El mandato del presidente del Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, como magistrado del tribunal está a punto de cumplirse. El órgano de garantías ya ha iniciado los trámites para que el Senado designe a su sustituto y a los de otros tres magistrados, los conservadores Ricardo Enríquez y José María Macías (que puede repetir al haber transcurrido apenas un año desde su nombramiento) y la progresista María Luisa Balaguer. Conde-Pumpido ha recordado este martes que el tribunal siempre se ha pronunciado a favor de que los organismos constitucionales se renueven a tiempo y que en el caso del Constitucional, un bloqueo puede afectar "a su independencia" y a su "buen funcionamiento". El presidente ha recordado que otro órgano, el Consejo General del Poder Judicial estuvo gravemente afectado por un bloqueo de más de cinco años propiciado por el PP.
Conde-Pumpido ha hecho estas declaraciones en la rueda de prensa de presentación de la sexta Conferencia Mundial de Cortes Constitucionales que ha comenzado este martes en Madrid con la presencia de representantes de 85 tribunales constitucionales de los cinco continentes, con el lema Los derechos fundamentales de las generaciones futuras. El encuentro contará con una mesa que abordará los ataques a la independencia de estas instituciones más frecuentes. El máximo responsable del órgano de garantías español ha incluido esa falta de renovación entre una de las causas que pueden socavar su independencia, aunque no ha aclarado cuánto tiempo debería durar el bloqueo para afectarla.
En las renovaciones que corresponden al Senado, como las del Congreso, PSOE y PP se han repartido tradicionalmente los cuatro puestos a ocupar, proponiendo cada partido dos magistrados. Ese tipo de acuerdo lo impone la propia Constitución, que obliga a ambos hemiciclos a aprobar las designaciones con una mayoría de tres quintos. El equilibrio entre los sectores progresista y conservador del tribunal se suele alterar a favor de una de esas sensibilidades cuando a quien corresponde la renovación parcial es al Gobierno y al Consejo General del Poder Judicial. En esas ocasiones, el partido gobernante se asegura la afinidad de tres miembros del órgano: dos por su designación directa por el Ejecutivo y un tercero a través de los vocales de su cuerda en el órgano de gobierno de los jueces, que también elige los dos puestos que le corresponden por mayoría de tres quintos.
En condiciones normales, la renovación que toca en diciembre no tendría por qué cambiar el reparto de mayorías y minorías en el tribunal (siete progresistas frente a cinco conservadores). Tampoco la siguiente, la del Congreso, que toca en 2028. El dominio de los magistrados a propuesta del PSOE, por tanto, estaría en principio garantizado hasta finales de 2031, cuando tocaría de nuevo designar al Gobierno y al Consejo. Sin embargo, la actual situación política de extrema crispación, la campaña para socavar la legitimidad del tribunal lanzada por el PP con ocasión de los procesos relacionados con la ley de amnistía y la debilidad en la que ha sumido al Ejecutivo de Pedro Sánchez la explosión del caso Cerdán hacen que una elección que en principio tendría que ser anodina abra ahora varias incógnitas. A ello se ha sumado en los últimos días el anuncio de Junts de dar por terminado su apoyo negociado al Ejecutivo.
Desde el ingreso en prisión del ex secretario de Organización del PSOE, el PP ha dado ya por muerto a Pedro Sánchez y advierte de que, por el momento, no tiene sustituto. En esa tesitura, el partido que preside Alberto Núñez Feijóo puede tener la tentación de someter al órgano de garantías a un bloqueo similar al que provocó durante más de cinco años en el CGPJ hasta que se produzcan nuevas elecciones, ya sean anticipadas o al final del mandato, en 2027, con la esperanza de alcanzar —solo o junto a Vox— una mayoría muy cualificada en la Cámara de representación territorial. Sin embargo, es improbable que junto a su socio ultra logre los 145 escaños que necesita para decidir por sí solo sobre las cuatro designaciones sin contar con los socialistas. El PSOE, con total seguridad, hará valer sus números, para asegurarse las dos designaciones que, en los casos de las renovaciones de ambas cámaras, siempre le han correspondido.
Pero la expectativa de un buen resultado electoral no es el único incentivo del PP para provocar un nuevo bloqueo, esta vez en el órgano de garantías. También el hecho de tener que sentarse con el Gobierno para pactar unos nombres en una situación de máxima conflictividad con el PSOE y sus socios. Y sin tener la garantía de que con ello vaya a lograr una composición del tribunal más afín que la que tiene ahora mismo. Los progresistas seguirían con siete magistrados frente a cinco conservadores. Los populares también podrían exigir tres nombres en lugar de dos, aunque es muy improbable que el PSOE, si goza de representación suficiente, vaya a permitirlo. En ese caso se produciría un empate a seis entre ambas sensibilidades, lo que dejaría todo en manos del voto de calidad del presidente que, según fuentes del tribunal, casi con total seguridad sería progresista. Por el momento, ni PSOE ni PP han dado signos de que esa negociación ni siquiera haya empezado.
Conde-Pumpido también se ha referido a otras amenazas a la independencia de los tribunales constitucionales más clásicas. Como la interferencia política desde otros poderes, como el Legislativo o el Ejecutivo que desautoricen el trabajo de estos órganos. También las maniobras para evitar la ejecución de las sentencias, como la decisión del Parlamento de Catalunya durante el procés de desobedecer las resoluciones del tribunal español, algo que se evitó gracias a la reforma del PP que permitió a la institución ejecutar por sí misma sus decisiones. Más recientemente, la Audiencia de Sevilla ha planteado una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para tratar de evitar la aplicación de la sentencia del Constitucional que redujo de manera importante la sentencia de la pieza política de los ERE que condenó a los presidentes socialistas andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán.
El presidente, también ha señalado a las "campañas políticas y mediáticas" cuando no gustan las sentencias del los tribunales constitucionales en determinados ámbitos sociales o políticos. Además, ha apuntado una nueva forma de intervención denunciada durante la Conferencia por el presidente de la corte constitucional de Brasil: que un Gobierno extranjero como el de Donald Trump, condicione una decisión del tribunal a la imposición de aranceles para el Estado.
El mandato del presidente del Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, como magistrado del tribunal está a punto de cumplirse. El órgano de garantías ya ha iniciado los trámites para que el Senado designe a su sustituto y a los de otros tres magistrados, los conservadores Ricardo Enríquez y José María Macías (que puede repetir al haber transcurrido apenas un año desde su nombramiento) y la progresista María Luisa Balaguer. Conde-Pumpido ha recordado este martes que el tribunal siempre se ha pronunciado a favor de que los organismos constitucionales se renueven a tiempo y que en el caso del Constitucional, un bloqueo puede afectar "a su independencia" y a su "buen funcionamiento". El presidente ha recordado que otro órgano, el Consejo General del Poder Judicial estuvo gravemente afectado por un bloqueo de más de cinco años propiciado por el PP.