El pasado 6 de noviembre, Praza.gal desveló en exclusiva que la Dirección General de la Costa del Gobierno de España había iniciado el proceso para recuperar para uso público un terreno cerrado conjuntamente con el chalet comprado en Moaña en 2019 por Eva Cárdenas, pareja de Alberto Núñez Feijóo. Esto llevó a Cárdenas a pedir una concesión de ese espacio público que le acaba de ser denegada.
Un mes después de conocerse el caso, el 3 de diciembre, diputados y senadores del PP, encabezados por Álvaro Pérez López, hombre de máxima confianza de Feijóo, reclamaron formalmente al Gobierno más recursos para "ejecutar eficazmente" procesos de defensa y recuperación de terrenos públicos del litoral como las "recuperaciones posesorias", el trámite puesto en marcha por Costas que afecta a la pareja del líder conservador. Así lo pedían los populares al "aprobar" y "asumir" un informe del Tribunal de Cuentas que constata los obstáculos de este tipo de procesos de defensa del dominio público.
Se trata de unas recuperaciones posesorias habituales en todo el Estado —316 entre 2011 y 2015, con el Gobierno de Mariano Rajoy— pero que se están reduciendo en los últimos años a medida que se avanza con la recuperación para lo público de aquellos espacios con ocupación privada, ya que cada vez quedan menos pendientes de rescatar.
Según el informe que el Tribunal de Cuentas realizó sobre las actuaciones en materia de Costas, las recuperaciones posesorias de terrenos costeros que la Constitución y la Ley de Costas consideran públicos pero sobre las que pesan "ocupaciones de facto" están en "progresivo descenso" en todo el Estado, con 1.412 en el periodo 2006-10, 316 entre 2011-15 y 90 entre 2016-20.
En sus conclusiones sobre estas actuaciones, el Tribunal de Cuentas destaca que "no se están completando todas las actuaciones de recuperación posesoria en relación con las ocupaciones irregulares del dominio público marítimo-terrestre, ya que no existe un inventario unificado en la Dirección General de las situaciones a corregir, ni tampoco se dispone de los recursos humanos y técnicos suficientes para impulsar las actuaciones administrativas necesarias para ejercer una acción suficientemente eficaz".
El informe también señala que "persiste un número significativo de parcelas en situaciones conflictivas desde el punto de vista jurídico, entre ellas, destacan las afectadas por las disposiciones transitorias" de la Ley de Costas, "algunas de ellas, potencialmente sujetas a acciones de recuperación posesoria por parte de la Administración General del Estado, sin que exista un plan que aborde la situación".
A una de estas disposiciones transitorias que contempla la posibilidad de otorgar concesiones a anteriores propietarios de terrenos declarados públicos por la Ley de Costas, fue a lo que intentó agarrarse Cárdenas cuando comenzó el proceso de recuperación de su terreno. Sin embargo, Costas acaba de negarle esa concesión porque no pudo acreditar que el terreno adyacente a su chalé estuviese en algún momento registrado a nombre de anteriores propietarios de este terreno. De hecho, tal y cómo reveló Praza.gal, el anterior propietario ni tenía ni pidió ninguna concesión cuando en 2007 el Estado estableció que ese suelo era público.
El informe del ente fiscalizador sobre los problemas de la ordenación del litoral, que constata "la complejidad del procedimiento y la limitación de medios" de Costas para agilizar la recuperación de las posesiones, fue analizado y votado por la comisión mixta Congreso-Senado para las relaciones con el Tribunal de Cuentas en su sesión del 3 de diciembre, un mes después de que Praza.gal desvelara la situación del chalé de Cárdenas. Esa sesión, en la que se analizaron otros informes de Cuentas, estuvo presidida por el diputado gallego Álvaro Pérez López, hombre de la máxima confianza de Feijóo, del que viene siendo su asesor personal con uno u otro cargo desde hace más de dos décadas.
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Sobre este informe, los grupos parlamentarios presentaron diversas propuestas de resolución. Las del PP estaban firmadas por Miguel Tellado, portavoz del grupo popular en el Congreso, también hombre de confianza de Feijóo y ex número 2 del PP gallego. Las dos primeras eran "asumir" el contenido, las conclusiones y las recomendaciones del Tribunal de Cuentas y "aprobar" su informe.
Pero el PP también votó a favor de resoluciones de otros grupos. En particular, respaldó una del PSOE que insta al Ministerio para la Transición Ecológica y a la Dirección General de Costas "a corregir las debilidades en la protección e integridad del dominio público marítimo-terrestre, entre las que destaca la insuficiencia de recursos para ejercer la vigilancia del dominio público marítimo-terrestre y para tramitar y ejecutar eficazmente los procedimientos administrativos en defensa del mismo".
El informe del Tribunal de Cuentas, con sus conclusiones y recomendaciones y las propuestas aprobadas por la Comisión Mixta, se publicó en el BOE el pasado 28 de marzo.
El pasado 6 de noviembre, Praza.gal desveló en exclusiva que la Dirección General de la Costa del Gobierno de España había iniciado el proceso para recuperar para uso público un terreno cerrado conjuntamente con el chalet comprado en Moaña en 2019 por Eva Cárdenas, pareja de Alberto Núñez Feijóo. Esto llevó a Cárdenas a pedir una concesión de ese espacio público que le acaba de ser denegada.