Las normas aprobadas el martes por la Mesa del Congreso para concretar quiénes tendrán derecho a una acreditación como periodistas en la Cámara Baja y quiénes no, en aplicación de la reciente reforma del reglamento impulsada por todos los partidos —a excepción de PP y Vox— para poner freno a los activistas y agitadores ultras que desde hace algunos años boicotean ruedas de prensa y acosan a periodistas, han provocado una intensa discusión profesional y han dividido a las organizaciones que representan a los informadores.
Fuentes de la Asociación de Periodistas Parlamentarios, de la Asociación de la Prensa de Madrid (APM), de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) y de la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP), que han sido interlocutores de la presidenta del Congreso, Francina Armengol, en la preparación de estas normas, las defienden y anticipan cierta flexibilidad en su aplicación.
El documento, aseguran, lo único que hace es poner sobre el papel lo que ya era práctica habitual, incluida la decisión de no acreditar de forma permanente a medios con menos de diez empleados, radios que solo emitan por Internet u organizaciones de noticias cuya base de distribución sea YouTube.
La interpretación que hacen es que las empresas más pequeñas no son generalistas o no tienen ámbito nacional y que las credenciales permanentes deben reservarse a este tipo de medios. Lo cual no significa que los demás —los especializados o de ámbito local o autonómico— no tengan derecho a acreditaciones puntuales, como sucedía hasta ahora, precisan.
La mayoría de estas organizaciones defienden normas como la prohibición de captar imágenes de los diputados en sus escaños, con excepción de María Rey, presidenta de la APM, que las considera contrarias al derecho a la información.
Que decidan los políticos
Todas, sin embargo, están a favor de que el Consejo Consultivo, que asesorará a la Mesa en caso de que esta deba decidir la retirada de una acreditación, no tenga mayoría de periodistas y esté en la práctica dominado por los partidos. El motivo es sencillo: no quieren que los periodistas decidan (aunque el órgano sea consultivo) sobre el derecho de nadie a estar acreditado en el Congreso. Es trabajo de la Mesa, subrayan.
La sensación general es que habrá que ir viendo cómo funcionan todos estos mecanismos que, en última instancia, lo único que pretenden es establecer normas para castigar a los activistas y agitadores que desde hace algún tiempo boicotean ruedas de prensa y acosan a periodistas que solo tratan de hacer su trabajo. Por primera vez habrá sanciones para quienes actúen de manera inapropiada y que pueden dar lugar a la retirada de la acreditación.
El documento no incluye referencia alguna a la necesidad de cumplir las obligaciones establecidas en el vigente Reglamento Europeo de Libertad de Medios (EMFA, por sus siglas en inglés), que ya se ha convertido en la norma fundamental de la regulación de los medios en el continente y que es de obligado cumplimiento en España. Cumplir la EMFA no será, por consiguiente, incentivo alguno para obtener la acreditación en el Congreso.
No obstante, la norma no ha gustado a todo el mundo. La Agrupación de Periodistas de UGT expresó su “profunda preocupación” por unas normativas que considera “un retroceso preocupante para nuestra profesión y una amenaza grave a la pluralidad informativa en el Parlamento”, aunque al día siguiente acabó retirando el comunicado de su web sin dar más explicaciones. El texto original juzgaba “absolutamente equivocado” el criterio de concesión de acreditaciones, que “no resolverá el verdadero problema: el intrusismo de agitadores, pseudoperiodistas y pseudomedios”. Decía que les preocupaba especialmente que se haya establecido como requisito para la acreditación contar con al menos 10 trabajadores en plantilla, “una medida que discrimina claramente a pequeños medios y proyectos autogestionados, habitualmente impulsados por profesionales independientes con escasos recursos iniciales. Los periodistas y fotoperiodistas autónomos, sostienen, van a ser penalizados en su trabajo”.
