Caso Nóos

La Policía se preocupa por el paseíllo de la infanta

La Policía se preocupa por el paseíllo de la infanta

Ibon Uría

Con la fecha de la declaración como imputada de la infanta Cristina ya marcada en rojo en la agenda, el rompecabezas en la Audiencia de Palma no ha hecho más que empezar. Francisco Martínez Espinosa, el juez decano, tiene que tomar una decisión sobre el paseíllo de la infanta. Y este martes, cuando apenas restan dos semanas para el día clave, ha recibido una importante llamada: el comisario jefe de la brigada de la Policía Judicial ha solicitado una reunión urgente para abordar la cuestión.

La petición pone de manifiesto la preocupación de la Policía por saber cómo recorrerá la infanta los escasos 40 metros que separan la calle de la entrada trasera a los juzgados de Vía Alemania. Más aún cuando la llamada se ha producido el mismo día en el que Martínez Espinosa se ha reincorporado al trabajo tras sus vacaciones. Juez decano y comisario jefe han acordado verse esta misma semana. Sobre la mesa, un reducido abanico de opciones y una disyuntiva: la de permitir o no que Cristina de Borbón y Grecia descienda en coche la ya conocida cuesta.

Fuentes sabedoras de ese primer contacto reconocen que la cuestión es delicada. La infanta tendrá que acceder a los juzgados el próximo sábado 8 de febrero a las 10.00 horas. Permitir que se acerque hasta la puerta en coche podría ser interpretado como la concesión de un trato de favor. Lo contrario la expondría a un recorrido incómodo. En el aire está también otra cuestión: saber dónde colocar al nutrido grupo de periodistas que, con total seguridad, acudirá ese día a los Juzgados.

Esas mismas voces admiten que el decano no tiene muchas salidas. El edificio de los juzgados no dispone de garaje, por lo que esa opción queda anulada. Martínez Espinosa tiene la úlima palabra y adoptará su decisión tras atender el informe de riesgos de la Policía. Los agentes estudiarán los puntos de riesgo existentes en las inmediaciones de la sede judicial, propondrán medidas para evitar el lanzamiento de objetos y emitirán una recomendación final. Ese documento está aún en proceso de elaboración.

Hasta que el decano se pronuncie la intención es tratar la cuestión con la máxima normalidad, y una vez haya veredicto, aseguran, se explicará sin escatimar detalles, puesto que "no hay interés en ocultar nada". Habitualmente los imputados recorren ese último tramo a pie, pero hay al menos un precedente en los que la regla halló su excepción: la declaración como imputado de Iñaki Urdangarín.

En esa ocasión, Martínez Espinosa autorizó al duque de Palma a acceder en vehículo hasta el final de la cuesta. ¿El argumento? La existencia de una situación "excepcional" y la necesidad de atenter "estrictas razones de seguridad". Sin embargo, y pese al salvoconducto otorgado por el decano, Urdangarín optó hacer a pie ese último tramo.

Hasta el momento, varias voces se han pronunciado sobre cómo debería la infanta recorrer los metros cruciales. Preguntado al respecto, el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, afirmó que "una actividad de colaboración con la Administración de Justicia" no puede implicar "penas paralelas". El portavoz de los conservadores en el Congreso, Alfonso Alonso, pidió "no hacer espectáculo". Y la presidenta del PP de Madrid, Esperanza Aguirre, fue más allá y señaló: "Hasta ahora, la ley no impone la pena de paseíllo, que yo sepa".

No todos están de acuerdo. "Si el resto de las personas han tenido que recorrer esa cuesta, incluido su marido, pues imagino que a ella también le tocará", señaló el portavoz parlamentario del PNV, Aitor Esteban. Desde el PSOE, Soraya Rodríguez recordó preguntada al respecto que "todos los españoles son iguales ante la ley" y que "según esa premisa, hay que actuar". En la misma línea, Rosa Díez (UPyD) reclamó que el Gobierno no proteja a nadie tras las palabras de Gallardón. Miquel Roca, abogado de la infanta, señaló por su parte que la cuestión es algo "absolutamente anecdótico". 

Sea cual sea la decisión final, se da por segura la presencia de un excepcional dispositivo de seguridad en la sede judicial y la asistencia de un elevado número de medios de comunciación. En el aparcamiento de los juzgados, a escasos metros de la puerta del acceso al edificio, hubo en la primera declaración de Urdangarín 120 periodistas. La solución a todas las cuestiones verá la luz el 8 de febrero a las 10.00 de la mañana.

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