Corrupción

El PP podría convertirse en el primer partido imputado por un delito en España

Floriano, Cospedal, Rajoy y Arenas, en la  la reunión del Comité Ejecutivo Nacional del PP.

El Partido Popular va camino de convertirse en las próximas semanas en el primer partido político imputado por un delito, en este caso informático, al borrar los discos duros de los dos ordenadores del extesorero del PP Luis Bárcenas. Y esto es posible desde que el 27 de diciembre pasado el Congreso aprobara una modificación del Código Penal que abría la puerta a la imputación de los partidos políticos y de los sindicatos con la intención de eliminar la "sensación de impunidad", según el texto aprobado y publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE). El PP aprobó esta modificación a propuesta del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia (UPyD). En el caso de máxima gravedad el PP se enfrentaría a una posible disolución, aunque el resultado más probable sería una multa más o menos cuantiosa, explican fuentes jurídicas a infoLibre. Gracias a este cambio, los partidos políticos y sindicatos pasaron a ser penalmente responsables, de forma directa y con independencia de la responsabilidad que pudiera alcanzar a sus directivos y representantes.

El pasado 19 de septiembre, el magistrado de la Audiencia Nacional Pablo Ruz firmó un auto de inhibición en el que ya apuntaba la posible responsabilidad del PP en la destrucción de pruebas del caso Bárcenas, en el que se investiga la posible contabilidad B del PP durante dos décadas: "Tampoco resultaría irrazonable o carente de lógica la eventual calificación de los hechos acontecidos al amparo de lo dispuesto en el artículo 264.1 del Código Penal, que sanciona al que por cualquier medio, sin autorización y de manera grave borrase programas o documentos ajenos, cuando el resultado producido fuera grave". Pero el propio Ruz destaca que, en el apartado cuarto, se prevé la posibilidad de "responsabilidad de este ilícito por parte de una persona jurídica" desde junio de 2010. Y con la inclusión de los partidos políticos desde diciembre de 2012. "En definitiva – explica el secretario general del Grupo Parlamentario de UPyD en el Congreso, Andrés Herzog, en un artículo publicado en la revista digital Hay Derecho– lo que el juez Ruz está indicando al juez de instrucción de Madrid al que se turne la causa es que uno de los delitos potencialmente concurrentes es aplicable a las personas jurídicas y, por lo tanto, al Partido Popular, siendo lo más probable que en el propio auto de admisión a trámite proceda a imputarlo, máxime teniendo en cuenta que hasta la fecha no se ha identificado aún a ninguna persona responsable de la destrucción de pruebas".

Este es el motivo por el que la destrucción de los ordenadores de Bárcenas podría afectar al PP, que eliminó los discos duros después del ingreso en prisión del extesorero, que el 27 de octubre cumple cuatro meses en la cárcel.

Ruz solicitó los ordenadores de Bárcenas al PP después de que la secretaria general del partido y presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, declarara en el Juzgado Central de Instrucción número 5 que los equipos del exsenador estaban custodiados en el partido. Pero lejos de permanecer custodiados, los discos duros de los ordenadores fueron destruidos y formateados. De esta forma la investigación de los casos Gürtel y Bárcenas perdían una importante documentación, que incluía la propia contabilidad B del PP, denominada los papeles de Bárcenas, pero también otros archivos que podían ser de interés, como por ejemplo las cuentas del extesorero en Suiza.

Fuentes de la Audiencia Nacional aseguran a infoLibre que el trabajo realizado por el magistrado Pablo Ruz acerca de la inhibición a los juzgados ordinarios madrileños ha sido muy prolijo y concienzudo. Por eso además del auto de 11 folios en los que se explica de forma pormenorizada el proceso, el juez ha enviado toda la documentación que justificaría la inhibición, como por ejemplo las pruebas practicadas, los escritos de las acusaciones y los autos resultantes.

Estas facilidades han sido aprovechadas por las acusaciones del caso Bárcenas. Y por eso Izquierda Unida ha dirigido su querella contra el PP en el Juzgado de lo Penal de Madrid número 32 contra el PP, así como contra su actual tesorera, Carmen Navarro. Asimismo, la asociación Observatori DESC, encabezada por el letrado Gonzalo Boye y que también está personada en el caso Bárcenas, se ha querellado contra las secretarias de Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta y el jefe de seguridad del PP Antonio de la Fuente, que es cuñado del extesorero, por la destrucción de las agendas de los dos extesoreros, en los dos primeros casos, y por la destrucción de los libros de visitas y las grabaciones de seguridad en la sede central del PP, en la Calle Génova, 13 de Madrid.

La Fiscalía echa una mano al PP y no ve delito en la destrucción de los ordenadores de Bárcenas

La Fiscalía echa una mano al PP y no ve delito en la destrucción de los ordenadores de Bárcenas

A la espera del escrito de la Fiscalía

Hasta el momento, la titular del Juzgado número 32 de Madrid no ha adoptado ninguna decisión en el caso. Fuentes judiciales explican que la magistrada está a la espera de que la Fiscalía presente su escrito, en el que tendrá que valorar la posible existencia de un delito, pero sobre todo quiénes podrían haber sido sus autores. De esta forma, tanto la Fiscalía como la titular del juzgado tendrán que dirimir primero si consideran que hay delito, y posteriormente acotar quiénes lo han cometido. En su querella, IU destaca que Ruz en su escrito apunta a la posibilidad de que el PP haya podido cometer un delito informático. "En esta querella cabe añadir a lo ya desarrollado por el magistrado Pablo Ruz que entre los archivos obrantes en el USB entregado a la justicia por Luis Bárcenas, y que contendrían archivos que también se encontraban en el disco duro formateado, había archivos que en un principio serían algunos de carácter ajeno al PP, y otros de información relevante, como son los archivos sobre las cuentas de Bárcenas en Suiza. Pero habría un tercer grupo de archivos relacionados con la contabilidad B del PP". Según IU, los autores de los delitos de encubrimiento y de la destrucción de los discos duros serían la tesorera del PP Carmen Navarro y el propio PP, por lo que no cabría decidir el archivo por autor desconocido de los hechos delictivos.

En similares términos se expresa el secretario general del Grupo Parlamentario de UPyD en el Congreso, Andrés Herzog, que en el citado artículo, titulado La inminente imputación del PP, apunta a la posible implicación penal del partido en el borrado de los ordenadores de Bárcenas: "Con una altísima probabilidad, rayana en la certeza, el Partido Popular va a tener el dudoso honor de ser el primer partido político imputado en España y lo va a ser además en un plazo muy breve de tiempo. Es simplemente cuestión de días o a lo sumo de varias semanas. Y, curiosamente, no va ser imputado por Gürtel ni por la presunta trama de financiación ilegal sino por la destrucción de los discos duros de Bárcenas".

Más sobre este tema
stats