Las claves de un sector en el ojo del huracán

Un oligopolio que gana 5.000 millones al año domina un mercado eléctrico con el quinto recibo de la luz más caro de la UE

Un vecino manipula un generador para intentar calentar su casa en el asentamiento de la Cañada Real.
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La nevada, al mismo tiempo que tapaba media España con su manto blanco, también destapaba. ¿Qué destapaba? Aspectos controvertidos del funcionamiento del mercado eléctrico español, señalado ahora por marcar precios récord de la luz en una ola de frío y en plena pandemia. Ha vuelto a ser objeto de crítica el mecanismo de subasta, capaz de elevar el precio de la luz a 11 millones de consumidores al asignar a las empresas unos costes de producción que no siempre se dan. Pocos entienden a la primera que la luz se pague a precio de gas natural. El Gobierno, sobre todo a través de las ministras Teresa Ribera (Transición Ecológica) y Nadia Calviño (Economía), se ha apresurado a aclarar que se trata de picos puntuales, insertos en una dinámica general de descenso de precios gracias a la entrada de las renovables. Pero no sólo el golpe de frío y la falta de sol y viento, es decir, no sólo causas puntuales han ocasionado este subidón. Hay un motivo subyacente: la propia dinámica del modelo, la regulación y el funcionamiento del sistema, dominado por un oligopolio en posición de fuerza, protagonista de un mercado que suma dos características que resultan chirriantes la una junto a la otra: precios de la luz comparativamente altos para los hogares, atendiendo al entorno europeo; beneficios multimillonarios de los principales actores empresariales.

Un oligopolio integrado por Endesa, Iberdrola y Naturgy, que en 2019 superó los 5.000 millones de beneficio neto y este año va camino de números aún mejores, domina un mercado con la quinta electricidad más cara de la Unión Europea y al menos 3,5 millones de personas sin la temperatura adecuada de su vivienda en invierno.

El oligopolio del sistema eléctrico

Rodolfo Rieznik, de Economistas sin Fronteras, afirmaba en un artículo en 2017 que en España existe un “mal llamado mercado” de generación y distribución eléctrica. Es una consideración extendida: el mercado no es tal, sino un remedo, un simulacro, una ficción. Jorge Fabra, de Economistas sin Fronteras, apunta sobre la presente crisis: “Los costes del conjunto de la electricidad consumida estos días apenas han subido 2€/MWh [euros por megawatio/hora] y ello no como resultado de la subida de los costes del gas sino sólo el de una pequeña fracción del gas. En fin, como siempre, es el mercado, no el frío. Un mercado ineficiente que daña la economía de este país todos los días, con frío o con calor, y que agudiza las consecuencias de la pobreza energética. El frío es sólo una 'prueba de esfuerzo' que pone de manifiesto la existencia de una enfermedad crónica”.

Enrique Palazuelos, catedrático de Economía Aplicada, se ha dedicado con esmero a desentrañar esa enfermedad. Y ha obtenido un diagnóstico: “oligopolio”. Según su análisis, el control por parte de tres gigantes, Iberdrola, Endesa y Naturgy, de todos los eslabones de la cadena eléctrica se ha convertido en el gran problema del mercado. "Tres décadas después de que se iniciara la privatización de compañías públicas y dos décadas desde que arreciaran las medidas liberalizadoras impulsadas por las instituciones europeas [...], el funcionamiento del sistema eléctrico tiene poco que ver con las promesas de competencia, eficiencia y moderación de los precios", expone Palazuelos en El oligopolio que domina el sistema eléctrico. Consecuencias para la transición energética (2019).

En dicho ensayo, Palazuelos detalla cómo estos tres grupos, complementados por Energies de Portugal (EDP) y Repsol en una posición secundaria, se reparten no sólo la mayoría de la potencia instalada, sino también de la producción de electricidad y de las redes de distribución y venta a los consumidores. El catedrático señala que las filiales de las compañías del oligopolio [sólo considerando las tres grandes] acaparan más de 26 millones de clientes y venden más del 80% de la energía comprada por los consumidores. ¿Qué queda fuera? Tres centenares de pequeñas empresas comerciales, añade.

El informe de la Fundación Naturgy El sector en números, elaborado con datos de las propias empresas, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y Red Eléctrica Española (REE) sobre el ejercicio 2019, atribuye a la suma de Endesa, Iberdrola y la propia Naturgy un 57% de la potencia instalada, porcentaje que se aproxima al 100% en nuclear, al 90% en hidroeléctrica, al 80% en carbón y al 70% en ciclo combinado, quedándose en un más reducido filo del 30% en renovables. El segmento de consumo presenta una fortísima concentración, con una cuota conjunta de los tres grandes grupos del 81%, según el último dato ofrecido por la CNMC este mismo mes de enero.

