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Cambio climático y sequía

PP y Vox ignoran las alertas científicas y de la UE votando para aumentar los regadíos en Doñana

La diputada de Adelante Andalucía deposita en el escaño del presidente andaluz, Juanma Moreno, un vaso de arena seca.

"¡Un poquito de por favor!", se indignó Jesús Aguirre (PP) desde su sillón de presidente del Parlamento andaluz, en un momento dentro de uno de los debates más duros de la primera legislatura del PP con mayoría absoluta. El episodio tuvo lugar este miércoles durante la toma en consideración, que salió adelante con el rechazo de la izquierda, de la ley del PP y Vox para ampliar la zona regable en el entorno de Doñana, regularizando regadíos que esquilman el acuífero de la joya natural. La reacción de Jesús Aguirre venía precedida por un gesto insólito de la parlamentaria de Adelante Andalucía Maribel Mora, que había ilustrado el "desierto" en el que dijo que el PP va a convertir Doñana volcando un bote de arena en el escaño vacío del presidente, Juan Manuel Moreno. "¡Si usted lo que quiere es llamar la atención, cómprese un mono!", le espetó Aguirre, en un giro a medio camino entre lo sorprendente y lo cómico.

El encontronazo da la medida de la tensión concitada en el pleno, con la presencia de numerosos agricultores a los que el PP y Vox aseguran que beneficiarán con una ley que, a pesar de todas las alarmas, ha comenzado su andadura parlamentaria. Nada ha detenido al PP y a Vox. Ni la posición contraria de la Comisión Europea, que ha advertido con sanciones a España si persisten los regadíos ilegales. Ni el SOS científico, que incluye a 25 sociedades, más de un millar de personalidades y a la propia Estación Biológica de Doñana CSIC. Ni la oposición de la Unesco. Ni la de Miguel Delibes de Castro, presidente del Consejo de Participación de Doñana. Ni la de los principales supermercados europeos. Por supuesto, tampoco ha hecho mella el rechazo de los ecologistas ni del Gobierno. El partido que gobierna Andalucía con mayoría absoluta y la extrema derecha unieron este miércoles sus votos para consumar su desafío en el Parlamento.

El PSOE ya no se abstiene, vota en contra

PSOE, Por Andalucía y Adelante votaron en contra. Esta vez, a diferencia de la anterior, cuando PP, Vox y entonces Ciudadanos llevaron al pleno una medida similar hace algo más de un año, los socialistas no se abstuvieron, sino que se quedaron junto al resto de la izquierda en el no.

El año pasado el líder socialista Juan Espadas optó por no cerrarse del todo a la propuesta. Ahora el PSOE se opone decididamente a la medida. Lo hace además con especial contundencia desde Madrid, donde lidera la respuesta la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, que ha llegado a acusar a Moreno de comportarse como un "acosador" y un "señorito" que "engaña" a los afectados porque el agua que promete "no existe".

Un atajo legal

La ley, al ser presentada por los partidos y no por el Ejecutivo andaluz, elude el posicionamiento del propio gabinete de Moreno, sortea la toma de posición formal del Consejo de Participación de Doñana y elude los "informes sobre la necesidad y oportunidad" de la propia Administración, así como todos los estudios que prevé la Ley del Gobierno de Andalucía.

El Gobierno andaluz respalda la iniciativa, que podría tener una buena acogida electoral en los municipios de Almonte, Bonares, Lucena del Puerto, Moguer y Rociana del Condado, pero sin someterse a los trámites necesarios si la impulsara directamente. Los propios letrados del Parlamento han puesto objeciones jurídicas a la vía utilizada.

El origen sin aclarar del agua

Los defensores de la medida recalcan que el agua para los agricultores no saldría de los exhaustos recursos subterráneos de Doñana, sino que llegaría gracias a obras hídricas de las que responsabiliza al Gobierno de España. Así trata de situar la pelota en el tejado del Ejecutivo central, al que acusan de obstruir la regularización de 750 hectáreas, de lo que se beneficiarían 650 familias. Es la forma que tiene Moreno de hacer compatible su ley con su discurso ecologista, según el cual Andalucía está inmersa con el PP una "revolución verde". El problema es que la obra clave para lograr esta prometida agua, el trasvase de la cuenca de los ríos Odiel, Tinto y Piedras, está en marcha pero no para dar agua a cultivos irregulares, sino para recuperar el acuífero del espacio natural, como ha dejado claro la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.

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El parlamentario del PP Manuel Andrés González defendió desde la tribuna que la ley no afecta a Doñana porque el agua que compromete sería superficial, no del acuífero. No obstante, esto no es lo que dice la ley, que se limita a afirmar que será agua "preferentemente" superficial, lo que deja abierta la posibilidad a tomarla de un acuífero que ya está siendo esquilmado ilegalmente. La norma "no pretende amnistiar a nadie", insistió González. El diputado de Vox Rafael Segovia afirmó desde la tribuna que haciendo obras hidráulicas hay agua suficiente "para inundar Doñana si nos da la gana".

El diagnóstico de la izquierda: engaño y negacionismo

Los detractores de la ley coinciden en dos elementos del diagnóstico: 1) La ley tiene el fin electoralista de seducir a los agricultores beneficiados, por eso se presentó la primera vez antes de las autonómicas y ahora antes de las municipales. Su contenido es un engaño, porque el agua que promete no puede en realidad ofrecerse. 2) La ley ignora todas las alertas medioambientales sobre Doñana.

El presidente "se ha erigido en el referente nacional del negacionismo", afirmó Mario Jiménez, del PSOE, que denunció "la manipulación política" que se aprovecha de "cientos de agricultores angustiados". Inmaculada Nieto, de Por Andalucía, rechazó la dicotomía entre medio ambiente y economía que a su juicio late bajo esta ley.

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