Teresa tiene 94 años, sufre alzhéimer y lleva 10 años en la residencia Domusvi Albufera, en Vallecas. Entró primero solo en el centro de día; más tarde ocupó una plaza privada y, desde hace cinco años, se encontraba en una de las 35 plazas concertadas que oferta el centro desde 2022. Este 1 de julio, ella y otras 16 personas de esta residencia tendrán que abandonar sus plazas por la entrada en vigor del nuevo acuerdo marco entre la Comunidad de Madrid y las residencias privadas, que establece el número de plazas concertadas asignadas a cada centro privado.
Han pasado cuatro años desde el último acuerdo y el nuevo texto redefine ese reparto, ya sea por una decisión económica del propio centro o porque la Comunidad de Madrid entienda que no necesita tantas plazas. Aunque el saldo final arroja un número mayor de plazas concertadas adjudicadas en comparación con 2022, los cambios obligan a eliminar plazas que ya estaban ocupadas, sin contar con la opinión ni las preferencias de los afectados.
Desde la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales indican que, con esta nueva firma, solo han quedado afectados 95 residentes, de los que 81 han solicitado traslado a otros centros que ofrecen plazas concertadas y otras 14 han permanecido en su residencia, pagando una plaza privada con la ayuda del cheque residencia que ofrece la Comunidad de Madrid, pero infoLibre ha podido constatar que la cifra de ancianos afectados por esta situación superaría el centenar.
Sumadas a las 17 de la Albufera, se han eliminado la totalidad de las 35 plazas de la residencia Solsalud por haber quedado fuera de este acuerdo, otras 35 en la residencia Rafael Alberti y 30 en Sanitas La Florida, hasta alcanzar un total de 117. La cifra podría ser más elevada debido a familiares o residencias que no quieren pronunciarse sobre el tema. Preguntada sobre esta nueva cifra, la Comunidad de Madrid mantiene las 95 personas afectadas y asegura que, “en cuanto se adjudicó [el nuevo acuerdo marco], dejaron de cubrirse esas plazas”.
Aquí entra una práctica que han denunciado varios de los familiares de afectados: las residencias les explicaron antes del 17 de junio –fecha en la que el nuevo acuerdo marco fue autorizado– que se iban a eliminar sus plazas y que se buscaran alternativas, dejando así a muchos afectados fuera de la cifra final antes de que la medida fuera oficial. “El 27 de mayo nos reunieron a las familias para darnos una noticia importante y nos contaron que se eliminaban 20 plazas concertadas, que en realidad son 17, porque tres de los residentes ya habían fallecido”, denuncia la hija de Teresa, Mari Tere, sobre el caso de la Albufera en conversación con infoLibre.
"El único parámetro que han tenido en cuenta para decidir a quién echar ha sido la antigüedad con la que tenían la plaza concertada, sin valorar el arraigo, la condición física y mental o si realmente quieren quedarse o irse”, añade. infoLibre ha contactado con la residencia de DomusVi Albufera, pero no ha querido hacer comentarios ni valoraciones sobre estos hechos.
"¿Cómo puedes reorganizar toda tu vida en 30 días? En el centro ya tenía una rutina, una vida hecha. Era como su familia y ahora se va a encontrar en un sitio que no conoce, con gente nueva y con una rutina diferente. Va a dejar de comer y dormir", lamenta. En este caso, la familia dispone además de un informe médico que desaconseja expresamente el traslado por el deterioro cognitivo de la residente. Sin embargo, Mari Tere asegura que ni la empresa gestora ni la Administración han tenido en cuenta esa circunstancia. "Ni DomusVi ni la Comunidad de Madrid han luchado, no han querido ver cómo les puede afectar. Para ellos solo somos un número".
La hija de la residente afectada también denuncia la falta de información durante todo el proceso. Forma parte del Consejo de Familia de la residencia y asegura que nunca se les trasladó que el centro fuera a reducir las plazas concertadas hasta pocas semanas antes de la entrada en vigor del nuevo acuerdo. "En el último acuerdo pidieron 35 plazas porque no las tenían todas cubiertas, pero ahora les sale más rentable tenerlas privadas y simplemente prescinden de ellas. Tendrían que asumir el riesgo", lamenta.
El “chantaje” de los cheques residencia
Una vez se informa a los residentes de que su plaza va a ser eliminada, se les ofrecen dos opciones: el traslado a otra residencia privada que tenga plazas concertadas libres o permanecer en el mismo centro, pero con una plaza privada y con la ayuda de un cheque residencia. En el caso de Teresa, la familia ha decidido aceptar el traslado, porque el cheque que ofrece la Comunidad de Madrid es de tan solo 740 euros, mientras que el coste de la plaza privada alcanza los 3.100 euros con IVA.
