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La XII Legislatura

PP y Ciudadanos aguan su pacto contra la corrupción

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El "pacto anticorrupción" firmado por PP y Ciudadanos hace tan sólo cinco días se diluye. Y es que ambos partidos han rebajado ya su vara de medir con respecto a lo que consideran corrupción política y también en relación a los cargos públicos a los que debe afectar el pacto, y no se ponen de acuerdo sobre cuándo debe entrar en vigor la medida destinada a apartar a los imputados de sus cargos públicos. Ciudadanos, además, ha cedido a la presión del PP y no exigirá que se incluya el nombre del extesorero de los conservadores, Luis Bárcenas, en la comisión de investigación sobre la presunta financiación irregular del PP que plantean abrir en el Congreso.

El pasado viernes, los portavoces parlamentarios del PP y Ciudadanos, Rafael Hernando y Juan Carlos Girauta, respectivamente, firmaron en la Cámara baja las seis condiciones que el partido naranja impuso a los conservadores para iniciar negociaciones. Desde este lunes, ambos partidos se encuentran negociando un acuerdo programático que, en caso de rubricarse, supondría que los 32 diputados de Ciudadanos apoyarían con sus votos al presidente del Gobierno y candidato del PP, Mariano Rajoy, en el debate de investidura que se iniciará el próximo 30 de agosto.

Entre esas seis condiciones firmadas por los dos partidos, la primera de ellas establecía la "separación inmediata de cualquier cargo público que haya sido imputado formalmente por delitos de corrupción política". Y esa medida fue la que hizo saltar la polémica este martes, ya que podría afectar a Óscar Clavell, diputado del PP por Castellón imputado por por malversación y prevaricación por la adjudicación de un contrato cuando ejercía de alcalde en el ayuntamiento de Vall d'Uixó. Ciudadanos asegurá que ha pedido documentación con el fin de estudiar el tema y, en caso de que lo considere corrupción política, pedir la dimisión de Clavell.

El partido naranja entiende que la medida que obliga a "separar" a los imputados de sus cargos entró en vigor en el mismo momento en el que se firmó el pacto con el PP, mientras que los conservadores creen que el pacto no se debe aplicar hasta que Rajoy no sea investido presidente. Además, los conservadores consideran que el caso de Clavell no es corrupción, sino "prevaricación administrativa", y Ciudadanos también se muestra convencido de que hay que distinguir entre quienes "meten la mano" en la caja y quienes "meten la pata" en la gestión. Y es que, en unos pocos días, son cuatro las matizaciones que ambos partidos han hecho en relación al pacto.

La definición de "corrupción política"

Ese es uno de los grandes interrogantes que rodean al pacto: los casos a los que afecta. El texto suscrito por Girauta y Hernando únicamente hace referencia a la "separación inmediata de cualquier cargo público que haya sido imputado formalmente por delitos de corrupción política", pero no detalla cuáles son esos delitos. Precisamente en eso se apoya el PP para defender que Clavell únicamente ha incurrido en un caso de "prevaricación administrativa" a causa de una denuncia "política" promovida por la oposición en su ayuntamiento, en palabras del vicesecretario de Organización de los conservadores, Fernando Martínez-Maillo. El dirigente aseguró que Clavell está dispuesto a dar explicaciones y a dimitir en caso de que se abra juicio oral contra él, pero insistió en que su caso no puede considerarse corrupción y se reafirmó en el término "prevaricación administrativa".

Ese mismo argumento, que se trataba de un "tema administrativo", es el que utilizó hace unos meses la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, para defender a su consejero de Economía, Antonio Ramírez de Arellano, entonces imputado –hace unos meses el caso fue archivado– por una adjudicación supuestamente irregular durante su etapa de vicerrector en la Universidad de Sevilla. Pero entonces el PP no fue tan benevolente: la secretaria general de los conservadores en Andalucía, Dolores López, pidió "explicaciones inmediatas y contundentes" sobre Ramírez de Arellano, y pidió a Díaz "plantearse" su destitución. "Queda claro que el Gobierno de Díaz no ha logrado despegarse de la sombra oscura que acompañó a los de sus padrinos, los expresidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán", señaló entonces López.

