Violencia género

La primera declaración judicial de una víctima de violencia machista: clave para el proceso pero sin protocolos específicos

Protesta contra la violencia machista.

El difícil paso de reconocerse víctima de violencia machista abre camino a todo un proceso judicial que en ocasiones se convierte en abismo para las mujeres que denuncian. Las trabas judiciales criticadas hasta la extenuación por las organizaciones feministas –y que tienen que ver con la doble victimización, la falta de especialización o la ausencia de acompañamiento– todavía perduran en gran parte de las etapas. Superada la primera fase de denuncia, no exenta de dificultades, la víctima debe relatar su situación ante un juez. ¿Qué ocurre en este punto del proceso?

Hasta hoy, los juzgados carecen de un protocolo de actuación unificado respecto a la toma de declaración a mujeres maltratadas. Éste fue, precisamente, uno de los asuntos que se pusieron sobre la mesa durante el VII Congreso del Observatorio contra la Violencia de Género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), celebrado el jueves y viernes en el Senado. Los expertos que trabajan en el organismo aseguraron estar preparando una serie de recomendaciones dirigidas a los jueces para cubrir las carencias detectadas y que quedarán recogidas en una guía práctica. Juristas consultadas por infoLibre dan algunas claves sobre esta primera y tan importante declaración judicial y cómo debe ser el protocolo que aborde todas sus aristas.

La primera declaración judicial de las mujeres víctimas de violencia de género es aquella que se produce en el juzgado, una vez la mujer haya declarado primero en comisaría y se haya entrevistado con su abogado. Lo explica Carla Vallejo, magistrada en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias y socia fundadora de la Asociación de Mujeres Juezas. "Es muy importante porque tiene carácter de diligencia de instrucción y se realiza a presencia judicial, con lo cual su trascendencia es muy alta", subraya la jueza en conversación con este diario. Respecto a la importancia de este primer proceso coinciden todas las expertas.

También lo hacen los expertos del CGPJ: "El éxito o fracaso de este procedimiento judicial depende mucho de esa primera declaración", manifestaron durante la ponencia.

Cuestión de recursos y formación

Aunque la casuística es muy variada, en general "se puede decir que los jueces no lo están haciendo bien porque muchas veces se trata como una diligencia de guardia más", reflexiona Vallejo. De hecho, comenta, las víctimas de violencia machista no siempre declaran en salas habilitadas o en el despacho del juez, sino "en la propia mesa del funcionario y en presencia de terceras personas".

¿A qué responde esto? Como suele suceder, se trata esencialmente de una cuestión de recursos. O de falta de recursos. "Se debe principalmente a la sobrecarga de trabajo", analiza la magistrada. Y es que estas situaciones principalmente se reproducen "en los juzgados que no sólo llevan violencia, sino también pleitos civiles y penales, en los que resulta muy complicado darle a cada víctima el tiempo que necesita".

En la situación descrita, la declaración judicial de la víctima suele tratarse como "una diligencia más, cuando efectivamente tiene ciertas particularidades" que engloban cuestiones tan delicadas como la dependencia emocional. "El estado previo de la víctima suele ser complejo", repara la jueza, de modo que "en sus declaraciones uno tiene que tomarse su tiempo". Los jueces deben, en esta parte del proceso, saber indagar. "La experiencia dice que el maltrato no aparece de repente, sino que suele haber una historia detrás", sostiene Vallejo, por lo que "hay que indagar en esa historia y ver si en lugar de un maltrato puntual estamos ante un maltrato habitual".

Aquí es importante tener en cuenta que, normalmente, "la falta de conciencia de las víctimas respecto a su situación de maltrato hace que ni ellas mismas perciban como maltrato situaciones que lo son, y es durante la declaración que se pone de manifiesto".

Para la magistrada, por tanto, tienen que ser claves en la reformulación de los protocolos la existencia de salas especializadas, el tiempo para tomar esa declaración, y el tercer pilar fundamental: la formación.

Y la formación incumbe a todos los agentes judiciales y etapas del proceso. "Las mujeres, antes de hacer la declaración o la denuncia, tienen derecho a una asistencia jurídica especializada, para que sepan bien qué mecanismos va a desencadenar su denuncia", explica Altamira Gonzalo, vicepresidenta de la organización Themis Mujeres Juristas.

En este sentido, los jueces deben ser capaces de "tratar los hechos que se denuncian, no limitarse al último episodio de violencia y hacer un calendario con los hechos", detalla la jueza. Al final, entiende, "no es un problema de protocolos, sino de sensibilidad, de comprender en cada momento cómo puede estar la víctima". La jueza reitera que la violencia de género "es un hecho muy grave en la vida de una persona, así que hay que hacer un interrogatorio ad hoc".

También Marisa Fernández, responsable de la Comisión de Igualdad perteneciente a la asociación Dones Juristes, cree importante trabajar sobre la formación y "que haya verdaderos equipos multidisciplinares, auxiliares al titular judicial en esa tarea". Eso mejoraría, a su entender, el proceso formativo de los magistrados.

Prueba preconstituida

Si bien existe consenso respecto a la necesidad de mejorar la formación de los jueces y el refuerzo de un protocolo para la primera declaración, las juristas reconocen diferencias en cuanto a otro debate: el de la prueba preconstituida. Esta herramienta permite que el primer testimonio en sede judicial sea grabado para que sirva posteriormente en el juicio.

Actualmente, la mujer que realiza la declaración en un primer momento tiene que volverla a hacer en el acto del juicio oral. "En el camino muchas mujeres no continúan con su declaración, por presiones, por cansancio o porque supone una revictimización", relata Gonzalo. Según datos del CGPJ, una media de 1.400 víctimas de maltrato se acogen a la dispensa de la obligación a declarar. Durante el primer trimestre del año fueron un total de 4.231 (el 11,18% del total) y durante el segundo, 4.426 (11%). El balance anual de 2017 fue de 16.464, un 10,41%.

Altamira Gonzalo cree, por tanto, necesario blindar la prueba preconstituida para las víctimas de violencia machista. La idea es permitir "que esa primera declaración hecha en determinadas condiciones, sirva como prueba preconstituida para el juicio oral". Con ella coincide Marisa Fernández. La jueza reclama un protocolo "parecido al de los abusos sexuales a menores, no sólo en la forma de abordar la declaración, sino también concibiéndola como prueba preconstituida".

Carla Vallejo, por el contrario, se muestra cauta. "Hay que tener en cuenta que es una diligencia excepcional y se prevé solamente en aquellos casos en los que existe imposibilidad de acudir al juicio", explica. Dicha imposibilidad, sin embargo, "no es sólo física", y por eso tiende a ser empleada en el caso de los menores. "Puede ser una imposibilidad en cuanto a la afectación o al riesgo de victimización secundaria", señala.

Vallejo entiende que la figura se utilice "en aquellos casos en los que, por la gravedad de los hechos, se pueda valorar que existe un riesgo de afectación psicológica importante", pero reitera que se trata de "un recurso que hay que utilizar con cierta prudencia". El motivo, continúa, es que "al final el tribunal que va a decidir si condena o absuelve no tendrá la posibilidad de intervenir directamente, de hacer preguntas nuevas o repreguntar". La ley, por tanto, "lo permite, pero es importante tener en cuenta el carácter excepcional" de la herramienta. El uso de la prueba preconstituida, no obstante, es sólo una parte del debate sobre cómo abordar la declaración de las víctimas. Será el CGPJ quien ahora recoja el guante y decida cómo resolverlo.

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