El PP se libra hasta después de las elecciones de una avalancha de juicios por corrupción

La complejidad de los asuntos investigados, los continuos recursos de los imputados y los conflictos de jurisdicción suscitados por políticos inculpados que renunciaron a última hora a su aforamiento y provocaron así nuevas demoras han librado al PP de afrontar antes de las elecciones la primera sentencia por el caso Gürtel–la de los contratos valencianos de Fitur– y una avalancha de juicios derivados de ese mismo tronco.

Salvo nuevos y en principio más que improbables retrasos, esa avalancha se materializará a lo largo de 2016 en varias vistas orales. Como mínimo, en dos correspondientes a las piezas de Gürtel que ha investigado la Audiencia Nacional y al menos una de las que han sido instruidas por el Tribunal Superior de Valencia (TSJCV).

Pero el cómputo final de juicios puede verse modificado al alza. Y ello porque las investigaciones relativas a otras piezas del caso Gürtel, como por ejemplo la que afecta a los contratos del Ayuntamiento de Jerez y la centrada en los de AENA ya han finalizado. La de Jerez se dividió finalmente a su vez en dos piezas precisamente para evitar que la presencia de la exalcaldesa del PP María José García Pelayo, aforada ante el Supremo, paralizase las pesquisas al completo.

El TSJCV ha pedido al Supremo que se pronuncie sobre dónde y quién debe juzgar cinco de las seis piezas de Gürtel cuya investigación corrió a cargo del tribunal valenciano. El Supremo ya ha ordenado que una de ellas, centrada en diversos contratos de la Generalitat y cuya instrucción ya ha finalizado por completo, vuelva a la Audiencia Nacional, lo que en principio augura que el proceso comenzará el próximo año.

Y, en teoría, el Alto Tribunal debe pronunciarse también ya sobre el destino de las otras cuatro piezas valencianas. Entre esas cuatro, solo la relativa a la visita del papa a Valencia sigue con diligencias pendientes. En las otras tres –dos sobre presunta financiación ilegal del PP valenciano y una sobre el supuesto delito fiscal de Orange Market, la delegación valenciana de la trama– ya ha finalizado la instrucción. Es decir, que nada –al menos nada de carácter jurídico– parece interponerse en el camino para evitar que sus respectivos juicios se celebren en 2016.

En paralelo al maremágnum de juicios nucleados en torno a la trama Gürtel, lo que ya ha trascendido de la relativamente reciente Operación Púnica, que estalló hace un año, apunta a que su dimensión política irá en alza. Las incógnitas se ven aumentadas por el hecho de que permanezca bajo secreto buena parte de lo ya investigado bajo la batuta del juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco.

El devenir de todas esas diligencias judiciales excede lo estrictamente judicial. Lo confirma la decisión de la Audiencia Nacional de apartar a dos de los tres magistrados originalmente designados para conformar el tribunal que debe juzgar en Madrid la primera causa vinculada a Gürtel, la denominada Primera Época (1999-2005). Los dos jueces apartados son Concepción Espejel y Enrique López, previamente recusados por las acusaciones populares y severamente cuestionados por la propia Fiscalía Anticorrupción. En ambos casos, la Audiencia los elimina del tablero por el riesgo de que su relación con el PP pudiera alterar la imagen de imparcialidad.

Pero, sin duda, de toda la serie de juicios ligados a Gürtel, el que a priori se perfila como de mayor envergadura es el de los papeles de Bárcenas, en el que Espejel y López han sido igualmente recusados sin que todavía haya trascendido oficialmente si esta vez se apartarán de modo voluntario o si finalmente obligarán a la Audiencia a someterles a un segundo examen y, por tanto, a una posible segunda y más dura humillación.

En ese juicio, tres antiguos tesoreros del partido –Bárcenas, Álvaro Lapuerta y Ángel Sanchís– compartirán banquillo. Y el propio PP como entidad consta como responsable civil: es decir, no se le considera responsable a efectos penales pero sí beneficiario de los fondos en B que presuntamente llegaron a su caja procedente de “donaciones contrarias a la ley” efectuadas por empresarios que a su vez obtenían contratos públicos. En principio, el proceso podría comenzar tras el verano de 2016.

El cálculo de juicios relacionados con Gürtel que en principio deben comenzar en 2016 no incluye el que ya se celebra en Valencia por los contratos que la red de Francisco Correa recibió para montar los estands de la Generalitat en Fitur. Esa vista, cuya suspensión y consiguiente demora lograron en primavera los inculpados, finalizará en marzo. Y en la elaboración de la sentencia participará la actual presidenta del Tribunal Superior (TSJCV) de esa comunidad, Pilar de la Oliva, incluso si una eventual victoria electoral del PP refuerza a sus enemigos en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y eso les permite desalojarla del cargo. “Está previsto en la ley”, confirma el TSJCV.