Ciudadanos, por su parte, no pidió entonces la dimisión del consejero alegando que el suyo no era un caso de "corrupción política, de meter la mano en la caja, sino de hacer mal un proceso", en palabras del secretario general del partido naranja, José Manuel Villegas, que este martes volvió a utilizar este criterio para justificar la tibieza de su respuesta a la imputación de Clavell. "Corrupción política es cuando esos delitos de prevaricación están ligados a un enriquecimiento personal o a la financiación irregular de partidos", sostuvo el dirigente. Esa, por ahora, es la definición más concreta que se ha dado sobre las situaciones a las que puede afectar el pacto anticorrupción firmado por PP y Ciudadanos.

Los afectados por la medida

Los dos partidos han ido reduciendo poco a poco el número de personas y cargos a los que afectaba su compromiso de no tener imputados por corrupción en puestos de responsabilidad pública. El documento suscrito por los portavoces de PP y Ciudadanos lo deja claro: la "separación inmediata" de su cargo afecta a "cualquier cargo público que haya sido imputado" por delitos de corrupción, y así lo planteó el líder del partido naranja, Albert Rivera, cuando presentó sus seis condiciones a Rajoy: "Los imputados por corrupción política no se sientan ni en el Gobierno ni en los escaños si Ciudadanos está en la negociación", aseguró entonces. Sin más matices.

Pero las puntualizaciones a lo tajante de esta medida no han tardado en llegar. Este lunes, el portavoz de Ciudadanos en el Parlamento de Asturias, Nicanor García, afirmó que el acuerdo únicamente está pensado para las imputaciones de cargos a nivel estatal, ya que, a su juicio, de afectar también a ayuntamientos o comunidades autónomas se produciría "una pequeña revolución". Y Villegas lo confirmó este martes: la medida sólo tiene efecto sobre "el Congreso, el Senado y el Gobierno". Así, ni los cargos territoriales del PP –como nueve de los 10 concejales del PP en el ayuntamiento de Valencia, investigados en el caso Taula– ni tampoco sus responsables internos en la misma situación –es el caso de José Ángel Cañas, gerente del partido en Castilla-La Mancha– se verían conminados a abandonar sus cargos.

El momento de entrada en vigor de la medida

El punto a partir del cual es aplicable el compromiso de expulsar a los imputados por corrupción de sus cargos públicos separa a PP y Ciudadanos. Villegas explicó este martes que, al tratarse de un "acuerdo político" que no exige un desarrollo legislativo, el partido naranja entiende que esta medida –no así el resto– está en vigor desde el mismo momento de la firma del pacto, hace unos días. Pero los conservadores no lo tienen tan claro e interpretan que únicamente tendrán que acogerse a esa condición si Rajoy es investido presidente del Gobierno.

Y es que el PP, en este aspecto, se ciñe a la literalidad del pacto suscrito por Villegas y Hernando. El documento establece que las seis condiciones "se deberán tramitar durante los primeros tres meses de la XII legislatura, a contar desde la fecha de investidura", por lo que creen que sólo están obligados por el pacto a partir del hipotético momento en el que Rajoy revalidara la confianza del Congreso y fuera investido presidente del Gobierno.

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El nombre de Bárcenas, fuera del título de la comisión de investigación

Albert Rivera lo dejó claro durante la intervención en la que presentó sus condiciones: la sexta medida que su partido imponía al PP era la constitución de una comisión de investigación en el Congreso para "investigar la presunta financiación ilegal del PP: el caso Bárcenascaso Bárcenas". "Que se investigue en sede parlamentaria, al igual que se está haciendo en sede judicial, las responsabilidades políticas que se diriman del caso Bárcenas y la financiación ilegal, presunta, del PP", insistió Rivera en su declaración ante los medios.

Pero, tal y como infomó El Mundo, las presiones de los conservadores sirvieron para que Ciudadanos cediera en el último momento y retirase el nombre del extesorero del PP del documento que finalmente firmaron Hernando y Girauta. Según el partido naranja, el cambio no tiene mayor trascendencia, ya que la función de la comisión de investigación será la misma.

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