Hace tres años estalló el escándalo de los políticos que se beneficiaban de ayudas ideadas para que familias vulnerables puedan pagar sus facturas de la luz y del gas tras una investigación de infoLibre. Pero lejos de rechazarlas, la lista de adjudicatarios sigue creciendo. Solo en el entorno del PP de Madrid hay al menos ocho altos cargos que siguen disfrutando de esta rebaja gracias a su condición de familia numerosa, un requisito que el Gobierno central prometió eliminar en 2023, pero que en 2026 sigue vigente.
El número dos del partido regional, Alfonso Serrano, mano derecha de Isabel Díaz Ayuso, ha vuelto a cobrar la subvención anual para calefacción hace apenas dos meses. Una prestación que asciende a 210,71 euros y que corresponde a la ayuda completa de 2025. También lo ha hecho Enrique Ossorio, presidente de la Asamblea de Madrid y anterior número dos de la presidenta Ayuso, que ha cobrado la misma cantidad. Ambos llevan disfrutando de este descuento al menos cuatro años.
Además, infoLibre ha identificado a otros políticos y altos cargos vinculados al PP de Madrid también suscritos a estos bonos. Cinco de ellos son diputados de la Asamblea de Madrid (incluyendo a Ossorio y Serrano), uno es concejal del Ayuntamiento de la capital, otro es alto cargo de la Comunidad y la última es miembro de la ejecutiva del partido regional y concejala de Boadilla.
No es posible contrastar oficialmente si todos ellos también disfrutan del bono social eléctrico porque al no tratarse de una subvención, la información no es pública. Pero se puede presuponer, ya que el bono eléctrico es imprescindible para poder cobrar el térmico. Esa otra ayuda es todavía mayor porque supone un descuento directo de la factura de luz mensual del 42,5% sobre el concepto de energía del recibo, hasta un consumo máximo de 4.761 kWh anuales.
Tanto el bono eléctrico como el térmico tienen el único objetivo de paliar la pobreza energética en España, que sufren unos 2,9 millones de hogares, según los cálculos del Gobierno central. Otro estudio de la Universidad Pontificia Comillas estima que 1,7 millones de hogares ni siquiera pueden pagar una cuarta parte de lo necesario para cubrir sus necesidades energéticas básicas.
Este problema contrasta con la situación de los dos altos cargos del PP madrileño. Ossorio, como presidente del hemiciclo, ganó el año pasado 127.570,94 euros, y en 2023 declaró más de 1,3 millones de euros en inversiones. Por su parte, Serrano cobraba 67.848 euros en 2023 de la Asamblea, pero hace dos años rompió su exclusividad para cobrar la mitad y compatibilizar así su sueldo con otros ingresos. Serrano es también secretario general del PP de Madrid.
Tras destaparse la polémica hace tres años, la entonces ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, prometió incluir requisitos de renta para familias numerosas, pero todavía no se han implementado. Si bien, la actual ministra Sara Aagesen se ha comprometido a corregir ese vacío legal en la próxima Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética 2026-2030, que debería entrar en funcionamiento en 2027, aunque debía haberse puesto en marcha en 2025.
Al menos ocho altos cargos vinculados al PP
En la lista de diputados autonómicos que se benefician del bono térmico destaca Miguel López-Valverde, que también es consejero de Digitalización, con un salario bruto de 124.851 euros brutos al año. En la Asamblea también lo han cobrado los diputados del PP Daniel Portero y Eva María Gallego y ambos ganan alrededor de 63.000 euros al año. En estos dos casos es cierto que ninguno ha ingresado el dinero este año, solo lo hicieron en 2025 (correspondiente a la ayuda de 2024), pero un portavoz del partido no aclara si están pendientes de cobrarlo o se han dado de baja de los dos bonos o de uno.
Otro de los beneficiarios destacados es Miguel Povedano, director de Tributos de la Comunidad de Madrid, precisamente la persona encargada de fijar los impuestos que pagan los madrileños. No tiene cargo político dentro del PP regional, pero sí fue designado a dedo por la presidenta Ayuso para el puesto que ocupa. En su caso cobra 113.995 euros al año.
En el Ayuntamiento de Madrid, infoLibre ha encontrado como beneficiaria a la concejala del PP de Turismo y del distrito de San Blas-Canillejas, Almudena Maíllo del Valle, madre de tres hijos y alto cargo del consistorio desde hace dos décadas. Declara un sueldo de 104.793 euros. Por último, este medio ha identificado también a María Jesús García-Alarilla, coordinadora del Comité de Derechos y Garantías del PP de Madrid y concejala de Innovación en Boadilla del Monte.
El PP de Madrid, a preguntas de este medio, ha rechazado confirmar o desmentir que la lista anterior de políticos efectivamente disfruta del bono social. infoLibre tiene además otros nombres de altos cargos del partido que podrían estar disfrutándolo, pero no ha podido corroborarlos de forma inequívoca. "Todos los diputados que cobran el bono social es porque cumplen todos los requisitos como cualquier otro ciudadano", se limitan a responder fuentes del partido.
Isabel Díaz Ayuso fue la primera que defendió a los suyos cuando se conocieron los casos de sus dos escuderos hace tres años. "Se llama [bono] social, pero no es solo para las personas vulnerables. Se entiende que es un gesto del Gobierno hacia las familias numerosas", dijo la presidenta preguntada en una rueda de prensa en 2023.
