágico resultado de 227 víctimas mortales.
En ambos casos, el líder de la derecha respaldó desde el primer momento a sus presidentes autonómicos, pese a las evidencias en su contra. Mazón estuvo desaparecido en las horas críticas de la dana y su Govern fue incapaz de advertir a tiempo a los ciudadanos, pese a los múltiples avisos que le trasladaron los servicios de meteorología de que se avecinaba una peligrosa riada. Alfonso Fernández Mañueco, a su vez, ignoró las lecciones aprendidas en los incendios de 2022 en su comunidad y recortó recursos contra incendios. No hizo nada, a pesar de que todo indicaba, desde hacía meses, como constatan técnicos y especialistas en gestión de montes, que se avecinaba una situación crítica en materia de incendios como consecuencia combinada de las lluvias de la primavera y el incremento de las olas de calor producto del cambio climático.
Feijóo no solo defendió la gestión de ambos presidentes autonómicos, ampliamente cuestionada por los hechos y que en los dos casos ha desencadenado manifestaciones de protesta y exigencias de dimisión, sino que se ha dedicado a señalar la supuesta responsabilidad del Gobierno central. En la Comunitat Valenciana intentó, sin éxito, dirigir la responsabilidad a la entonces vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, a pesar de que las responsabilidades en materia de prevención de catástrofes y protección civil están claramente en manos de Mazón. En Castilla y León repitió el mismo mensaje, señalando en este caso a los ministerios de Defensa, Interior y también a Transición Ecológica por supuestamente haber regateado medios estatales en la lucha contra el fuego, a pesar de que no hay ninguna evidencia que lo demuestre.
La principal y casi única diferencia entre la estrategia de Feijóo en la dana y en los incendios es que esta vez no ha reclamado que el Gobierno de España se hiciese cargo de la emergencia para no cuestionar a sus presidentes autonómicos en Galicia y Castilla y León, reacios a ceder esa responsabilidad. Sí lo hizo, en cambio, en València, donde, en contra del criterio de Mazón, pidió reiteradamente a Pedro Sánchez que su Ejecutivo asumiese la gestión de la crisis. El Gobierno aplicó en ambos casos el mismo criterio: mostrar su disposición, pero dejar la decisión en manos de quien tiene las competencias.
Planes de ayudas
Feijóo también intentó, en los dos casos, mostrarse como la cabeza visible de la respuesta a las dos crisis. En València, haciendo ver que la ayuda no llegaba. En Castilla y León y Galicia, denunciando que el auxilio del Estado se hacía de rogar. En ambos casos se desplazó inmediatamente al centro de mando correspondiente para fotografiarse con sus presidentes autonómicos, defender su gestión y pedir cuentas al Gobierno central.
En València presentó un plan de reconstrucción exigiendo al Gobierno una inversión de 12.000 millones de euros en industria, infraestructuras y gestión de recursos para la recuperación de las comarcas afectadas, a ejecutar en 10 años. Una iniciativa que combinaba ayudas y exenciones fiscales muy similar, en lo sustancial, a la que ha presentado ahora para los incendios, esta vez con el añadido de proponer la creación de un registro de pirómanos de más que dudosa legalidad obligados a portar, en temporada de incendios, una pulsera telemática.
Los portavoces del PP han repetido, siempre que han tenido un micrófono delante, el bulo de que los responsables del Gobierno estuvieron desaparecidos tanto en el caso de la dana como en el de los incendios (no solo no lo estaban, sino que no eran responsables de la gestión de ambas crisis).
En las dos situaciones, siempre con el objetivo de poner en el foco al Gobierno de Pedro Sánchez, los de Feijóo han multiplicado las solicitudes de comparecencia en las Cortes. Con los equipos de emergencias todavía trabajando tras la catástrofe de la dana, propusieron citar al presidente y a siete ministros, así como al expresident de la Generalitat, Ximo Puig, pero no a Mazón. Ahora, con el fuego todavía fuera de control en algunas localidades, han llevado al Senado a cuatro ministros: Defensa, Transición Ecológica, Interior y Agricultura.
Elecciones a la vista
Con esta estrategia, el PP trata de dar la vuelta a las responsabilidades de sus gobiernos autonómicos pensando en el próximo ciclo electoral, que comienza precisamente por Castilla y León.
