El PP y las asociaciones conservadoras ignoran el aval de Bruselas a la actual regulación del CGPJ y mantienen su ofensiva contra el Gobierno

Pese a que el desenlace parecía escrito desde el 22 de octubre, cuando Pedro Sánchez ofreció a Pablo Casado congelar la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) registrada por PSOE y Unidas Podemos para modificar las mayorías a la hora de renovar el órgano de gobierno de los jueces, el anuncio no fue oficializado hasta este martes. Fue en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros cuando el titular de Justicia, Juan Carlos Campo (PSOE), avanzó que el Ejecutivo había instando a los grupos parlamentarios proponentes a que retiraran la iniciativa. Un gesto que el ministro vendió como la enésima invitación al Partido Popular para que vuelva a la mesa de negociación y deje de bloquear esta institución pendiente de renovación desde 2018.

Esta invitación se produjo sólo 24 horas después de un encuentro telemático entre el titular de Justicia y la vicepresidenta de la Comisión Europea para Valores y Transparencia, Vera Jourová, cita tras la que la dirigente europea mantuvo que "la reciente reforma que limita los poderes del CGPJ cuando tiene miembros en función de custodia parece estar en principio en consonancia con el Estado de Derecho y los controles y equilibrios en España". Y que "dicha reforma hace aún más apremiante la necesidad de elegir a los nuevos miembros del CGPJ para que pueda desempeñar plenamente su función institucional esencial", añadió.

Con la pelota de nuevo sobre el tejado del Partido Popular tras el aval de Bruselas a la reforma que limita a un Poder Judicial en funciones y el llamamiento a completar la renovación, poco se dieron por aludidos los conservadores. Igual respuesta se dio desde las asociaciones judiciales que han iniciado su particular cruzada ante Europa contra las reformas legislativas planteadas desde el PSOE y Unidas Podemos. 

Fuentes de la dirección nacional del PP consultadas por infoLibre dieron la bienvenida al anuncio de Campo de la retirada de la proposición de ley de PSOE y Unidas Podemos. Pero, más que enmarcarlo en un gesto del Ejecutivo para atraer al principal partido de la oposición lo circunscribieron a las presiones de Bruselas para aparcar una iniciativa de "dudosas garantías".

En todo caso, en Génova mantienen que, en el momento en el que la retirada se haga efectiva, Pedro Sánchez sólo habrá cumplido con uno de los requisitos que ellos demandan para acceder a negociar. Uno de ellos es, en efecto, la retirada de la proposición de ley que aboga por una reforma que cambie el sistema de mayorías. Pero las otras dos, dicen los conservadores, no se han cumplido a día de hoy. A saber: "La despolitización del órgano de gobierno de los jueces y que Unidas Podemos no participe en el proceso de renovación".

"Sólo se ha caído una línea roja. No hay contactos a día de hoy", insisten las citadas fuentes.

En el Gobierno confían en que esta negativa de los conservadores cambie a partir del 5 de mayo, cuando ya se hayan celebrado elecciones autonómicas en la Comunidad de Madrid. En el PP, por su parte, descartan cualquier acercamiento antes de esa fecha.

¿Qué dice el texto que ahora Justicia insta a retirar?

El texto presentado por Unidas Podemos y los socialistas refleja que "cada una de las Cámaras [Congreso y Senado] elegirá, en votación única y por mayoría de tres quintos de sus miembros, a seis candidatos provenientes de la carrera judicial". Y prosigue: "Si en primera votación alguna de las Cámaras no alcanzase la mayoría requerida, se procederá a efectuar nueva votación, cuarenta y ocho horas después, en la que la Cámara correspondiente elegirá los seis vocales del turno judicial por mayoría absoluta".

Con este requisito de mayoría absoluta, los votos de los diputados del Partido Popular ya no serían necesarios porque Sánchez tendría alternativas como la del denominado bloque de la investidura o sus socios para los Presupuestos Generales del Estado.