Palazuelos cree que con un “tripolio extensivo” –las tres grandes más EDP y Repsol– concentrando la mayor parte de la producción, las redes de distribución y la venta no es posible hablar de un mercado libre. Mucho menos de un mercado eficiente y funcional. La posición de fuerza del oligopolio, explica Palazuelos, se traduce no sólo en las dinámicas de funcionamiento del mercado, sino también en las dificultades para la reforma del sector. “El llamado mercado marginalista está supuestamente concebido para que de manera ciega unos ofrezcan energía y otros la compren, en función de unos precios que en teoría tienen que ver con los costes variables. Pero es una ficción total”, señala a infoLibre. ¿Por qué? Porque las mismas empresas repiten una y otra vez su aparición, como compradores y vendedores, explica. “Eso les da una posibilidad muy grande de control. No es que haya una manipulación, como se ha denunciado. No hay ninguna intriga. Es sólo un mercado defectuoso que hay que cambiar”.

El ensayo de Palazuelos ilustra cómo el oligopolio ejerce su poder de mercado: sus plantas de carbón y ciclo combinado –con costes mayores– son las que generalmente fijan el precio de casación; después, sus plantas nucleares e hidráulicas perciben ese precio aunque sus costes de producción son mucho menores. Además, añade, esos mismos grupos participan mayoritariamente por el lado de la demanda, ya que sus filiales comercializadoras necesitan comprar electricidad –más de la que produce cada grupo– para vender a los consumidores. El problema –explica– es que esas filiales no ejercen la debida influencia bajista en el precio ya que sea cual sea este se traslada íntegramente a los consumidores, indica. “La pequeña dimensión de los demás oferentes y demandantes les impide ejercer cualquier influencia en la formación del precio mayorista”, señala.

Se dan a juicio de Palazuelos una catarata de circunstancias que impiden hablar de un mercado sano, ya que las mismas empresas –señala sobre todo a Endesa, Iberdrola y Naturgy– influyen en la formación del precio mayorista y en la fijación de los peajes y cargas que regulan los organismos públicos. Su dominio provoca además una deficiente asignación de las tecnologías con las que se genera la energía eléctrica, lo que acaba encareciendo los precios y perjudicando con ello a los hogares y las empresas, añade. “En el pool [mercado mayorista] no compiten plantas individuales, ni las distintas tecnologías según sus costes, sino que las compañías del oligopolio disponen de estrategias capaces de aprovechar las condiciones de las distintas plantas y tecnologías para conseguir un precio superior (mark-up) al de competencia”, diagnostica Palazuelos.

Alfons Pérez, del Observatorio de la Deuda en la Globalización, sostiene que las principales empresas constituyen un auténtico cártel que les permite controlar un sector estratégico, asegurándose beneficios millonarios con facturas que no están justificadas por los costes. Pérez, que defiende que hay que “apagar el oligopolio eléctrico”, pone como ejemplo de disfunción los conocidos como “beneficios caídos del cielo”, o windfall profits, es decir, el sobreprecio que reciben las grandes eléctricas al cobrar la energía producida por centrales nucleares o hidroeléctricas el precio del gas natural en el mercado mayorista. “El mercado marginalista ofrece unos beneficios muy fuertes a las grandes empresas del oligopolio, que participan en todas las tecnologías”, señala el autor de Pactos verdes en tiempos de pandemias. El futuro se disputa ahora, que no observa un “valor añadido” que justifique estos beneficios.

La descripción del mercado que hace Rodolfo Rieznik es igualmente cruda. Al no existir una masa de comercializadores con fuerza para incidir en los precios, las empresas del oligopolio “presentes abusivamente en la generación y distribución de la energía imponen el precio marginal”, anota. Al final del proceso está el consumidor, que en ningún caso puede prescindir del producto. Los hogares se comportan inelásticamente, es decir, las variaciones en el precio no afectan a la demanda. La ecuación se cierra con un doble resultado: por una parte, las familias no son influyentes como para hacer variar el precio; por otra, las empresas del oligopolio eléctrico difícilmente pueden perder dinero, siguiendo el razonamiento de Rieznkik.

Los números de las tres grandes

Las tres grandes empresas presentan números fastuosos. El capital social de las tres compañías suma 7.000 millones de euros. Sus beneficios netos en 2019 superaron los 5.000 millones (5.009). En 2020, entre enero y septiembre, cosecharon 4.888. Si la dinámica sigue, será un año significativamente mejor que 2019 en cuanto a beneficios.