Las últimas encuestas publicadas, antes de que el fuego sacase a la luz la deficiente planificación de la lucha contra los incendios en esta comunidad, apuntaban a que Mañueco estaría en situación de volver a gobernar, aunque de nuevo teniendo que apoyarse en un acuerdo con Vox.
Sobre el papel, el PP, como responsable de la pésima gestión forestal en la comunidad, es el principal señalado por lo ocurrido, pero solo si la población percibe que hubo mala prevención, falta de medios o descoordinación. Para Mañueco, el riesgo es que la oposición logre fijar la idea de que la gravedad de lo ocurrido ha sido consecuencia directa de los recortes ordenados por la Junta y del abandono en que se encuentran las áreas rurales de Castilla y León.
Sin embargo, el PP tiene una base electoral muy sólida en Castilla y León, lo que puede amortiguar el impacto en las urnas de lo ocurrido. Que los votantes pierdan la confianza en Mañueco no significa que el día de las elecciones se vayan a quedar en casa o a votar por el PSOE; también pueden reforzar las candidaturas de Vox, especialmente si acaba imponiéndose la narrativa de que lo sucedido es consecuencia por igual también del Gobierno de Pedro Sánchez.
El poder del relato
Para el PSOE es clave rentabilizar políticamente el malestar de una parte importante de la población, en particular en las provincias afectadas. Pero también existen riesgos, sobre todo si el PP es capaz de imponer el falso relato de que el Ejecutivo central no envió suficientes recursos estatales para atajar el fuego e impedir la catástrofe.
A falta de encuestas fiables que revelen el posible impacto del fuego en las expectativas electorales, catástrofes anteriores sugieren que la memoria social de los incendios no se diluye fácilmente cuando hay víctimas mortales o una devastación que marque a la población durante mucho tiempo. De aquí al día de votación —el 16 de marzo es la fecha límite, si Mañueco no la adelanta— es previsible que las consecuencias sociales, económicas y medioambientales del fuego sigan muy presentes. Al final, el resultado dependerá de quién consiga imponer el relato: abandono y falta de prevención (si domina el PSOE) o catástrofe inevitable más ayudas estatales insuficientes (si domina el PP).
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Mañueco anticipó por sorpresa las últimas elecciones, que se celebraron en febrero de 2022, para aprovecharse de las horas bajas de Ciudadanos y buscar una mayoría que le permitiese gobernar en solitario. Pero la jugada no le salió bien; se quedó muy lejos de la mayoría absoluta que buscaba y las urnas acabaron dando la llave de la Junta a Vox. Para no correr el riesgo de una repetición electoral, el PP, con el visto bueno de Feijóo, que por entonces ya era el único aspirante a liderar el partido tras la defenestración de Pablo Casado, abrió por primera vez la puerta de un Gobierno a la ultraderecha después de negociar y asumir una parte sustancial del discurso radical, xenófobo y contrario a las políticas ambientales de Santiago Abascal.
Castilla y León no solo es un feudo muy importante para el PP —gobierna ininterrumpidamente desde que, hace casi cuarenta años, José María Aznar ganó allí sus primeras elecciones—, sino que es la primera gran cita del nuevo ciclo electoral. Si no hay sorpresas en el calendario, en forma de adelanto estratégico, después vendrán las de Andalucía, no más tarde del mes de junio, en las que Juanma Moreno tiene que defender su mayoría absoluta del PP frente a un PSOE liderado por la actual ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
Para Feijóo es muy importante empezar el nuevo ciclo electoral con buen pie y situar en el imaginario colectivo que la gestión del PP en las comunidades autónomas es ejemplar y un modelo de lo que él quiere hacer si gana las generales de 2027. De ahí que en Génova preocupe la mala gestión que Carlos Mazón hizo de las inundaciones de 2024 —que acabaron costando la vida a 227 personas— y la que acaba de protagonizar Mañueco, con un saldo provisional de más de 166.000 hectáreas arrasadas, poblaciones destruidas por las llamas, enclaves únicos de la comunidad, como el paraje de Las Médulas, fatalmente dañados, y tres muertos: dos voluntarios y un bombero forestal.
Cambian los figurantes y la puesta en escena, pero no el guion. El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha repetido durante la crisis incendiaria de agosto el mismo manual de control de daños que empleó cuando las inundaciones de Valencia pusieron en evidencia la incapacidad del Gobierno de Carlos Mazón a la hora de gestionar una emergencia que acabó saldándose con un trágico resultado de 227 víctimas mortales.