Derechos civiles

"No" y a otra cosa: la eutanasia levanta ampollas en el PP y Casado se blinda ante el debate

El presidente del PP, Pablo Casado, durante el último pleno del Congreso.

El PP votó el jueves en contra del histórico proyecto de ley que por primera vez en España reconocerá el derecho a una muerte digna a los españoles que sufren enfermedades terminales y gravemente incapacitantes. Fue el único partido que se opuso, además de Vox, pero su presidente, Pablo Casado, se mantuvo cuidadosamente al margen. No sólo se ausentó de la votación —lo hizo de forma telemática— sino que desde que el Congreso puso fecha a la aprobación de la ley no ha hecho una sola declaración sobre un proyecto que hasta hace poco tiempo era uno de los pilares del rearme ideológico con el que se hizo con la Presidencia del Partido Popular, hace ahora algo más de dos años.

La actitud del líder del PP no ha pasado desapercibida para nadie, en particular para Vox, que en las últimas horas ha subrayado su ausencia de un debate que los ultras consideran una pieza clave de su ideario político. El propio Santiago Abascal ha tachado la ley de eutanasia de condena “a muerte” para “los más indefensos”.

Lo cierto es que las prioridades políticas de Casado no tienen nada que ver con oponerse a la regulación de la muerte digna. Sus intervenciones públicas de la semana han dado un gran protagonismo a la Ley de Educación, todavía en trámite en el Congreso y el Senado, pero a la que el PP tacha de ataque a la libertad y en la que este partido ve un ataque a la utilización del castellano en las aulas de toda España. De hecho, ese seguirá sigue siendo el eje de sus mensajes en las próximas horas, en línea con las movilizaciones convocadas en diferentes ciudades de España para manifestarse contra la nueva ley.

Esta semana, Casado ha hablado de la pandemia, de la crisis económica, del Consejo General del Poder Judicial, de la ocupación de viviendas, del sector agrario, de la situación del castellano en Cataluña, de la agenda oculta del Gobierno para hacerse con todo el poder en España, de Bildu, de Esquerra y del Brexit, pero no ha dicho ni una palabra acerca de la ley de Eutanasia.

No siempre ha sido así. En 2018, cuando competía con la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría por el liderazgo del PP, Casado había bandera de su oposición a despenalizar la eutanasia, un asunto sobre el que la número dos de Mariano Rajoy siempre se había puesto de perfil. Y si Sánchez llevaba a cabo la iniciativa que esta semana culminó el Congreso, amenazaba con derogarla en cuanto tuviese la oportunidad: “¿Por qué cuando llega la izquierda pueden legislar a nivel moral y luego llega la derecha con mayoría absoluta y no puede retrotraerlo?”, se preguntaba.

Hace apenas dos años, el líder del PP criticaba al PSOE por crear con este tema “un problema” que según él “en España no existe”. “Yo soy un liberal y creo que tenemos que legislar lo menos posible y, sobre todo, para las cuestiones que son necesarias y no intervenir en la vida de la gente. No meternos en la casa de la gente, no meternos en la conciencia de la gente”, argumentaba.

No todos en el partido opinan lo mismo. De hecho el tono de su portavoz, José Ignacio Echániz, en el debate que tuvo lugar en febrero en el Congreso sacó a la luz el malestar del ala más centrista del PP, hoy prácticamente silenciada. Nadie con responsabilidades en la actual dirección o en el grupo parlamentario se ha manifestado en contra de la postura del partido.

Quienes dudan o creen que sí había que regular este asunto de alguna manera ya no tienen mando en el partido. Es el caso, por ejemplo, de la exportavoz parlamentaria y diputada por Barcelona, Cayetana Álvarez de Toledo. En abril de 2019, en plena campaña electoral, defendió la necesidad de despenalizar la eutanasia. “No estoy a favor de penalizar la eutanasia, honestamente, pero tampoco de que esto sea libre”, declaró en una entrevista en TV3.

Partidarios de consensos

Es un asunto sobre el que siempre se ha atribuido a los moderados del PP —los que perdieron el control del partido cuando Casado se hizo con las riendas— una posición más comprensiva con las personas que desean poner fin a su vida por sufrir un “padecimiento grave, crónico e imposibilitante o enfermedad grave e incurable, causantes de un sufrimiento intolerable”, que es lo que regula precisamente la ley aprobada esta semana en el Congreso.

Cuando el proyecto de ley llegó a la Cámara Baja, el pasado es de febrero, fue rechazado por el PP en un debate en el que los conservadores se sumaron al trazo grueso de Vox. José Ignacio Echániz llegó a decir que el Gobierno sólo pretendía ahorrar gasto sanitario, unas palabras que le valieron reproches dentro de sus propias filas, entre otros del hoy portavoz nacional y alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida. Quieren “evitar los costes sociales del envejecimiento”. “Hay un intento claro de evitar costes del estado de bienestar. Cada vez que una de estas personas es empujada al fallecimiento con la eutanasia, el Estado ahorra muchísimo”, había acusado entonces Echániz usando argumentos que en el debate de esta semana ha evitado cuidadosamente.

En aquellos días, el exministro de Sanidad y entonces líder del PP vasco, Alfonso Alonso, al que Casado acabó defenestrando, lejos de oponerse a la regulación de la eutanasia reclamaba la búsqueda de un acuerdo. En una entrevista en TVE llegó a decir: el final de la vida “no es una cuestión de derechas ni de izquierdas”. “Las posiciones se pueden aproximar y creo que se podría sacar del debate partidista y buscar una posición de consenso”.

De los dirigentes del PP todavía con responsabilidades que con menos entusiasmo han apoyado la posición del partido en este asunto destaca el presidente de Castilla y León. Alfonso Fernández Mañueco pidió en febrero buscar consensos para “evitar el sufrimiento”. “Me gustaría que entre las dos grandes fuerzas políticas afrontáramos un proceso legislativo sobre la defensa de la vida y para evitar el sufrimiento”, declaró después de negarse a opinar sobre la votación que aquel día se produjo sobre el proyecto de ley de eutanasia.

El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) lleva desde 2011 sin preguntar a los españoles sobre la eutanasia y aquel año no cruzó las respuestas con el recuerdo de voto. Sí lo hicieron estudios más recientes como el firmado por Metroscopia en 2019, según el cual hasta el 65% de los votantes del PP respaldan que un enfermo incurable tenga derecho a pedir a los médicos que pongan fin a su vida sin dolor. Un resultado semejante al que puso de manifiesto un estudio parecido realizado por la empresa Ipsos el año anterior (74%).

En los próximos días, cuando la ley entre en vigor, el PP tendrá una nueva oportunidad para retratarse. Vox ya ha anunciado que llevará la nueva norma al Tribunal Constitucional. El PP, en cambio, no ha explicado si piensa hacer lo mismo, a pesar de que Echániz sí la considera contraria a la Carta Magna. 

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