Las asociaciones judiciales, el otro frente

Ni el aval de la Comisión Europea a la reforma que limita las competencias del CGPJ en funciones, que acaba de entrar en vigor, ni el "gesto" del ministro de Justicia anunciando la retirada de la primera reforma que propusieron los partidos que componen el Gobierno de coalición ha convencido a las asociaciones judiciales que hace una semana se remitieron a Bruselas para denunciar el "riesgo de violación grave" del Estado de Derecho en España por las últimas reformas legislativas que, en su opinión, afectan a la independencia judicial.

Las mayoritarias Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), ambas de corte conservador, así como el Foro Judicial Independiente (FJI) dirigieron una misiva a la vicepresidenta de la Comisión Europea para Valores y Transparencia, Vêra Jourová, y al comisario de Justicia, Didier Reynders, en la que llegaban a reclamar incluso sanciones para España activando el artículo 7 del Tratado de la UE en caso "de no subsanarse la situación denunciada".

Desde las asociaciones explican a infoLibre que no está en sus previsiones, ni mucho menos, retirar el escrito porque "el problema de fondo está en el sistema" de elección de los vocales del CGPJ y que "eso es lo que hay que cambiar". "La politización de la justicia es lo que nos ha llevado a esta situación", afirman.

La reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) que se ha llevado a término y que impide al órgano de los jueces llevar a cabo nombramientos discrecionales en la cúpula judicial fue planteada por PSOE y Unidas Podemos como forma de presionar al PP para que desbloquease la negociación y se aviniera a renovar a los veinte vocales que llevan casi dos años y medio con el mandato caducado. Para las asociaciones, tanto el bloqueo de los conservadores como las reformas impulsadas a consecuencia de éste son parte de un "problema" que lleva enquistado demasiados años.

Sin embargo, en su misiva a la Comisión Europea no mencionan en ningún momento las continuas negativas del principal partido de la oposición para nombrar un nuevo CGPJ, sólo las últimas propuestas de reforma presentadas por los partidos que sustentan el Gobierno de coalición. "Lo que ha sido antes es la politización de la justicia. No habría habido bloqueo sin politización", subrayan.

Así, las asociaciones mantienen en su agenda la reunión virtual que sostendrán el próximo 30 de abril con Jourová y Reynders, un encuentro que ya estaba previsto de antes del envío de la carta y que está dirigido a la realización del informe de Bruselas sobre el Estado de Derecho en los Veintisiete. En esa cita, expresarán su preocupación por esa "politización" que denuncian y por la que los principales partidos políticos "se reparten los puestos a cubrir en negociaciones secretas fuera del Parlamento y, una vez alcanzado su acuerdo, los diputados y senadores votan según la consigna dada por sus partidos". Estas tres asociaciones insisten en que los doce vocales judiciales del CGPJ sean elegidos por los propios jueces y no por los políticos.

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Bruselas pide al Gobierno y oposición una "reforma estructural"

Precisamente la Comisión Europea ha puesto el foco este martes sobre esta cuestión. Una vez más, ha dado el visto bueno a la reforma que limita las funciones del CGPJ mientras no se renueve su mandato, pero ha advertido de que es una solución temporal "insuficiente" a largo plazo porque es necesaria una "reforma estructural""reforma estructural", pactada entre las fuerzas políticas, para que la mayoría de los vocales del órgano de gobierno de los jueces sean elegidos por sus pares, informa Europa Press. Con este nuevo posicionamiento, Bruselas establece la que considera que debe ser la hoja de ruta para el bloqueo institucional: primero, renovación; después, reforma estructural del sistema de elección. La pelota sigue, pues, en el tejado del PP.

En todo caso, desde la UE descarta un riesgo "sistémico" en España para el Estado de Derecho y "en ningún caso" contempla iniciar el proceso que prevé el artículo 7 del Tratado de la UE para actuar contra países en donde teme que la calidad democrática esté amenazada, como sí ha ocurrido hasta ahora en los casos de Polonia y Hungría.