El caso Fitur es el único de destino claro de todos los que se localizan en Valencia. De hecho, la decisión sobre el resto del capítulo valenciano está en manos del Supremo toda vez que los políticos implicados en las diferentes piezas renunciaron a su aforamiento a última hora. Fue ese factor el que abrió el debate y la disputa sobre si los casos en que estaban implicados debían o no seguir en manos del TSJ valenciano, el único que puede investigar y juzgar a los aforados de esa comunidad.

El Supremo deliberó la semana pasada sobre la petición del TSJCV para que una de esas piezas, la de los presuntos desmanes contractuales perpetrados por la Generalitat al calor de la visita del papa a Valencia en 2006 , se juzgue en la Audiencia Nacional. Pero el Supremo ni siquiera ha confirmado al TSJ valenciano si esa deliberación ha finalizado y si analizó en la misma sesión la solicitud del Tribunal Superior para que regresen a Madrid otras cuatro piezas.

De Fitur a la Primera Época

Dado el calendario previsto y salvo nuevas e inesperadas demoras, el final del juicio de Fitur quedará casi encadenado con el arranque del primero de los procesos de Gürtel que debe celebrar en Madrid la Audiencia Nacional: el de la pieza bautizada como la de la Primera Época (1999-2005), donde la exministra Ana Mato figura como responsable civil.

En principio, una tercera pieza de las investigadas por el juez Pablo Ruz en la Audiencia Nacional y rematadas por su sucesor al frente del juzgado central 5, José de la Mata, también debería juzgarse a lo largo de 2016: la vinculada a los contratos millonarios a dedo que AENA otorgó a la trama Gürtel. La instrucción de esa pieza está finalizada en la práctica y todo indica que el juez dictará en breve el llamado pase a procedimiento abreviado. Es decir, que iniciará la recta final hacia el juicio.

Y más que probablemente, el Supremo reactivará tras las elecciones una de las últimas piezas de relevancia generadas por Gürtel: la que amenaza el futuro político de la exalcaldesa de Jerez, actual senadora y ahora número dos al Congreso por el PP en Cádiz, María José García Pelayo.

Atenazada por la investigación sobre los contratos a dedo que su ayuntamiento otorgó a la red de Correa en 2004 –justamente para Fitur–, García Pelayo ha visto cómo el PP la blinda en su aforamiento apenas meses después de que otros dos dirigentes andaluces de mayor relevancia, los socialistas Manuel Chaves y José Antonio Griñán, lo perdieran en el caso de los ERE al verse forzados a renunciar a sus escaños. El PP sostiene que García Pelayo no está imputada. 

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Fuentes jurídicas conocedoras de los entresijos del caso presagian la llegada de un año no solo cargado de juicios con antiguos dirigentes del PP sentados en el banquillo de los acusados sino, también, un año de investigaciones todavía incipientes que pueden complicarle más las cosas al PP por el flanco de la corrupción aunque, esta vez, en un momento muy lejano al periodo electoral.

En ese segundo apartado se inscriben tres nuevas investigaciones derivadas de nuevo de Gürtel: la que aborda las hipotéticas consecuencias penales por presunto fraude del despido en diferidode Luis Bárcenas, la destrucción por parte del PP de los discos duros que se almacenaban en los ordenadores que había manejado el hoy extesorero y, sobre todo, la que desarrolla un juzgado de instrucción de Toledo –el de instrucción 3– en torno a la supuesta mordida de 200.000 euros que la constructora Sacyr habría pagado al PP de Castilla-La Mancha para la campaña de María Dolores de Cospedal en 2007.

Esas investigaciones se encuentran hoy abiertas en todos los sentidos del término, por lo que resulta imposible aventurar la dimensión que alcanzarán a lo largo de 2016. Y el diagnóstico de incertidumbre resulta incluso aplicable a las diligencias sobre la destrucción de los discos duros de Bárcenas: su rapidísimo cerrojazo está recurrido ante la Audiencia Provincial de Madrid. El archivo fue decretado en octubre por la misma jueza que un mes más tarde exoneró al financiero Miguel Blesa en el caso del banco de Miami City National Bank of Florida pese a que la propia Bankia reconoce que aquella operación le terminó ocasionando pérdidas reales no inferiores a 120 millones.