Otros partidos
Del resto de partidos, en la Asamblea de Madrid, infoLibre solo ha localizado a dos políticos de Vox acogidos a las ayudas energéticas: José Ignacio Arias Moreno y María Belén González.
A nivel estatal, de todo el Congreso de los Diputados, este medio solo ha encontrado un beneficiario: Ricardo Chamorro, de Vox, electo por Ciudad Real. Mientras que del Senado solo cobró el año pasado Raquel González, del Partido Popular y electa por Burgos, que ya se ha dado de baja del bono térmico. Un diputado del Partido Socialista por Albacete, Emilio Sáez, también cobró el año pasado como familia numerosa, carné que tiene por su condición de discapacidad, pero también se ha dado de baja.
Una ayuda para familias al límite
La justificación de que existan estos bonos sociales es exclusivamente "para proteger al consumidor vulnerable" de energía eléctrica y calor y reducir los elevados niveles de pobreza energética del país. Sin embargo, el agujero legal que permite a familias ricas optar a la rebaja, solo por ser familia numerosa, lleva 17 años vigente sin que ningún Gobierno lo haya reformado. Desde que se aprobó la creación del bono social eléctrico en 2009, uno de los requisitos para obtenerlo ha sido contar con el título de familia numerosa, sin ningún tipo de criterio económico. En 2017 se concretó la figura del "consumidor vulnerable", donde de nuevo se incluía la figura de la familia numerosa, de nuevo sin limitación de renta.
El bono social térmico se creó después, en 2018, y se otorga de manera automática a quien disfruta del bono eléctrico, por lo que heredó ese vacío legal. Los dos bonos se deben renovar cada dos años para garantizar que se cumplen las condiciones económicas, pero las familias numerosas lo reciben indefinidamente mientras tengan en su poder este título. En todo caso, para que las ayudas sean concedidas por primera vez, debe ser el beneficiario el que las solicite por cuenta propia, de manera que ninguno de los citados puede alegar que no era consciente de recibirlas.
José Carlos Romero, de la cátedra de Energía y Pobreza de la Universidad de Comillas, es muy crítico con la normativa actual y exige que ese agujero legal se corrija cuanto antes. "El bono social eléctrico y térmico deben ser una herramienta de protección frente a la vulnerabilidad energética, no una ayuda general por pertenecer a un determinado colectivo. Una familia numerosa puede tener más necesidades energéticas, desde luego, pero eso no justifica que el acceso sea automático y sin comprobar ingresos", afirma el experto.
Para el resto de beneficiarios –en total hay 1.729.109 receptores del bono eléctrico en España, y casi un tercio son familias numerosas– el acceso está restringido en función de los ingresos del hogar. El bono eléctrico para consumidores vulnerables supone una rebaja en el componente energético de la factura del 42,5%, y del 57,5% para vulnerables severos. Mientras que el bono térmico supone una subvención única anual de entre 210,71€ y 400,69€, en función del grado de vulnerabilidad del consumidor y de la zona climática en la que se ubique su vivienda habitual.
También hay una diferencia fundamental entre el térmico y el eléctrico: el primero lo costean todos los españoles a través de sus impuestos y el segundo todos los consumidores eléctricos (hogares, empresas y administraciones) a través de los cargos de la factura de la luz. La CNMC calcula que el conjunto de clientes pagarán este año 437,2 millones de euros para financiar el bono eléctrico. El térmico, cubierto con los Presupuestos Generales del Estado, costó 312 millones a los contribuyentes en 2025, además de las aportaciones autonómicas voluntarias.
Las familias numerosas, las que más lo piden
Por qué una familia rica con tres hijos puede acceder al bono social eléctrico para familias vulnerables
Sergio Tirado, investigador de pobreza energética en la Universidad Autónoma de Madrid, añade que el colectivo de familias numerosas no solo disfruta de no tener techo de renta, sino que además tiene generalmente más estudios y recursos y por eso "es el colectivo que más lo pide y más disfruta de él". Cita un estudio de Esade de 2024, que dice que mientras que el bono social solo llega al 24,5% de sus potenciales beneficiarios, en el colectivo de familias numerosas lo disfrutan el 45,5% del total, una proporción de casi el doble.
Los últimos datos disponibles del Ministerio de Transición Ecológica, de abril, muestran que 467.952 familias numerosas reciben el bono eléctrico (y por tanto, el térmico) en el país, un 27% del total de beneficiarios. De lejos es Madrid la Comunidad con más ayudas para esta tipología, con 83.068 familias numerosas cobrando. No todas son familias con tres o más hijos, ya que también se entrega este carné a padres con dos hijos si uno tiene discapacidad superior al 33%, entre otros casos.
Esta base de datos evidencia que cada vez más familias numerosas conocen esta ayuda y la solicitan. Desde enero de 2023 sus abonados han crecido un 32%. Si bien, también han crecido en otras categorías porque en general el número de españoles con bono social eléctrico ha crecido en tres años un 27%, hasta 1,73 millones de familias.
Hace tres años estalló el escándalo de los políticos que se beneficiaban de ayudas ideadas para que familias vulnerables puedan pagar sus facturas de la luz y del gas tras una investigación de infoLibre. Pero lejos de rechazarlas, la lista de adjudicatarios sigue creciendo. Solo en el entorno del PP de Madrid hay al menos ocho altos cargos que siguen disfrutando de esta rebaja gracias a su condición de familia numerosa, un requisito que el Gobierno central prometió eliminar en 2023, pero que en 2026 sigue vigente.