Endesa, propiedad en más de un 70% de la multinacional Italiana Enel y que abastece de electricidad a casi 22 millones de personas en España, suma un capital social de 1.270 millones. En 2019, su beneficio neto ascendió a 171 millones, una cifra baja derivada del ajuste por el cierre de plantas de carbón. Este año los números presentan mejor aspecto. Su beneficio neto en los primeros nueve meses ha sido de 1.511 millones. ¿Por qué tanta diferencia entre 2019 y 2020? "En 2019 el beneficio cayó un 88% respecto al año anterior –desde los 1.417 millones de 2018 a los 171 de 2019– por la revisión a la baja del valor de las centrales térmicas de carbón tras anunciar su cierre (-1.398 millones de euros), mientras que el resultado de 2020 está influenciado también por extraordinarios como la reversión de la dotación para determinados beneficios sociales por la aplicación del nuevo convenio colectivo", explica la compañía a preguntas de este periódico.

La propiedad de Iberdrola, con un capital social de 4.762 millones de euros, está más atomizada. Destacan Qatar Investment Authority (8,6%), Blackrock (5,1%) y Norges Bank (3,4%). El beneficio neto en 2019 fue de 3.406 millones. La cifra entre enero y septiembre de 2020 alcanza los 2.681 millones. "En estos nueve meses la compañía ha realizado inversiones de 6.638 millones de euros. Este esfuerzo inversor está focalizado en la recuperación verde (más energías renovables y mejores redes)", explica la compañía, que recalca que en 2019 la empresa realizó "una inversión récord" de 8.158 millones de euros.

El principal accionista de Naturgy, con cerca de mil millones de capital social, es Caixabank (24,8%), que destaca en un catálogo en el que también figuran capitales multinacionales como Global Infraestructure Partners (20,6%). Sus beneficios netos en 2019 ascendieron 1.432 millones de euros. Entre enero y septiembre de 2020, la cifra alcanzó los 696 millones. Las inversiones en este periodo fueron de 827 millones de euros, principalmente destinados a proyectos de energías renovables, señala Naturgy.

Precio de la luz y pobreza energética

España se encuentra entre los países europeos en los que la electricidad es más cara. Y no sólo eso. También ha subido más que la media. Así lo indican los datos de consumo doméstico con impuestos incluidos de la Oficina Europea de Estadística, más conocida como Eurostat [ver las tablas aquí y aquí].

El dato en España al cierre del primer semestre de 2020 era de 0,2239 euros por kilowatio/hora, frente a 0,2126 del conjunto de la UE-27. Es la quinta luz más cara en la UE, por detrás de Alemania, Dinamarca, Bélgica e Irlanda, con datos de Eurostat actualizados en octubre del año pasado. El precio ha crecido en España un 59,9% desde 2007, al inicio de la serie homogénea de Eurostat, frente a un 38,32% en la UE. Son más de 21 puntos más de crecimiento. Ninguno de los principales países de la UE, ni tampoco Reino Unido, han registrado crecimientos similares en ese periodo. Sólo se acercan Francia (55,4%) y Alemania (44,5%).

El precio de la luz es uno de los factores que explican la pobreza energética. No el únicom desde luego, porque no puede desligarse la pobreza energética de la pobreza en su conjunto, que es un problema multifactorial. En cualquier caso, es un apartado en el que España ofrece una panorámica grave. Según datos del Ministerio de Transición Ecológica sobre el cierre de 2019, último disponible, un 16,7% de los hogares hacen un “gasto desproporcionado” en electricidad. Un 7,6% tienen una temperatura inadecuada de su vivienda en invierno, lo que supone 3,5 millones de personas. Un 6,6%, 3,1 millones, se retrasan en el pago de las facturas, cifra que la Asociación de Ciencias Ambientales ha llegado a situar por encima de 4 millones. Hasta 8 millones de personas cumplían al menos uno de los requisitos de pobreza energética establecidos por el Gobierno en su documento estratégico de 2019. 

El fenómeno, que se viene reduciendo desde 2016, crece ahora con la pandemia y la crisis económica asociada. Según un informe elaborado por el Consejo General de la Arquitectura Técnica de España y Mutua de Propietarios, el 8% de los hogares pasará frío este invierno y un 35% no alcanzará una temperatura de confort.

Como muchos otros aspectos del deterioro social a causa del coronavirus, saldrá a la luz en forma de dato consolidado más adelante. Hoy hay una fotografía aún movida. Pero sí se observa en la imagen el peso del precio de la luz. En un informe de noviembre, la Asociación de Ciencias Ambientales criticó la forma en que el Gobierno asigna las causas de la pobreza energética. “Se sigue minimizando la importancia de los precios de la energía. Ni la estrategia nacional ni la actualización de indicadores de 2020 los considera y tampoco aparecen mencionados en la definición de pobreza energética. Por su parte, la literatura especializada reconoce desde la década de 1990 los precios de la energía como factor estructural de la pobreza energética. Desde 2017 el Observatorio Europeo de Pobreza Energética recomienda su inclusión como indicadores secundarios”, señala.

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