El sindicato socialista denunciaba, además, que no se les hubiese consultado la creación del nuevo Consejo Consultivo de Comunicación Parlamentaria, “lo que evidencia que la reforma se ha hecho al margen de quienes representamos a los profesionales”. Y pedía expresamente a los partidos que reconsiderasen estas medidas y abriesen un diálogo “para garantizar una regulación que proteja tanto la seguridad de los diputados como la pluralidad informativa”.
En una línea parecida se han pronunciado varios colegios profesionales de periodistas, las únicas organizaciones acreditadas por ley para representar a la profesión. El de Andalucía asegura que el documento aprobado por la Mesa está “repleto de imprecisiones y responde a intereses espurios que nada tienen que ver con la defensa del ejercicio periodístico y el derecho a la información, sino de intereses políticos y de entidades privadas”.
Códigos deontológicos
Esta entidad coincide en la necesidad de establecer una serie de normas para facilitar el trabajo, tanto de quienes dirigen las tareas informativas en el Congreso como de quienes desarrollan la labor periodística en los medios, pero no comparte “el miedo que parece tener la Mesa de la Cámara a llamar a las cosas por su nombre”, al hablar de “redactores literarios” o “representantes de medios” en vez de “periodistas, esto es, trabajadores profesionales con una formación universitaria que desarrollan una importante función social para preservar y garantizar el derecho a la información”.
No se trata, subrayan, de actuar de buena fe, sino de hacerlo “de acuerdo al interés informativo y la ética deontológica”. Andalucía, como otros colegios, cree además que no hay motivo que justifique que “una televisión o radio digital, sometida como lo está a la normativa audiovisual, no pueda quedar acreditada para cubrir la actividad del Congreso”. Anuncian que presentarán propuestas de mejora para reclamar, entre otras cosas, la presencia de los colegios en el Consejo Consultivo de Comunicación Parlamentaria. “Delegar las decisiones en los grupos políticos es politizar el derecho a la información. Deben ser los órganos de autorregulación de la profesión reconocidos por la Ley —es decir, los colegios profesionales— quienes se pronuncien y valoren dichos comportamientos”.
El PP avala a los agitadores ultras del Congreso en contra de los periodistas de la derecha tradicional
En parecidos términos se han manifestado el Colegio Profesional de Galicia (CPXG) y el de Castilla y León. El primero, que también pide participar en las negociaciones para revisar las normas, considera que “los criterios recogidos en este texto resultan restrictivos y discriminatorios, al excluir a los medios de menor dimensión empresarial sin valorar su profesionalidad ni su audiencia real”. Del mismo modo, critica que también queden “en una situación de marginación aquellos proyectos periodísticos que emplean fórmulas innovadoras y plenamente legítimas, como la radio digital o plataformas de difusión en línea como YouTube, que forman parte del ecosistema informativo actual”.
El segundo tacha el documento de “despropósito tanto en las formas como en el contenido”. “Es inaceptable que los colegios de periodistas de España se enteren por la prensa sobre el contenido definitivo de la normativa que regirá la actividad profesional periodística en el Congreso de los Diputados.”
La norma “excluye de la acreditación a los profesionales freelance o autónomos que, aun teniendo número de colegiación o registro profesional, no están adscritos a un medio de comunicación concreto, sino a varios”. En cuanto al Consejo Consultivo, “es inadmisible que sus miembros sean en su mayoría políticos, lo que pone sin duda en peligro la libertad de expresión y el derecho a la información, ya que serán los políticos quienes evalúen la sanción a los periodistas”.
Las normas aprobadas el martes por la Mesa del Congreso para concretar quiénes tendrán derecho a una acreditación como periodistas en la Cámara Baja y quiénes no, en aplicación de la reciente reforma del reglamento impulsada por todos los partidos —a excepción de PP y Vox— para poner freno a los activistas y agitadores ultras que desde hace algunos años boicotean ruedas de prensa y acosan a periodistas, han provocado una intensa discusión profesional y han dividido a las organizaciones que representan a los informadores.