Desde Marea de Residencias describen este cheque como un “chantaje”. “Para aquellas familias que, por motivos de salud extrema o arraigo psicológico de su familiar, se niegan a un traslado traumático, la única alternativa legal para que la persona afectada permanezca en su misma residencia es aceptar este cheque. Al hacerlo, el residente pierde la plaza pública y pasa a ser un cliente privado de la empresa”, denuncia la plataforma.
La decisión del traslado es la misma que ha tomado María José sobre su madre, de 93 años, que sufre deterioro cognitivo, trastornos psiquiátricos, problemas cardíacos e importantes limitaciones de movilidad, y llevaba ya dos años en la residencia de la Albufera. "Nos dieron dos opciones de residencia, una en Vallecas y otra en Carabanchel. También nos indicaron que si había alguna otra residencia privada que nos gustara o tuviéramos cerca, se podía ver. Por esa parte sí que nos facilitaban todo el tema del traslado", explica.
Sin embargo, asegura que el problema no es la logística, sino el impacto emocional y sanitario del cambio. "Estamos con muchísima presión y con mucha angustia. Mi madre me ha dicho más de una vez que si la sacan de este centro se va a tirar por una ventana. Yo quiero pensar que no lo dice en serio, pero me preocupa mucho. Como se desequilibre, sumado a sus problemas de corazón, puede ser terrible", denuncia.
"Los médicos saben perfectamente que cuando ingresan a una persona en un hospital se desubica, que no parecen ellos mismos, pierden incluso memoria, se desorientan. Eso nos preocupa muchísimo, que pierdan sus referencias de espacio y de personas. Otra residente nos decía el otro día: '¿Os vais a ir todas?'", relata.
Impacto en la salud del cambio de residencia
Existen varios estudios que han tratado este tema y que describen que la reubicación de personas mayores en residencias puede generar estrés por traslado, con problemas concretos como aumento de la ansiedad y la depresión, especialmente en residentes de larga estancia y con distinto grado de deterioro cognitivo. A esto se suman cambios en los dominios funcionales, cognitivos, conductuales y emocionales tras el traslado de una residencia a otra.
Un estudio de la Universidad de Michigan encontró criterios de trauma por transferencia en alrededor del 30% de residentes trasladados en 2018 y 2019. Además, una revisión de 28 estudios sobre reubicación involuntaria señala que “la falta de preparación, la escasa información y las dificultades de comunicación con las familias pueden empeorar la adaptación, mientras que la preparación previa y la participación familiar tienden a favorecer el bienestar”.
Esta falta de preparación es la que también denuncia Pepa. Su madre, de 97, años va a tener que abandonar el centro de la Albufera tras cuatro años en él. Describe que tiene la cabeza bien “a ratos” y se mueve en silla de ruedas. “No depende totalmente de una persona todo el rato, pero ya son 97 años", explica.
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La familia ha aceptado finalmente el traslado a una residencia de Carabanchel, ya que el cheque residencia era una opción que consideran inviable. "Con el cheque residencia, al final tienes que pagar 2.800 euros y a mi madre no le llega la pensión. Es verdad que tiene tres hijos, pero tampoco nos podemos permitir ese dinero", asegura.
Más allá del coste económico, insiste en que el problema principal está en el vínculo construido durante estos años. "Ella está muy a gusto, dice que esto ya es su casa, y además es un centro que está a dos minutos de mi casa, por lo que para mí también era muy cómodo. Nos tenemos que ir el 1 de julio y ella no se encuentra en condiciones de estar de aquí para allá”, relata.
Las tres familiares comparten una misma sensación de “desesperación, rabia e impotencia. Impotencia de no poder hacer nada. Aquí lo único que les mueve es el dinero". "Ya con nosotros no se puede hacer nada, pero espero que se pueda hacer algo con los que vienen después. Pero mientras haya dinero de por medio, es imposible", concluye Pepa, poniendo ya la mirada en el próximo acuerdo marco que se tendrá que firmar en unos tres años, dependiendo de las prórrogas que se apliquen.
Teresa tiene 94 años, sufre alzhéimer y lleva 10 años en la residencia Domusvi Albufera, en Vallecas. Entró primero solo en el centro de día; más tarde ocupó una plaza privada y, desde hace cinco años, se encontraba en una de las 35 plazas concertadas que oferta el centro desde 2022. Este 1 de julio, ella y otras 16 personas de esta residencia tendrán que abandonar sus plazas por la entrada en vigor del nuevo acuerdo marco entre la Comunidad de Madrid y las residencias privadas, que establece el número de plazas concertadas asignadas a cada centro privado.